Tras unos meses de tensas negociaciones, el Gobierno ha cedido a las pretensiones de las aseguradoras que proporcionan a los funcionarios la posibilidad de ser atendidos en clínicas de la medicina privada. Disfrutan de ese privilegio desde antiguo y se consolidó con la democracia, cuando se creó Muface en 1975, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un organismo público, dependiente en la actualidad del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que absorbió el mutualismo administrativo creado en el franquismo, cuando la Seguridad Social no era universal, cosa que se consiguió en 1989.
Además de las prestaciones sanitarias, Muface gestiona el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, el mayor plan de pensiones de empleo de Europa. No es un gestor cualquiera, pero Muface se ha doblegado ante las aseguradoras.
Pero no todos los funcionarios pertenecen a Muface. Los funcionarios de Defensa y de Justicia disponen de sus propias mutualidades, con similar régimen. Un régimen, financiado con dinero público, que permite a sus beneficiarios elegir que las prestaciones sanitarias puedan recibirlas bien a través de su mutualidad, bien por el Sistema Público de Salud.
Todo un privilegio exclusivo que disfrutan 1,5 millones de profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, entre los 2.968.522 servidores públicos que hay en España. Un privilegio al que el resto de trabajadores (sean empleados públicos o privados) y, por supuesto, los ciudadanos en general no tienen derecho, aunque paguen los mismos impuestos.
La realidad es que, incomprensiblemente, el modelo Muface privilegia a unos trabajadores públicos frente al resto de trabajadores, en función de unos derechos bastante discutibles y, en todo caso, inaceptables, puesto que genera inequidad a la hora de ejercer el derecho a la Salud. Máxime si unos pocos utilizan la opción concertada para patologías menores y, para las graves y complejas, recurren a la sanidad pública, que debería ser la única financiada con fondos públicos.
Por lo que sea, el Gobierno ha cedido a las pretensiones de las aseguradoras, como Adeslas, DKV o Asisa (que atienden a más del 80 por ciento de los funcionarios que optan por la sanidad privada), aumentar en un 41,2 por ciento la prima que cobran por prestar asistencia sanitaria privada a los funcionarios con cargo al erario, cuyo montante anual ronda los 1.500 millones de euros.
En un pulso inédito, el Gobierno había ofrecido en una primera licitación una subida del 17 por ciento que las aseguradoras dejaron desierta porque, a su juicio, no cubría el déficit que venían arrastrando, a pesar de lo cual declaran cada año pingues beneficios.
Ante el plante, el Ejecutivo ofreció entonces una subida del 33,5 por ciento que tampoco fue aceptada. Hasta que finalmente se logró el acuerdo gracias a un incremento de la prima del 41,2 por ciento. Un "esfuerzo" económico que los funcionarios beneficiados han valorado positivamente, como cabía esperar, ya que les permite seguir disfrutando de un derecho privilegiado a la Salud durante los próximos tres años y no tener que engrosar las listas de espera de la sanidad pública, como objetaban.
El Gobierno arguye, por su parte, que ha garantizado la atención a los 1,5 millones de funcionarios y sus familias a través de la sanidad concertada. Lo que ni unos ni otros destacan es que con los recursos que se invierten en la sanidad concertada podrían aliviarse buena parte de los problemas que aquejan a la sanidad pública.
De hecho, el Ministerio de Sanidad –ajeno en estas negociaciones– defendía en un informe que era "viable y razonable" absorber la asistencia sanitaria de esos funcionarios por la sanidad pública. Porque con un incremento del 40 por ciento del presupuesto en Sanidad podrían construirse más hospitales, contratar más médicos y reducir las listas de espera.
Pero, al parecer, han prevalecido los intereses particulares de las aseguradoras por encima del interés general de los ciudadanos, del mismo modo que se mantiene, también incomprensiblemente, la educación concertada en detrimento de la pública.
Y es que, con el sistema de concertación de servicios, el Gobierno practica dejación de funciones en beneficio del sector privado, cuya máxima preocupación, como empresa, es la cuenta de resultados, como ha quedado meridianamente claro con estas estas negociaciones de Muface.
Se perpetúa, así, la anomalía de financiar con fondos públicos el disfrute de privilegios por parte de una minoría selecta de ciudadanos, lo que genera desigualdad e ineficiencia para ejercer derechos básicos, como la Salud y la Educación, pilares del Estado del Bienestar.
El acuerdo de Muface satisfará a sus privilegiados beneficiarios, pero entristecerá al resto de la población, aquella que no es atendida en clínicas privadas con cargo al Estado. Un acuerdo que llega, precisamente, cuando mayor es el ataque dirigido contra la sanidad pública por parte de gobiernos autonómicos conservadores, empeñados en deteriorarla para obligar a sus usuarios a preferir la asistencia privada.
Es triste constatar que, si ni siquiera el Gobierno central –presuntamente progresista–, prioriza la sanidad pública, difícilmente se podrá proporcionar la mejor cobertura sanitaria posible, de manera universal y gratuita, a toda la población, sin demoras ni carencias. Y sin privilegios.
Además de las prestaciones sanitarias, Muface gestiona el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, el mayor plan de pensiones de empleo de Europa. No es un gestor cualquiera, pero Muface se ha doblegado ante las aseguradoras.
Pero no todos los funcionarios pertenecen a Muface. Los funcionarios de Defensa y de Justicia disponen de sus propias mutualidades, con similar régimen. Un régimen, financiado con dinero público, que permite a sus beneficiarios elegir que las prestaciones sanitarias puedan recibirlas bien a través de su mutualidad, bien por el Sistema Público de Salud.
Todo un privilegio exclusivo que disfrutan 1,5 millones de profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, entre los 2.968.522 servidores públicos que hay en España. Un privilegio al que el resto de trabajadores (sean empleados públicos o privados) y, por supuesto, los ciudadanos en general no tienen derecho, aunque paguen los mismos impuestos.
La realidad es que, incomprensiblemente, el modelo Muface privilegia a unos trabajadores públicos frente al resto de trabajadores, en función de unos derechos bastante discutibles y, en todo caso, inaceptables, puesto que genera inequidad a la hora de ejercer el derecho a la Salud. Máxime si unos pocos utilizan la opción concertada para patologías menores y, para las graves y complejas, recurren a la sanidad pública, que debería ser la única financiada con fondos públicos.
Por lo que sea, el Gobierno ha cedido a las pretensiones de las aseguradoras, como Adeslas, DKV o Asisa (que atienden a más del 80 por ciento de los funcionarios que optan por la sanidad privada), aumentar en un 41,2 por ciento la prima que cobran por prestar asistencia sanitaria privada a los funcionarios con cargo al erario, cuyo montante anual ronda los 1.500 millones de euros.
En un pulso inédito, el Gobierno había ofrecido en una primera licitación una subida del 17 por ciento que las aseguradoras dejaron desierta porque, a su juicio, no cubría el déficit que venían arrastrando, a pesar de lo cual declaran cada año pingues beneficios.
Ante el plante, el Ejecutivo ofreció entonces una subida del 33,5 por ciento que tampoco fue aceptada. Hasta que finalmente se logró el acuerdo gracias a un incremento de la prima del 41,2 por ciento. Un "esfuerzo" económico que los funcionarios beneficiados han valorado positivamente, como cabía esperar, ya que les permite seguir disfrutando de un derecho privilegiado a la Salud durante los próximos tres años y no tener que engrosar las listas de espera de la sanidad pública, como objetaban.
El Gobierno arguye, por su parte, que ha garantizado la atención a los 1,5 millones de funcionarios y sus familias a través de la sanidad concertada. Lo que ni unos ni otros destacan es que con los recursos que se invierten en la sanidad concertada podrían aliviarse buena parte de los problemas que aquejan a la sanidad pública.
De hecho, el Ministerio de Sanidad –ajeno en estas negociaciones– defendía en un informe que era "viable y razonable" absorber la asistencia sanitaria de esos funcionarios por la sanidad pública. Porque con un incremento del 40 por ciento del presupuesto en Sanidad podrían construirse más hospitales, contratar más médicos y reducir las listas de espera.
Pero, al parecer, han prevalecido los intereses particulares de las aseguradoras por encima del interés general de los ciudadanos, del mismo modo que se mantiene, también incomprensiblemente, la educación concertada en detrimento de la pública.
Y es que, con el sistema de concertación de servicios, el Gobierno practica dejación de funciones en beneficio del sector privado, cuya máxima preocupación, como empresa, es la cuenta de resultados, como ha quedado meridianamente claro con estas estas negociaciones de Muface.
Se perpetúa, así, la anomalía de financiar con fondos públicos el disfrute de privilegios por parte de una minoría selecta de ciudadanos, lo que genera desigualdad e ineficiencia para ejercer derechos básicos, como la Salud y la Educación, pilares del Estado del Bienestar.
El acuerdo de Muface satisfará a sus privilegiados beneficiarios, pero entristecerá al resto de la población, aquella que no es atendida en clínicas privadas con cargo al Estado. Un acuerdo que llega, precisamente, cuando mayor es el ataque dirigido contra la sanidad pública por parte de gobiernos autonómicos conservadores, empeñados en deteriorarla para obligar a sus usuarios a preferir la asistencia privada.
Es triste constatar que, si ni siquiera el Gobierno central –presuntamente progresista–, prioriza la sanidad pública, difícilmente se podrá proporcionar la mejor cobertura sanitaria posible, de manera universal y gratuita, a toda la población, sin demoras ni carencias. Y sin privilegios.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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