Cuando Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, presentó y ganó aquella moción de censura al Gobierno conservador de Mariano Rajoy, en 2018, que lo convertiría en el séptimo presidente del Gobierno de España de la democracia, jamás se imaginó que su mandato tuviera que afrontar no solo el rechazo visceral, por las buenas o por las malas, de la derecha política, mediática y judicial, sino también las adversidades de la geopolítica internacional y hasta los embates de las fuerzas de la naturaleza.
Han sido tantos los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente en estos seis años en La Moncloa que, si no conociéramos su capacidad de resiliencia, podría pensarse que, al contrario de lo que se atribuye a Felipe II cuando supo de la derrota de la Armada Invencible, Sánchez sí está dispuesto a luchar, incluso, contra los elementos.
La oposición parlamentaria al Gobierno de izquierdas, durante estas legislaturas, siempre ha estado encarnada por los partidos de la derecha, tanto por el Partido Popular como por Vox. Y ese frente de las derechas nunca ha aceptado que el líder socialista accediera al Gobierno gracias a la primera moción de censura que ha tenido éxito en nuestra democracia; pero tampoco que consiguiera mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020 y 2023, conformando, por primera vez en la historia reciente, gobiernos de coalición, primero con Podemos y, después, con Sumar, a pesar de que el PSOE no fuera el partido más votado, pero sí el que reuniera la mayoría parlamentaria necesaria para investir a su candidato.
Desde el primer día como gobernante, Sánchez ha sido objeto de la virulencia verbal de esa oposición de derechas que aprovecha un día sí y otro también para descalificar y desprestigiar su Gobierno. Pablo Casado, en aquel entonces líder del PP, inauguró durante el pleno de investidura de 2020 la andanada de descalificaciones, tildando a Sánchez de “sociópata” y “presidente fake”.
Pero ya antes, en un acto de partido en 2019, se había explayado contra el socialista, acusándolo de “traidor”, “felón”, “mentiroso compulsivo”, “okupa”, “ilegítimo” y otras lindezas por el estilo. Unos ataques que continuaron durante todo su mandato, tanto en el Congreso como en la calle y en los medios afines.
En 2023, Pedro Sánchez volvería a ser investido presidente, frustrando todas las apuestas que daban por vencedor de esas elecciones al PP liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo. Acabaría consiguiendo 179 votos a favor, 12 más que en 2020, gracias a los acuerdos de investidura que lograría cerrar con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, con todos los partidos del arco parlamentario, excepto las formaciones de la derecha, que arreciaron su campaña de acoso y derribo contra el nuevo Ejecutivo socialista, ahora coaligado con Sumar.
Las protestas en la calle se multiplicaron y se volvieron más violentas, organizando concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, que duraron varias semanas, y celebrando rezos públicos del rosario por la unidad nacional de España.
Allí estaban grupos ultras, como Falange, Democracia Nacional, Bastión Frontal o Desokupa, entre otros, en un intento común por desatar el caos con los enfrentamientos con la Policía en esas protestas, a las que también asistían representantes del PP y Vox. Estos últimos, por su parte, convocaban mítines periódicos por todo el país para denunciar que España vivía un “cambio de régimen” que transita hacia una “dictadura” por culpa de un presidente de Gobierno “ilegítimo”.
Paralelamente, esa derecha incapaz de asumir el resultado de las urnas también ha recurrido a deslegitimar al Gobierno mediante acusaciones sin pruebas de presuntos delitos de corrupción que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.
Y, otra vez, son grupos o asociaciones de extrema derecha los que presentan denuncias en los juzgados, basadas en declaraciones anónimas o recortes de prensa, para que jueces de conocida tendencia ideológica acepten abrir investigaciones que se alargan y amplían prospectivamente de manera injustificada. El objetivo declarado es abrir tantos frentes como sean posibles contra un Gobierno que la derecha en su conjunto considera ilegítimo y quiere derribar.
Todas estas maniobras son, no obstante, batallas políticas que el presidente Sánchez esperaba por parte de la oposición y que ha sabido o podido capear con más o menos fortuna y habilidad. Sólo en un momento de debilidad tuvo dudas de qué hacer y fue cuando acusaron a su esposa de ilícitos penales de los que ni la propia Guardia Civil hallaba indicios. Tal golpe lo llevaría a tomarse cinco días para reflexionar sobre si valdría la pena someter a su familia a tal acoso por continuar con su deber como presidente de Gobierno. Y a punto estuvo de tirar la toalla.
Sin embargo, lo que no se esperaba ni por asomo era esa concatenación de elementos naturales y de acciones geopolíticas internacionales que le han obligado a adoptar decisiones sin precedentes e imprevisibles. Y es que hasta las fuerzas de la naturaleza parecieron ponerse de acuerdo para no facilitarle la tarea de gobernar un país de intereses tan enfrentados como España.
Ya que, cuando no es una pandemia como nunca vista que motivó el confinamiento temporal de la población, es una borrasca, bautizada Filomena, que cubría de nieve medio país y bloqueaba carreteras, o la erupción violenta y activa durante meses de un volcán que escupió cenizas sobre gran parte de una isla en Canarias.
Y, ahora, una DANA que provoca lluvias torrenciales que inundan el Levante valenciano, causando enormes daños materiales y centenares de muertos. En suma, una catástrofe natural cada dos años que ha obligado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias que, en ocasiones, rozaban la ilegalidad en función del marco jurídico en que se encuadraban.
Pero es que, por si fuera poco todo lo anterior, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha tenido que sortear, además, las consecuencias económicas y políticas de la guerra de Rusia en Ucrania, una agresión intolerable contra la soberanía e independencia de un Estado que aspira ser miembro de la Unión Europea.
Los problemas energéticos y comerciales derivados de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EE UU y Europa han hecho tambalear las cifras macroeconómicas del Gobierno, incrementando en exceso la inflación y los precios de carburantes y alimentos hasta cotas intolerables. Tanto subieron que se habilitaron subvenciones a la gasolina y se rebajaron, y en algunos productos se anularon, los impuestos (IVA) a los alimentos de primera necesidad y al consumo de electricidad en los hogares.
Además, el Ejecutivo, en coherencia con las resoluciones de la ONU, ha confirmado la posición de España sobre el conflicto palestino-israelí, precisamente cuando Israel comete, a la vista de todo el mundo, la mayor masacre jamás perpetrada, un auténtico genocidio, contra los habitantes de la Franja de Gaza, donde han muertos más de 43.00 palestinos, niños y mujeres en su mayor parte.
Una guerra que Israel extiende a Cisjordania y hasta al sur de Líbano e Irán, en respuesta al ataque terrorista de las milicias palestinas de Hamás de octubre de 2023, que causaron 1.200 israelíes asesinados y otros 250 secuestrados.
Pero esa defensa de la legalidad internacional enarbolada por el Gobierno de Sánchez le ha acarreado la ojeriza del primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, que entiende que tal posicionamiento favorece a los terroristas de Hamás y afecta negativamente al derecho a la legítima defensa del país sionista.
Claro que, por el mismo motivo, Israel también acusa a la propia ONU de ponerse del lado de los terroristas y, en consecuencia, expulsa de aquel territorio a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos a sobrevivir a las restricciones y las bombas.
Por lo que sea, en el Este de Europa y el Próximo Oriente se desatan dos guerras demasiado cercanas que enturbian las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y comerciales entre estados, como Ucrania e Israel pero también Rusia y la comunidad árabe que engloba a Palestina, con los que España mantiene vínculos insoslayables. Y que trastocan el delicado equilibrio de la globalización y el Derecho Internacional sobre el que descansa la interdependencia, la confianza y la integridad de los Estados soberanos del mundo.
Si todo esto no es luchar contra los elementos, se le parece bastante, por lo que no me extrañaría que Pedro Sánchez sueñe con la utopía de una Legislatura en la que se limite a propiciar medidas que favorezcan el avance social, cultural y económico del país, sin confrontación, sin polarización y sin más sustos de las fuerzas de la naturaleza.
Pero, desgraciadamente, me temo que ello no será posible, porque la derecha seguirá buscando por cualquier medio obstaculizar o, mejor aún, hacer caer al Gobierno, la naturaleza es impredecible y, para colmo, Trump vuelve con más bríos a las andadas. Vivimos tiempos difíciles. Sin duda.
Han sido tantos los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente en estos seis años en La Moncloa que, si no conociéramos su capacidad de resiliencia, podría pensarse que, al contrario de lo que se atribuye a Felipe II cuando supo de la derrota de la Armada Invencible, Sánchez sí está dispuesto a luchar, incluso, contra los elementos.
La oposición parlamentaria al Gobierno de izquierdas, durante estas legislaturas, siempre ha estado encarnada por los partidos de la derecha, tanto por el Partido Popular como por Vox. Y ese frente de las derechas nunca ha aceptado que el líder socialista accediera al Gobierno gracias a la primera moción de censura que ha tenido éxito en nuestra democracia; pero tampoco que consiguiera mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020 y 2023, conformando, por primera vez en la historia reciente, gobiernos de coalición, primero con Podemos y, después, con Sumar, a pesar de que el PSOE no fuera el partido más votado, pero sí el que reuniera la mayoría parlamentaria necesaria para investir a su candidato.
Desde el primer día como gobernante, Sánchez ha sido objeto de la virulencia verbal de esa oposición de derechas que aprovecha un día sí y otro también para descalificar y desprestigiar su Gobierno. Pablo Casado, en aquel entonces líder del PP, inauguró durante el pleno de investidura de 2020 la andanada de descalificaciones, tildando a Sánchez de “sociópata” y “presidente fake”.
Pero ya antes, en un acto de partido en 2019, se había explayado contra el socialista, acusándolo de “traidor”, “felón”, “mentiroso compulsivo”, “okupa”, “ilegítimo” y otras lindezas por el estilo. Unos ataques que continuaron durante todo su mandato, tanto en el Congreso como en la calle y en los medios afines.
En 2023, Pedro Sánchez volvería a ser investido presidente, frustrando todas las apuestas que daban por vencedor de esas elecciones al PP liderado ahora por Alberto Núñez Feijóo. Acabaría consiguiendo 179 votos a favor, 12 más que en 2020, gracias a los acuerdos de investidura que lograría cerrar con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, es decir, con todos los partidos del arco parlamentario, excepto las formaciones de la derecha, que arreciaron su campaña de acoso y derribo contra el nuevo Ejecutivo socialista, ahora coaligado con Sumar.
Las protestas en la calle se multiplicaron y se volvieron más violentas, organizando concentraciones diarias frente a la sede madrileña del PSOE, que duraron varias semanas, y celebrando rezos públicos del rosario por la unidad nacional de España.
Allí estaban grupos ultras, como Falange, Democracia Nacional, Bastión Frontal o Desokupa, entre otros, en un intento común por desatar el caos con los enfrentamientos con la Policía en esas protestas, a las que también asistían representantes del PP y Vox. Estos últimos, por su parte, convocaban mítines periódicos por todo el país para denunciar que España vivía un “cambio de régimen” que transita hacia una “dictadura” por culpa de un presidente de Gobierno “ilegítimo”.
Paralelamente, esa derecha incapaz de asumir el resultado de las urnas también ha recurrido a deslegitimar al Gobierno mediante acusaciones sin pruebas de presuntos delitos de corrupción que afectan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.
Y, otra vez, son grupos o asociaciones de extrema derecha los que presentan denuncias en los juzgados, basadas en declaraciones anónimas o recortes de prensa, para que jueces de conocida tendencia ideológica acepten abrir investigaciones que se alargan y amplían prospectivamente de manera injustificada. El objetivo declarado es abrir tantos frentes como sean posibles contra un Gobierno que la derecha en su conjunto considera ilegítimo y quiere derribar.
Todas estas maniobras son, no obstante, batallas políticas que el presidente Sánchez esperaba por parte de la oposición y que ha sabido o podido capear con más o menos fortuna y habilidad. Sólo en un momento de debilidad tuvo dudas de qué hacer y fue cuando acusaron a su esposa de ilícitos penales de los que ni la propia Guardia Civil hallaba indicios. Tal golpe lo llevaría a tomarse cinco días para reflexionar sobre si valdría la pena someter a su familia a tal acoso por continuar con su deber como presidente de Gobierno. Y a punto estuvo de tirar la toalla.
Sin embargo, lo que no se esperaba ni por asomo era esa concatenación de elementos naturales y de acciones geopolíticas internacionales que le han obligado a adoptar decisiones sin precedentes e imprevisibles. Y es que hasta las fuerzas de la naturaleza parecieron ponerse de acuerdo para no facilitarle la tarea de gobernar un país de intereses tan enfrentados como España.
Ya que, cuando no es una pandemia como nunca vista que motivó el confinamiento temporal de la población, es una borrasca, bautizada Filomena, que cubría de nieve medio país y bloqueaba carreteras, o la erupción violenta y activa durante meses de un volcán que escupió cenizas sobre gran parte de una isla en Canarias.
Y, ahora, una DANA que provoca lluvias torrenciales que inundan el Levante valenciano, causando enormes daños materiales y centenares de muertos. En suma, una catástrofe natural cada dos años que ha obligado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias que, en ocasiones, rozaban la ilegalidad en función del marco jurídico en que se encuadraban.
Pero es que, por si fuera poco todo lo anterior, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha tenido que sortear, además, las consecuencias económicas y políticas de la guerra de Rusia en Ucrania, una agresión intolerable contra la soberanía e independencia de un Estado que aspira ser miembro de la Unión Europea.
Los problemas energéticos y comerciales derivados de las sanciones impuestas a Rusia por parte de EE UU y Europa han hecho tambalear las cifras macroeconómicas del Gobierno, incrementando en exceso la inflación y los precios de carburantes y alimentos hasta cotas intolerables. Tanto subieron que se habilitaron subvenciones a la gasolina y se rebajaron, y en algunos productos se anularon, los impuestos (IVA) a los alimentos de primera necesidad y al consumo de electricidad en los hogares.
Además, el Ejecutivo, en coherencia con las resoluciones de la ONU, ha confirmado la posición de España sobre el conflicto palestino-israelí, precisamente cuando Israel comete, a la vista de todo el mundo, la mayor masacre jamás perpetrada, un auténtico genocidio, contra los habitantes de la Franja de Gaza, donde han muertos más de 43.00 palestinos, niños y mujeres en su mayor parte.
Una guerra que Israel extiende a Cisjordania y hasta al sur de Líbano e Irán, en respuesta al ataque terrorista de las milicias palestinas de Hamás de octubre de 2023, que causaron 1.200 israelíes asesinados y otros 250 secuestrados.
Pero esa defensa de la legalidad internacional enarbolada por el Gobierno de Sánchez le ha acarreado la ojeriza del primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, que entiende que tal posicionamiento favorece a los terroristas de Hamás y afecta negativamente al derecho a la legítima defensa del país sionista.
Claro que, por el mismo motivo, Israel también acusa a la propia ONU de ponerse del lado de los terroristas y, en consecuencia, expulsa de aquel territorio a la agencia de la ONU que ayuda a los palestinos a sobrevivir a las restricciones y las bombas.
Por lo que sea, en el Este de Europa y el Próximo Oriente se desatan dos guerras demasiado cercanas que enturbian las relaciones diplomáticas, económicas, culturales y comerciales entre estados, como Ucrania e Israel pero también Rusia y la comunidad árabe que engloba a Palestina, con los que España mantiene vínculos insoslayables. Y que trastocan el delicado equilibrio de la globalización y el Derecho Internacional sobre el que descansa la interdependencia, la confianza y la integridad de los Estados soberanos del mundo.
Si todo esto no es luchar contra los elementos, se le parece bastante, por lo que no me extrañaría que Pedro Sánchez sueñe con la utopía de una Legislatura en la que se limite a propiciar medidas que favorezcan el avance social, cultural y económico del país, sin confrontación, sin polarización y sin más sustos de las fuerzas de la naturaleza.
Pero, desgraciadamente, me temo que ello no será posible, porque la derecha seguirá buscando por cualquier medio obstaculizar o, mejor aún, hacer caer al Gobierno, la naturaleza es impredecible y, para colmo, Trump vuelve con más bríos a las andadas. Vivimos tiempos difíciles. Sin duda.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA
FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE DEFENSA
