Tras una dura semana que tuvimos que soportar por culpa de una extrema derecha que actuaba a su antojo a escala mundial, desde Corea del Norte –con la reunión de Putin y Kim Jong-un– a Madrid –con la condecoración de Milei por parte de Isabel Díaz Ayuso– y Ucrania –con ese acto de fuerza de un invasor al construir una línea férrea en el país invadido para unir Rusia y Crimea– hoy, en cambio, podemos celebrar, a pesar del enrarecido ambiente reinante desde hace años en nuestro país, que una brizna de sensatez se ha levantado y ha ayudado a diluir, aunque sea un poco, la atmósfera de molicie sectaria que nos estaba asfixiando.
Ha sido un fugaz soplo que ni los más optimistas esperaban, pero un soplo, al fin y al cabo, de sensatez y sentido común. Una brizna de cordura. Y es que, después de años de confrontación y enfrentamiento, los dos grandes partidos que estaban obligados a ello, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han conseguido llegar a un acuerdo para renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que llevaba caducado desde hace más de cinco años.
Ponen fin, así, a un período de excepcionalidad institucional, provocado por un obstinado obstruccionismo del PP, ofuscado en incumplir un mandato constitucional, que no solo corroía la calidad de nuestra democracia, sino que perjudicaba gravemente el normal funcionamiento de la Justicia.
Se resuelve, por tanto, la increíble anomalía, impropia de una democracia consolidada como la española, de dejar un órgano del Estado en situación de interinidad durante algo más de un lustro por intereses partidistas. Como era de esperar, a ninguno de los firmantes les satisface totalmente el acuerdo alcanzado, pero esa brizna de cordura les ha hecho entrar en razón y anteponer el interés del Estado al cálculo partidista.
Aunque sea después de que el Gobierno amenazara con modificar el sistema de elección del CGPJ y sus competencias si antes de julio no se conseguía la renovación, como exige la Constitución. O, tal vez, por el bochornoso espectáculo de Díaz Ayuso y Milei, que concedió al ultra argentino la Medalla Internacional de Madrid, dejando al PP en una posición comprometida para seguir presentando excusas para no respetar la Constitución y desacreditándolo ante Europa a la hora de exigir su mediación. Por lo que fuere, aunque tarde y finalmente avalado por la Comisión Europea, se ha conseguido el acuerdo. El CGPJ se va a renovar. Parece un milagro.
Y esa misma brizna de cordura parece que también ha propiciado el nombramiento de los encargados de dirigir las principales instituciones de la Unión Europea (UE) tras las últimas elecciones. Habida cuenta del avance obtenido por las fuerzas de ultraderecha en el continente –confirmado anoche en Francia–, existía el temor de que consiguieran forzar su acceso a los órganos de poder europeos, para proceder así a su demolición o, al menos, debilitamiento desde dentro.
Pero no. También allá, en Bruselas, sopló esa brizna de sentido común que posibilitó que los conservadores, socialdemócratas y liberales llegasen a un acuerdo, como siempre habían hecho, para repartirse equitativamente los cargos titulares de la Comisión Europea, el Consejo y del Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad, dejando de lado a los ultras, que se sintieron ignorados en las negociaciones.
Afortunadamente, la cordura había prevalecido para amortiguar el peligro real de que la ultraderecha infectase mortalmente esos órganos de gobierno de la UE y determinase la política comunitaria, como era su objetivo. Es decir, políticas de igualdad, respeto y protección del medio ambiente y de solidaridad que aborrecen y combaten los ultras.
Afortunadamente, se ha conjurado ese peligro, a pesar de los denodados esfuerzos de los líderes ultras de Italia y Hungría, los primeros ministros Meloni y Orbán, por aglutinar un grupo radical de extrema derecha que fuera determinante en esas y futuras negociaciones. Pero, de nuevo, un soplo de cordura también había corrido en el seno de las instituciones europeas y había producido el milagro. Otro milagro inesperado.
Y por último, ahora en Londres donde estaba recluido, acaba de ser liberado el preso que abochornaba a la Europa de las libertades y los derechos, tras pasar más de 14 años encerrado en una embajada y una cárcel: Julian Assange, el fundador y editor de Wikileaks.
¿Su delito? Publicar información relevante sobre corrupción en Islandia, escándalos bancarios en Suiza, escuchas ilegales a mandatarios y dirigentes de diversos países y hasta ejecuciones extrajudiciales en Kenia o delitos medioambientales en Costa de Marfil. Eran noticias veraces, pero ocultadas a la opinión pública.
Sin embargo, por nada de lo anterior era perseguido. Sino por publicar una información que desvelaba abusos cometidos por el Ejército de EE.UU y, especialmente, un vídeo de 2007 en el que un helicóptero norteamericano disparaba y mataba a once civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters.
Eran documentos fidedignos que comprometían el buen nombre de EE. UU. en sus actuaciones militares por el mundo. Y por eso, EE.UU. constituyó un jurado secreto para perseguir al creador de Wikileaks, al que acusó de espionaje. Sería la primera vez que condenarían con la ley de espionaje, tras más de 100 años de historia de esa ley, las actividades básicas del periodismo: informar.
Pero no resultaría extraño porque, ya antes, el Departamento de Justicia norteamericano había acusado a la fuente de Wikileaks en el Ejército de Estados Unidos, el analista Chelsea Mnning, por filtrar los documentos a Assange, condenándolo a 35 años de prisión, de los que cumplió solo unos pocos, gracias al indulto que le concedió el presidente Obama en 2017.
Si los crímenes de guerra, la corrupción o las acciones ilegales cometidas por gobiernos de toda índole contra enemigos o adversarios pero también contra socios y amigos, incluso contra sus propios ciudadanos, quedan protegidos y declarados secretos por leyes supuestamente de seguridad, ¿para qué sirve el periodismo? La persecución de Julian Assange significaba una persecución a la libertad de prensa, amenazada por razones de seguridad nacional.
En el aspecto personal, Assange ha recobrado, al fin, su libertad después de sufrir un calvario de 14 años en cautividad. EE.UU. ha retirado las órdenes de extradición y demás cargos penales, al conseguir que Assange se declarase culpable de un delito tipificado, precisamente, por la Ley de Espionaje.
Los fiscales lo condenaron a cinco años de cárcel, tiempo que ha cumplido de sobra en la prisión británica. De ahí que recobrara la libertad tras la sentencia. El precio pagado ha sido muy alto. Y solo una brizna de cordura ha impedido que continuara con sus huesos en la cárcel de por vida. Ha sido un milagro verlo regresar a su país natal.
Pero para la libertad de prensa y el derecho a la información la amenaza se mantiene. En este sentido, habrá que seguir esperando vientos más vigorosos que traigan cordura y sensatez a quienes desean e intentan despojarnos de nuestras libertades. Contra ellos no bastará con una brizna de cordura. Nos exigirá estar en permanente alerta para defender nuestros derechos, sin confiar en briznas milagrosas.
Ha sido un fugaz soplo que ni los más optimistas esperaban, pero un soplo, al fin y al cabo, de sensatez y sentido común. Una brizna de cordura. Y es que, después de años de confrontación y enfrentamiento, los dos grandes partidos que estaban obligados a ello, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han conseguido llegar a un acuerdo para renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, que llevaba caducado desde hace más de cinco años.
Ponen fin, así, a un período de excepcionalidad institucional, provocado por un obstinado obstruccionismo del PP, ofuscado en incumplir un mandato constitucional, que no solo corroía la calidad de nuestra democracia, sino que perjudicaba gravemente el normal funcionamiento de la Justicia.
Se resuelve, por tanto, la increíble anomalía, impropia de una democracia consolidada como la española, de dejar un órgano del Estado en situación de interinidad durante algo más de un lustro por intereses partidistas. Como era de esperar, a ninguno de los firmantes les satisface totalmente el acuerdo alcanzado, pero esa brizna de cordura les ha hecho entrar en razón y anteponer el interés del Estado al cálculo partidista.
Aunque sea después de que el Gobierno amenazara con modificar el sistema de elección del CGPJ y sus competencias si antes de julio no se conseguía la renovación, como exige la Constitución. O, tal vez, por el bochornoso espectáculo de Díaz Ayuso y Milei, que concedió al ultra argentino la Medalla Internacional de Madrid, dejando al PP en una posición comprometida para seguir presentando excusas para no respetar la Constitución y desacreditándolo ante Europa a la hora de exigir su mediación. Por lo que fuere, aunque tarde y finalmente avalado por la Comisión Europea, se ha conseguido el acuerdo. El CGPJ se va a renovar. Parece un milagro.
Y esa misma brizna de cordura parece que también ha propiciado el nombramiento de los encargados de dirigir las principales instituciones de la Unión Europea (UE) tras las últimas elecciones. Habida cuenta del avance obtenido por las fuerzas de ultraderecha en el continente –confirmado anoche en Francia–, existía el temor de que consiguieran forzar su acceso a los órganos de poder europeos, para proceder así a su demolición o, al menos, debilitamiento desde dentro.
Pero no. También allá, en Bruselas, sopló esa brizna de sentido común que posibilitó que los conservadores, socialdemócratas y liberales llegasen a un acuerdo, como siempre habían hecho, para repartirse equitativamente los cargos titulares de la Comisión Europea, el Consejo y del Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad, dejando de lado a los ultras, que se sintieron ignorados en las negociaciones.
Afortunadamente, la cordura había prevalecido para amortiguar el peligro real de que la ultraderecha infectase mortalmente esos órganos de gobierno de la UE y determinase la política comunitaria, como era su objetivo. Es decir, políticas de igualdad, respeto y protección del medio ambiente y de solidaridad que aborrecen y combaten los ultras.
Afortunadamente, se ha conjurado ese peligro, a pesar de los denodados esfuerzos de los líderes ultras de Italia y Hungría, los primeros ministros Meloni y Orbán, por aglutinar un grupo radical de extrema derecha que fuera determinante en esas y futuras negociaciones. Pero, de nuevo, un soplo de cordura también había corrido en el seno de las instituciones europeas y había producido el milagro. Otro milagro inesperado.
Y por último, ahora en Londres donde estaba recluido, acaba de ser liberado el preso que abochornaba a la Europa de las libertades y los derechos, tras pasar más de 14 años encerrado en una embajada y una cárcel: Julian Assange, el fundador y editor de Wikileaks.
¿Su delito? Publicar información relevante sobre corrupción en Islandia, escándalos bancarios en Suiza, escuchas ilegales a mandatarios y dirigentes de diversos países y hasta ejecuciones extrajudiciales en Kenia o delitos medioambientales en Costa de Marfil. Eran noticias veraces, pero ocultadas a la opinión pública.
Sin embargo, por nada de lo anterior era perseguido. Sino por publicar una información que desvelaba abusos cometidos por el Ejército de EE.UU y, especialmente, un vídeo de 2007 en el que un helicóptero norteamericano disparaba y mataba a once civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters.
Eran documentos fidedignos que comprometían el buen nombre de EE. UU. en sus actuaciones militares por el mundo. Y por eso, EE.UU. constituyó un jurado secreto para perseguir al creador de Wikileaks, al que acusó de espionaje. Sería la primera vez que condenarían con la ley de espionaje, tras más de 100 años de historia de esa ley, las actividades básicas del periodismo: informar.
Pero no resultaría extraño porque, ya antes, el Departamento de Justicia norteamericano había acusado a la fuente de Wikileaks en el Ejército de Estados Unidos, el analista Chelsea Mnning, por filtrar los documentos a Assange, condenándolo a 35 años de prisión, de los que cumplió solo unos pocos, gracias al indulto que le concedió el presidente Obama en 2017.
Si los crímenes de guerra, la corrupción o las acciones ilegales cometidas por gobiernos de toda índole contra enemigos o adversarios pero también contra socios y amigos, incluso contra sus propios ciudadanos, quedan protegidos y declarados secretos por leyes supuestamente de seguridad, ¿para qué sirve el periodismo? La persecución de Julian Assange significaba una persecución a la libertad de prensa, amenazada por razones de seguridad nacional.
En el aspecto personal, Assange ha recobrado, al fin, su libertad después de sufrir un calvario de 14 años en cautividad. EE.UU. ha retirado las órdenes de extradición y demás cargos penales, al conseguir que Assange se declarase culpable de un delito tipificado, precisamente, por la Ley de Espionaje.
Los fiscales lo condenaron a cinco años de cárcel, tiempo que ha cumplido de sobra en la prisión británica. De ahí que recobrara la libertad tras la sentencia. El precio pagado ha sido muy alto. Y solo una brizna de cordura ha impedido que continuara con sus huesos en la cárcel de por vida. Ha sido un milagro verlo regresar a su país natal.
Pero para la libertad de prensa y el derecho a la información la amenaza se mantiene. En este sentido, habrá que seguir esperando vientos más vigorosos que traigan cordura y sensatez a quienes desean e intentan despojarnos de nuestras libertades. Contra ellos no bastará con una brizna de cordura. Nos exigirá estar en permanente alerta para defender nuestros derechos, sin confiar en briznas milagrosas.
DANIEL GUERRERO
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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