Agrega y vencerás, dispersa y divide y lograrás imponerte. El arte de la guerra, probablemente, es uno de los libros más vendidos en Amazon y estamos convencidos de que es el texto de cabecera de los GAFAM –el acrónimo que se refiere a las cinco grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft– a juzgar por cómo anda la industria periodística en Europa.
La extensión del servicio Google News Showcase en nuestro espacio comunicacional da cuenta de un proyecto, el comunitario, claramente a la deriva, para el que no han faltado los colaboracionistas empeñados en asumir una posición de subalternidad.
Es el caso de grupos regionales de prensa, como Joly, prestos a facilitar el proyecto de dominio americano del flujo y circulación de información. Un error que nos puede costar caro, como la guerra de Ucrania, pues el principio de selección, la opacidad del algoritmo, no es solo un problema de transparencia. Ni siquiera de equilibrio en la estructura de comando informacional.
Estamos, básicamente, ante un dilema económico y político, una decisión que no solo perjudica nuestra industria sino que favorece la lógica concentracionista con la que marginar a medios incómodos, además de convertir las cabeceras europeas en meras franquicias para el agregador. Una suerte de maquilas de la información.
Pero estas razones no han pesado mucho en la decisión final. Tanto la Asociación de Medios de Información (AMI), con Vocento y Unidad Editorial a la cabeza, favorable a una negociación colectiva de derechos, vía CEDRO, como el Club Abierto de Editores (CLABE), hace tiempo que se han rendido al imperio Google.
La división, como consecuencia, entre los editores europeos se va a traducir en la dependencia informativa de España y la UE del coloso americano. La historia se repite, pues, como farsa, antaño con CNN + y hoy con la prensa digital.
En la historia de la comunicación conocemos bien este tipo de maniobras y el resultado final, con las nefastas consecuencias que sufrimos a diario, ya sea en la primera Guerra del Golfo Pérsico o, actualmente, en la guerra de Ucrania.
Hace unos días celebramos los Goya en Sevilla y deberíamos pensar si, de verdad, valoramos nuestro cine, si realmente la Comisión Europea apuesta por la autonomía cultural y la soberanía tecnológica cuando, año tras año, nuestra industria, pese a la Política Audiovisual o el programa Media que hace posible que cine andaluz como Módulo 77 se vea en las pantallas, va perdiendo cuota de pantalla y posiciones ante el arrollador dominio del oligopolio estadounidense.
Ya no están con nosotros los Bertolucci y Godard que inspiraron a las autoridades comunitarias la iniciativa de una política pública para intervenir el mercado audiovisual. Y los retrocesos de la política de comunicación de Bruselas son más que notorios en las dos últimas décadas, mutando de la Directiva sin Fronteras a un brindis al sol contrario a materializar cualquier cambio –por leve que sea– de la estructura de dependencia a la que estamos sometidos.
Resulta, por lo mismo, cuando menos triste observar un panorama desolador en el que empresas como el Grupo Joly y el aragonés Henneo van a pasar a la historia como el caballo de Troya que contribuyó al aterrizaje del imperio de Silicon Valley en nuestro espacio comunicacional. Más que nada porque la operación nos va a salir cara a todos.
Pero la Comisión Europea no ha aprendido la lección. Al imperio Google no se le para con sanciones de 500 millones de euros como en Francia, sino con medidas que avancen en nuestra autonomía. El nuevo Estatuto de Andalucía abunda en esta demanda, pensando en medios y mediaciones propias, de proximidad, pero más de una década después nos siguen contando nuestra realidad desde Madrid o Barcelona cuando no desde Los Ángeles.
Mucho nos tememos que, como en tiempos de falta de cobertura de la radiotelevisión en mi pueblo de Gobernador –la "zona de sombra" en jerga de ingenieros–, termine siendo hoy un tiempo de silencio, un apagón informativo o de tinieblas, un tiempo, en fin, marcado por el imperio Google y el algoritarismo como nueva forma tecnofeudal de restauración conservadora.
Y mira que la Unión Europea (UE) debiera haber escarmentado tras el Brexit, inmerso como está en un proceso de descomposición penoso. Pero parece que prevalece en los eurócratas la pulsión de muerte y la confianza en los enterradores y lobbys rentistas, como la Asociación de Medios de Información (AMI), una entidad tan poco fiable como OK Diario o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), frente patronal del matonismo que amenaza la libertad de expresión, confundida con la libertad de empresa.
Estos días, por cierto, desde la SIP volvían a reclamar ayudas del Estado. Lo paradójico es que, en su última campaña, afirman su voluntad de servicio público y compromiso con el periodismo y empiezan, he ahí la praxis, por despedir a personal o no contratar periodistas, pues consideran, bien lo sabe el editor de este medio en su calidad de decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, que la libertad de prensa pasa por su real voluntad empresarial de libre contratación, estén o no titulados quienes han de ejercer tan noble profesión.
Lógica posición cuando, para ellos, la noticia es solo un señuelo, un "reclamo", como dijo el primer estudioso de la prensa en Europa, que definió un periódico como un aviso publicitario rellenado con información para atraer audiencia.
Es normal que pongan el grito en el cielo cuando hay que regular la publicidad (pese a la lacra de la ludopatía, por ejemplo) o cuando los "roedores marxistas", como nos tildaban en Bruselas, proponemos una ley de publicidad institucional más transparente y ecuánime, evitando la lógica del fondo de reptiles en pleno siglo XXI, ya sea en la Comunidad de Madrid, con la liberticida Ayuso y sus arietes mediáticos a lo Inda, o en la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno tiene bien cubiertas las espaldas con el dinero de todos, regando regularmente los medios y los estómagos agradecidos.
En otras palabras, visto lo visto, conviene tomar muy en cuenta lo que está en juego con la agregación de diarios en la red en un contexto de eliminación sistemática de voces críticas. Y no hablamos solo de su eliminación simbólica en la guerra cultural de cero muertos.
En su trabajo Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar (Los Libros del Lince, Barcelona, 2010), Terry Gould ya advertía que más del 90 por ciento de los más de mil periodistas asesinados desde 1992 eran periodistas locales y, prácticamente la totalidad de los instigadores –en torno al 95 por ciento– ha evitado la cárcel.
Estamos, en fin, a merced de sociópatas que encarcelan o torturan a Julian Assange, que liquidan toda veleidad informativa en Colombia o procuran capturar toda voz en las cadenas, valga la ambivalencia de la expresión, hegemónicas, tal y como sucede en los propios Estados Unidos, más dados a comprar voluntades, por su origen esclavista, en modo monocultivo de la información gracias a las plantaciones de Silicon Valley.
Para tal labor cuentan con un ejército de predicadores, intelectuales orgánicos del capital, como Mario Vargas Llosa, que no paran de recordarnos que para tener derecho a la existencia y a prosperar los medios deben dar noticias y espectáculos –supongo que ello incluye también la vida de su pichula con Isabelita–; que necesitamos, dice, informaciones con color, con humor y atractivo suficiente para atraer el público, aunque sea mediante la ficción, como en la defensa de la democracia ahora que Pedro Castillo fue preso y el instinto plebeyo se manifiesta en Perú en demanda de derechos fundamentales. Todo en orden, en fin.
Los próceres de El País siempre a lo suyo, defendiendo la Ley Audiovisual como una norma para liberar las parrillas, lo que no es sino una contrarreforma y desregulación en menoscabo del derecho a la comunicación y en favor del duopolio, los anunciantes y los operadores transnacionales del capitalismo de plataformas.
Lo mismo de siempre: la flexiseguridad como garantía del capital contra lo común por medio de la autorregulación de lo que no es suyo, sino de todos, pero que nos venden sin gracia, y con todo lujo de detalles, mostrando el mundo al revés: los intereses creados como universales y los derechos comunes a la comunicación para todos como intereses especiales. No sé si es apropiado llamarles "casta", pero peligrosos AMI(gos) de la democracia sí que son.
La extensión del servicio Google News Showcase en nuestro espacio comunicacional da cuenta de un proyecto, el comunitario, claramente a la deriva, para el que no han faltado los colaboracionistas empeñados en asumir una posición de subalternidad.
Es el caso de grupos regionales de prensa, como Joly, prestos a facilitar el proyecto de dominio americano del flujo y circulación de información. Un error que nos puede costar caro, como la guerra de Ucrania, pues el principio de selección, la opacidad del algoritmo, no es solo un problema de transparencia. Ni siquiera de equilibrio en la estructura de comando informacional.
Estamos, básicamente, ante un dilema económico y político, una decisión que no solo perjudica nuestra industria sino que favorece la lógica concentracionista con la que marginar a medios incómodos, además de convertir las cabeceras europeas en meras franquicias para el agregador. Una suerte de maquilas de la información.
Pero estas razones no han pesado mucho en la decisión final. Tanto la Asociación de Medios de Información (AMI), con Vocento y Unidad Editorial a la cabeza, favorable a una negociación colectiva de derechos, vía CEDRO, como el Club Abierto de Editores (CLABE), hace tiempo que se han rendido al imperio Google.
La división, como consecuencia, entre los editores europeos se va a traducir en la dependencia informativa de España y la UE del coloso americano. La historia se repite, pues, como farsa, antaño con CNN + y hoy con la prensa digital.
En la historia de la comunicación conocemos bien este tipo de maniobras y el resultado final, con las nefastas consecuencias que sufrimos a diario, ya sea en la primera Guerra del Golfo Pérsico o, actualmente, en la guerra de Ucrania.
Hace unos días celebramos los Goya en Sevilla y deberíamos pensar si, de verdad, valoramos nuestro cine, si realmente la Comisión Europea apuesta por la autonomía cultural y la soberanía tecnológica cuando, año tras año, nuestra industria, pese a la Política Audiovisual o el programa Media que hace posible que cine andaluz como Módulo 77 se vea en las pantallas, va perdiendo cuota de pantalla y posiciones ante el arrollador dominio del oligopolio estadounidense.
Ya no están con nosotros los Bertolucci y Godard que inspiraron a las autoridades comunitarias la iniciativa de una política pública para intervenir el mercado audiovisual. Y los retrocesos de la política de comunicación de Bruselas son más que notorios en las dos últimas décadas, mutando de la Directiva sin Fronteras a un brindis al sol contrario a materializar cualquier cambio –por leve que sea– de la estructura de dependencia a la que estamos sometidos.
Resulta, por lo mismo, cuando menos triste observar un panorama desolador en el que empresas como el Grupo Joly y el aragonés Henneo van a pasar a la historia como el caballo de Troya que contribuyó al aterrizaje del imperio de Silicon Valley en nuestro espacio comunicacional. Más que nada porque la operación nos va a salir cara a todos.
Pero la Comisión Europea no ha aprendido la lección. Al imperio Google no se le para con sanciones de 500 millones de euros como en Francia, sino con medidas que avancen en nuestra autonomía. El nuevo Estatuto de Andalucía abunda en esta demanda, pensando en medios y mediaciones propias, de proximidad, pero más de una década después nos siguen contando nuestra realidad desde Madrid o Barcelona cuando no desde Los Ángeles.
Mucho nos tememos que, como en tiempos de falta de cobertura de la radiotelevisión en mi pueblo de Gobernador –la "zona de sombra" en jerga de ingenieros–, termine siendo hoy un tiempo de silencio, un apagón informativo o de tinieblas, un tiempo, en fin, marcado por el imperio Google y el algoritarismo como nueva forma tecnofeudal de restauración conservadora.
Y mira que la Unión Europea (UE) debiera haber escarmentado tras el Brexit, inmerso como está en un proceso de descomposición penoso. Pero parece que prevalece en los eurócratas la pulsión de muerte y la confianza en los enterradores y lobbys rentistas, como la Asociación de Medios de Información (AMI), una entidad tan poco fiable como OK Diario o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), frente patronal del matonismo que amenaza la libertad de expresión, confundida con la libertad de empresa.
Estos días, por cierto, desde la SIP volvían a reclamar ayudas del Estado. Lo paradójico es que, en su última campaña, afirman su voluntad de servicio público y compromiso con el periodismo y empiezan, he ahí la praxis, por despedir a personal o no contratar periodistas, pues consideran, bien lo sabe el editor de este medio en su calidad de decano del Colegio de Periodistas de Andalucía, que la libertad de prensa pasa por su real voluntad empresarial de libre contratación, estén o no titulados quienes han de ejercer tan noble profesión.
Lógica posición cuando, para ellos, la noticia es solo un señuelo, un "reclamo", como dijo el primer estudioso de la prensa en Europa, que definió un periódico como un aviso publicitario rellenado con información para atraer audiencia.
Es normal que pongan el grito en el cielo cuando hay que regular la publicidad (pese a la lacra de la ludopatía, por ejemplo) o cuando los "roedores marxistas", como nos tildaban en Bruselas, proponemos una ley de publicidad institucional más transparente y ecuánime, evitando la lógica del fondo de reptiles en pleno siglo XXI, ya sea en la Comunidad de Madrid, con la liberticida Ayuso y sus arietes mediáticos a lo Inda, o en la Junta de Andalucía, cuyo Gobierno tiene bien cubiertas las espaldas con el dinero de todos, regando regularmente los medios y los estómagos agradecidos.
En otras palabras, visto lo visto, conviene tomar muy en cuenta lo que está en juego con la agregación de diarios en la red en un contexto de eliminación sistemática de voces críticas. Y no hablamos solo de su eliminación simbólica en la guerra cultural de cero muertos.
En su trabajo Matar a un periodista. El peligroso oficio de informar (Los Libros del Lince, Barcelona, 2010), Terry Gould ya advertía que más del 90 por ciento de los más de mil periodistas asesinados desde 1992 eran periodistas locales y, prácticamente la totalidad de los instigadores –en torno al 95 por ciento– ha evitado la cárcel.
Estamos, en fin, a merced de sociópatas que encarcelan o torturan a Julian Assange, que liquidan toda veleidad informativa en Colombia o procuran capturar toda voz en las cadenas, valga la ambivalencia de la expresión, hegemónicas, tal y como sucede en los propios Estados Unidos, más dados a comprar voluntades, por su origen esclavista, en modo monocultivo de la información gracias a las plantaciones de Silicon Valley.
Para tal labor cuentan con un ejército de predicadores, intelectuales orgánicos del capital, como Mario Vargas Llosa, que no paran de recordarnos que para tener derecho a la existencia y a prosperar los medios deben dar noticias y espectáculos –supongo que ello incluye también la vida de su pichula con Isabelita–; que necesitamos, dice, informaciones con color, con humor y atractivo suficiente para atraer el público, aunque sea mediante la ficción, como en la defensa de la democracia ahora que Pedro Castillo fue preso y el instinto plebeyo se manifiesta en Perú en demanda de derechos fundamentales. Todo en orden, en fin.
Los próceres de El País siempre a lo suyo, defendiendo la Ley Audiovisual como una norma para liberar las parrillas, lo que no es sino una contrarreforma y desregulación en menoscabo del derecho a la comunicación y en favor del duopolio, los anunciantes y los operadores transnacionales del capitalismo de plataformas.
Lo mismo de siempre: la flexiseguridad como garantía del capital contra lo común por medio de la autorregulación de lo que no es suyo, sino de todos, pero que nos venden sin gracia, y con todo lujo de detalles, mostrando el mundo al revés: los intereses creados como universales y los derechos comunes a la comunicación para todos como intereses especiales. No sé si es apropiado llamarles "casta", pero peligrosos AMI(gos) de la democracia sí que son.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
