Junto a las estadísticas sobre las dispares –y a veces disparatadas– subidas de los sueldos de los políticos, deberíamos colocar de vez en cuando las pagas medias de los españoles y, sobre todo, las de algunos profesionales tan cualificados como son los médicos y el personal sanitario.
Acabo de leer en varios periódicos las cantidades que cobran los facultativos, tanto de la asistencia privada como de la pública, y no acabo de creerme que, por esas cantidades, se vean obligados a los esfuerzos permanentes que suponen tantas horas del día y de la noche entregados a unas tareas tan delicadas, a tensiones personales, a sacrificios familiares, a riesgos profesionales y, a veces, a las incomprensiones sociales que sus delicadas actividades comportan.
A mi juicio, sería saludable que, en el balance económico global de sus tareas –como en las de otras profesiones similares–, incluyéramos el gasto de tiempo, el consumo de energías físicas, los riesgos de contagios, la perturbación de la tranquilidad, el desequilibrio de la vida familiar, el sacrificio del descanso, la supresión de la lectura sosegada de los libros de sus respectivas especialidades, la dificultad para el disfrute de otros bienes culturales o, simplemente, la posibilidad de pasear por un parque o de dormir una prolongada siesta reparadora.
Podríamos añadir más datos que definen la riqueza alternativa que muchos de ellos se pierden y que, a mi juicio, es superior al patrimonio que medimos exclusivamente con los criterios convencionales de la economía.
No es, ni mucho menos, que, influido por la poderosa publicidad, considere que el dinero es la medida del bienestar; no es que llegue a la conclusión de que el nivel de prosperidad es el que marca el termómetro que evalúa los sueldos, pero he llegado a la conclusión de que los administradores de esta empresa que es nuestro país –también llamado “nación”– deberían compensar un poco mejor a los encargados de proteger, de cuidar y de recuperar nuestra salud y, por lo tanto, de alargar nuestras vidas.
Acabo de leer en varios periódicos las cantidades que cobran los facultativos, tanto de la asistencia privada como de la pública, y no acabo de creerme que, por esas cantidades, se vean obligados a los esfuerzos permanentes que suponen tantas horas del día y de la noche entregados a unas tareas tan delicadas, a tensiones personales, a sacrificios familiares, a riesgos profesionales y, a veces, a las incomprensiones sociales que sus delicadas actividades comportan.
A mi juicio, sería saludable que, en el balance económico global de sus tareas –como en las de otras profesiones similares–, incluyéramos el gasto de tiempo, el consumo de energías físicas, los riesgos de contagios, la perturbación de la tranquilidad, el desequilibrio de la vida familiar, el sacrificio del descanso, la supresión de la lectura sosegada de los libros de sus respectivas especialidades, la dificultad para el disfrute de otros bienes culturales o, simplemente, la posibilidad de pasear por un parque o de dormir una prolongada siesta reparadora.
Podríamos añadir más datos que definen la riqueza alternativa que muchos de ellos se pierden y que, a mi juicio, es superior al patrimonio que medimos exclusivamente con los criterios convencionales de la economía.
No es, ni mucho menos, que, influido por la poderosa publicidad, considere que el dinero es la medida del bienestar; no es que llegue a la conclusión de que el nivel de prosperidad es el que marca el termómetro que evalúa los sueldos, pero he llegado a la conclusión de que los administradores de esta empresa que es nuestro país –también llamado “nación”– deberían compensar un poco mejor a los encargados de proteger, de cuidar y de recuperar nuestra salud y, por lo tanto, de alargar nuestras vidas.
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO
