Con la digitalización y la institucionalización en todos los niveles de la cita previa, las listas de espera y las colas como norma, clientes y usuarios acceden a un calendario en la nube en el que puede verse la disponibilidad de horas y fechas para ser atendido.
Esto no ocurre, por ejemplo, en la inmensa mayoría de las consultas de la sanidad privada, que no están digitalizadas, y en las que la petición de una cita se hace por teléfono. Se le pregunta al paciente a qué compañía pertenece y se le da una cita con una demora mínima de una semana como media. Si el paciente no tiene aseguradora de salud –y, por lo tanto, es “de pago”– la cita es inmediata.
Cuando se llega a un restaurante y están todas las mesas ocupadas, se indica al que está dispuesto a esperar cuántos clientes tiene por delante para que decida si le compensa la espera o no. Es una lista transparente.
No ocurre lo mismo cuando una compañía eléctrica o una de telecomunicaciones se retrasa en la prestación o en la reparación de un servicio por exceso de demanda: la lista de espera es secreta, por lo que la empresa se puede permitir las arbitrariedades que quiera en la gestión de las demoras.
Los fabricantes de coches se quejan de la caída sostenida de las ventas, pero no hacen públicas las cifras de pedidos sin atender. Toyota España, como otras firmas del sector, exige una señal de 500 euros al comprador que encarga un vehículo y en el contrato no se compromete a ninguna fecha concreta, aunque verbalmente, el vendedor señala una fecha aproximada de entrega –que venía siendo de unos cinco meses de tardanza–. La lista de espera es secreta y, por lo tanto, susceptible de ser alterada a discreción.
Así, no extraña, que decenas de compradores de esta firma japonesa que encargaron sus vehículos en marzo de 2022 y se les dio un plazo de entrega en agosto, hayan recibido un correo electrónico en el que se les comunica, sin comprometerse a una fecha exacta, que hasta marzo de 2023 no se les entregará lo solicitado.
Los botones de muestra citados son la evidencia de la indefensión sistémica de los consumidores y usuarios en una coyuntura en la que la desigualdad avanza amparada en la opacidad y en la falta de transparencia del sector empresarial privado.
Esto no ocurre, por ejemplo, en la inmensa mayoría de las consultas de la sanidad privada, que no están digitalizadas, y en las que la petición de una cita se hace por teléfono. Se le pregunta al paciente a qué compañía pertenece y se le da una cita con una demora mínima de una semana como media. Si el paciente no tiene aseguradora de salud –y, por lo tanto, es “de pago”– la cita es inmediata.
Cuando se llega a un restaurante y están todas las mesas ocupadas, se indica al que está dispuesto a esperar cuántos clientes tiene por delante para que decida si le compensa la espera o no. Es una lista transparente.
No ocurre lo mismo cuando una compañía eléctrica o una de telecomunicaciones se retrasa en la prestación o en la reparación de un servicio por exceso de demanda: la lista de espera es secreta, por lo que la empresa se puede permitir las arbitrariedades que quiera en la gestión de las demoras.
Los fabricantes de coches se quejan de la caída sostenida de las ventas, pero no hacen públicas las cifras de pedidos sin atender. Toyota España, como otras firmas del sector, exige una señal de 500 euros al comprador que encarga un vehículo y en el contrato no se compromete a ninguna fecha concreta, aunque verbalmente, el vendedor señala una fecha aproximada de entrega –que venía siendo de unos cinco meses de tardanza–. La lista de espera es secreta y, por lo tanto, susceptible de ser alterada a discreción.
Así, no extraña, que decenas de compradores de esta firma japonesa que encargaron sus vehículos en marzo de 2022 y se les dio un plazo de entrega en agosto, hayan recibido un correo electrónico en el que se les comunica, sin comprometerse a una fecha exacta, que hasta marzo de 2023 no se les entregará lo solicitado.
Los botones de muestra citados son la evidencia de la indefensión sistémica de los consumidores y usuarios en una coyuntura en la que la desigualdad avanza amparada en la opacidad y en la falta de transparencia del sector empresarial privado.
ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN
