A Paca le quemaron el buzón, la amenazaron de muerte, le rayaron el coche y la insultaron con toda clase de improperios: los clásicos y los inventados. Al final, se marchó de su pueblo, El Gordo, porque era un suplicio y llegó a temer por su vida.
Ese fue su castigo por defender el medio ambiente con las leyes existentes ante los promotores y los políticos de la Junta de Extremadura que autorizaron la construcción de un complejo urbanístico en la Isla de Valdecañas y que, tras 15 años de un proceso judicial que aún no ha terminado, el Tribunal Supremo ha ordenado demoler por completo –no parcialmente, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2020, en una sentencia que Ecologistas en Acción recurrió y en la que han vuelto a darle la razón–.
Ahora viene la hipocresía al hacer referencia al coste del derribo y el perjuicio a la economía local de los pueblos afectados. La demolición costará unos 33 millones de euros a los extremeños, más las indemnizaciones pertinentes –sobre unos 110 millones– a los promotores y propietarios que compraron un chalet de lujo en un Espacio Protegido y no urbanizable, declarado Zona de Especial Protección para las Aves e incluido en la RED Natura 2000.
Dineral que se hubiesen ahorrado si cuando los malvados, insensatos y amargados ecologistas (así los han llamado estos días en algunos medios) avisaron, al comenzar el proyecto, de que estaban cometiendo un delito ambiental. Su respuesta fue la soberbia y el cambio de uso del suelo aprobado por los dos partidos mayoritarios en ese momento, PP y PSOE, en la Junta de Extremadura.
En vez de cumplir las leyes europeas, intentaron modificar las locales a su antojo para sortear el escollo que se les presentaba y salvar un proyecto que se anunció con una cena a todos los vecinos para que lo apoyasen.
Lo peor de este caso, que recuerda al indestructible Algarrobico de Carboneras, es que quienes se saltaron la ley no van a ser castigados. El presidente Fernández Vara, que en 2007 comenzó el proyecto, no será inhabilitado por no haber sabido interpretar las leyes o por haberlas malinterpretado, o por haberlas ignorado.
Que los ecologistas sepan de leyes más que nuestros políticos es algo que nos debería dar que pensar y preocupar. Pero eso da igual, porque primero hacemos, disparamos, destruimos y, luego, si alguien denuncia, aguanta las presiones, los chantajes y las amenazas, pues ya veremos cómo lo solucionamos.
No solo hay que derribar de inmediato las construcciones ilegales, sino que hay que pedir responsabilidades a quien firma los proyectos, sabiendo que van en contra de la ley. Y si no lo sabían, solo es consecuencia de su incompetencia y negligencia.
En Andalucía hemos asistido en los últimos días a las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha anunciado que va a legalizar 1.400 hectáreas de cultivos que están secando los acuíferos de uno de los Parques Nacionales más importantes de toda Europa.
Y lo hace a pesar de las discrepancias de los agricultores legales y de las advertencias del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad Europea, que alertan de que lo que está haciendo no va a ser aprobado de ninguna de las maneras porque es ilegal y porque sería sentenciar el Parque Nacional de Doñana.
¿No habría que castigar al señor Moreno Bonilla por ir pasado de “revoluciones verdes” antes de cometer un ecocidio? A él, y a todos los socialistas que se han abstenido por miedo a perder votos locales. A todos los que se saltan la ley, sabiendo que lo están haciendo, habría que inhabilitarlos.
Y, en Almería, también tenemos el hotel de Genoveses en el Parque Nacional de Cabo de Gata, que tiene enfrentados a la Junta de Andalucía –que ha autorizado su construcción– y al Ayuntamiento de Níjar –que considera que no debe dar la licencia oportuna para empezar las obras, pero que, al final, su alcaldesa le reconoce a los ecologistas que tendrá que hacerlo porque no puede arriesgarse a que los jueces le den la razón a la Junta y haya que indemnizar a los propietarios–.
¿No sería más inteligente, más práctico y más barato que la justicia se pronunciase antes de dar las licencias, de empezar las obras, de saltarse las leyes, de destruir el medio ambiente? Ganaríamos en credibilidad y en seguridad.
Pero no, hay que esperar a que todo esté hecho y a que una valiente como Paca no sucumba a las presiones de codiciosos constructores y políticos (¿Incapaces? ¿Corruptos? ¿Negligentes?) que consideran que por ostentar el poder pueden hacer lo que les dé la gana.
Gracias a todas las Pacas y Pacos por no rendiros, por hacer cumplir las leyes, por defender vuestros pueblos, por dejar en evidencia a Goliat.
Ese fue su castigo por defender el medio ambiente con las leyes existentes ante los promotores y los políticos de la Junta de Extremadura que autorizaron la construcción de un complejo urbanístico en la Isla de Valdecañas y que, tras 15 años de un proceso judicial que aún no ha terminado, el Tribunal Supremo ha ordenado demoler por completo –no parcialmente, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2020, en una sentencia que Ecologistas en Acción recurrió y en la que han vuelto a darle la razón–.
Ahora viene la hipocresía al hacer referencia al coste del derribo y el perjuicio a la economía local de los pueblos afectados. La demolición costará unos 33 millones de euros a los extremeños, más las indemnizaciones pertinentes –sobre unos 110 millones– a los promotores y propietarios que compraron un chalet de lujo en un Espacio Protegido y no urbanizable, declarado Zona de Especial Protección para las Aves e incluido en la RED Natura 2000.
Dineral que se hubiesen ahorrado si cuando los malvados, insensatos y amargados ecologistas (así los han llamado estos días en algunos medios) avisaron, al comenzar el proyecto, de que estaban cometiendo un delito ambiental. Su respuesta fue la soberbia y el cambio de uso del suelo aprobado por los dos partidos mayoritarios en ese momento, PP y PSOE, en la Junta de Extremadura.
En vez de cumplir las leyes europeas, intentaron modificar las locales a su antojo para sortear el escollo que se les presentaba y salvar un proyecto que se anunció con una cena a todos los vecinos para que lo apoyasen.
Lo peor de este caso, que recuerda al indestructible Algarrobico de Carboneras, es que quienes se saltaron la ley no van a ser castigados. El presidente Fernández Vara, que en 2007 comenzó el proyecto, no será inhabilitado por no haber sabido interpretar las leyes o por haberlas malinterpretado, o por haberlas ignorado.
Que los ecologistas sepan de leyes más que nuestros políticos es algo que nos debería dar que pensar y preocupar. Pero eso da igual, porque primero hacemos, disparamos, destruimos y, luego, si alguien denuncia, aguanta las presiones, los chantajes y las amenazas, pues ya veremos cómo lo solucionamos.
No solo hay que derribar de inmediato las construcciones ilegales, sino que hay que pedir responsabilidades a quien firma los proyectos, sabiendo que van en contra de la ley. Y si no lo sabían, solo es consecuencia de su incompetencia y negligencia.
En Andalucía hemos asistido en los últimos días a las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha anunciado que va a legalizar 1.400 hectáreas de cultivos que están secando los acuíferos de uno de los Parques Nacionales más importantes de toda Europa.
Y lo hace a pesar de las discrepancias de los agricultores legales y de las advertencias del Ministerio de Transición Ecológica y de la Comunidad Europea, que alertan de que lo que está haciendo no va a ser aprobado de ninguna de las maneras porque es ilegal y porque sería sentenciar el Parque Nacional de Doñana.
¿No habría que castigar al señor Moreno Bonilla por ir pasado de “revoluciones verdes” antes de cometer un ecocidio? A él, y a todos los socialistas que se han abstenido por miedo a perder votos locales. A todos los que se saltan la ley, sabiendo que lo están haciendo, habría que inhabilitarlos.
Y, en Almería, también tenemos el hotel de Genoveses en el Parque Nacional de Cabo de Gata, que tiene enfrentados a la Junta de Andalucía –que ha autorizado su construcción– y al Ayuntamiento de Níjar –que considera que no debe dar la licencia oportuna para empezar las obras, pero que, al final, su alcaldesa le reconoce a los ecologistas que tendrá que hacerlo porque no puede arriesgarse a que los jueces le den la razón a la Junta y haya que indemnizar a los propietarios–.
¿No sería más inteligente, más práctico y más barato que la justicia se pronunciase antes de dar las licencias, de empezar las obras, de saltarse las leyes, de destruir el medio ambiente? Ganaríamos en credibilidad y en seguridad.
Pero no, hay que esperar a que todo esté hecho y a que una valiente como Paca no sucumba a las presiones de codiciosos constructores y políticos (¿Incapaces? ¿Corruptos? ¿Negligentes?) que consideran que por ostentar el poder pueden hacer lo que les dé la gana.
Gracias a todas las Pacas y Pacos por no rendiros, por hacer cumplir las leyes, por defender vuestros pueblos, por dejar en evidencia a Goliat.
MOI PALMERO
