Habría que reformular el principio de conservación de la energía: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y se paga. El recibo de la luz sube cada mes y las razones seguimos sin comprenderlas, porque todo nos suena a excusas y a justificaciones para tapar el verdadero problema: el monopolio de las eléctricas, encubierto de libre mercado.
Los gobiernos, unos y otros, siempre terminan culpándonos porque no sabemos qué potencia tenemos contratada, si estamos en el mercado libre o regulado o porque abusamos de los aires acondicionados. Como si las facturas o el modelo creado estuviesen pensados para comprenderlos y beneficiar al ciudadano.
Resignados, magnánimos, ante nuestras continuas quejas, nos ofrecen una solución: "planche usted por la noche y, vale, nosotros –ellos no– reduciremos un poquito el IVA". Y poco más, porque saben que tras la pataleta viene la calma, que no podemos prescindir de la energía, y que pagaremos a pesar de comer un poco menos.
Ahora tenemos una oportunidad de que el modelo cambie. Vivimos una transición hacia un modelo energético sostenible pero, como siempre, nos mienten o utilizan medias verdades. Con la pintura verde lo quieren tapar todo, pero lo único que va a cambiar será el origen de la energía, que ahora, por el agotamiento de los combustibles fósiles, por las consecuencias del cambio climático y por las nuevas políticas europeas, estará basado en las energías renovables. Bravo.
Pero el modelo va a seguir siendo el mismo: grandes empresas que ya trabajan para monopolizar el mercado. Y lo hacen en silencio, en connivencia con las administraciones, que no ponen freno a sus movimientos especulativos.
Hace unas semanas, la Alianza Energía y Territorio (Aliente) pidió una moratoria de renovables a gran escala en Andalucía, hasta que se haga una planificación que evite la réplica del modelo actual y la destrucción de áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social o cultural y que son hábitat de numerosas especies de flora y fauna, como las aves esteparias del Desierto de Tabernas.
Esta Alianza, conformada por más de 150 asociaciones y entidades de toda España, ha presentado un manifiesto, respaldado por más de 270 docentes y profesionales de la investigación, en el que piden, entre otras cosas, la suspensión temporal de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de más de 5 megavatios y que se cuente con la participación ciudadana, es decir, con los habitantes del territorio, tal y como exige la normativa comunitaria. Todo ello para, en el plazo de seis a doce meses, presentar esta planificación que evite las barbaridades que se están cometiendo en estos momentos de descontrol y de expansión masiva.
En Andalucía están en proceso de tramitación más de 600 proyectos que equivaldrían a un total de 22 gigavatios de potencia fotovoltaica, cuando los objetivos nacionales para 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son de 39 gigavatios. Solo en el Campo de Tabernas en Almería hay proyectadas 3.000 hectáreas: la potencia equivalente al 5,4 por ciento de los objetivos nacionales.
Una de las estrategias de las grandes empresas para bordear las leyes ambientales es la de fraccionar los proyectos presentados. Así evitan las Evaluaciones de Impacto Ambiental que exigen los megaproyectos de más de 100 hectáreas y con potencia mayor de 50 megavatios.
Al dividir los lotes, con menos hectáreas y potencia, pueden presentarlo ante las comunidades autónomas donde, normalmente, la tramitación ambiental es menos rigurosa. Sobre el papel son pequeños huertos solares de diferentes sociedades pero, a la hora de la verdad, comparten instalaciones de evacuación. Es decir, el mismo perro con diferente collar.
Si no planificamos corremos el riesgo, además de desmembrar el territorio y acabar con la biodiversidad, de darle la puntilla al medio rural, porque ya se ha demostrado en la comarca de Guadalajara y del Alto Aragón que este tipo de proyectos no sirven para fijar la población rural a la tierra, que es uno de los argumentos esgrimidos por algunas administraciones.
Renovables sí, hay que apostar por ellas, pero no así. Hay que favorecer un modelo basado en el autoconsumo, a nivel personal o de pequeñas comunidades como ha hecho Almócita, que vuelve a ser ejemplo de sostenibilidad y que utiliza los tejados de sus instalaciones públicas para abastecer todo el pueblo.
No hacen falta megaproyectos con instalaciones faraónicas, porque eso nos convertirá en lo que somos ahora: esclavos de unas empresas que consiguieron ponerle un impuesto al sol. Impuesto ilegal por el que Europa nos castigó pero que sirvió a estas grandes empresas para planificar y organizar su estrategia. Y si no las frenamos ahora, seguiremos quejándonos y poniendo lavadoras a las doce de la noche.
Los gobiernos, unos y otros, siempre terminan culpándonos porque no sabemos qué potencia tenemos contratada, si estamos en el mercado libre o regulado o porque abusamos de los aires acondicionados. Como si las facturas o el modelo creado estuviesen pensados para comprenderlos y beneficiar al ciudadano.
Resignados, magnánimos, ante nuestras continuas quejas, nos ofrecen una solución: "planche usted por la noche y, vale, nosotros –ellos no– reduciremos un poquito el IVA". Y poco más, porque saben que tras la pataleta viene la calma, que no podemos prescindir de la energía, y que pagaremos a pesar de comer un poco menos.
Ahora tenemos una oportunidad de que el modelo cambie. Vivimos una transición hacia un modelo energético sostenible pero, como siempre, nos mienten o utilizan medias verdades. Con la pintura verde lo quieren tapar todo, pero lo único que va a cambiar será el origen de la energía, que ahora, por el agotamiento de los combustibles fósiles, por las consecuencias del cambio climático y por las nuevas políticas europeas, estará basado en las energías renovables. Bravo.
Pero el modelo va a seguir siendo el mismo: grandes empresas que ya trabajan para monopolizar el mercado. Y lo hacen en silencio, en connivencia con las administraciones, que no ponen freno a sus movimientos especulativos.
Hace unas semanas, la Alianza Energía y Territorio (Aliente) pidió una moratoria de renovables a gran escala en Andalucía, hasta que se haga una planificación que evite la réplica del modelo actual y la destrucción de áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social o cultural y que son hábitat de numerosas especies de flora y fauna, como las aves esteparias del Desierto de Tabernas.
Esta Alianza, conformada por más de 150 asociaciones y entidades de toda España, ha presentado un manifiesto, respaldado por más de 270 docentes y profesionales de la investigación, en el que piden, entre otras cosas, la suspensión temporal de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de más de 5 megavatios y que se cuente con la participación ciudadana, es decir, con los habitantes del territorio, tal y como exige la normativa comunitaria. Todo ello para, en el plazo de seis a doce meses, presentar esta planificación que evite las barbaridades que se están cometiendo en estos momentos de descontrol y de expansión masiva.
En Andalucía están en proceso de tramitación más de 600 proyectos que equivaldrían a un total de 22 gigavatios de potencia fotovoltaica, cuando los objetivos nacionales para 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son de 39 gigavatios. Solo en el Campo de Tabernas en Almería hay proyectadas 3.000 hectáreas: la potencia equivalente al 5,4 por ciento de los objetivos nacionales.
Una de las estrategias de las grandes empresas para bordear las leyes ambientales es la de fraccionar los proyectos presentados. Así evitan las Evaluaciones de Impacto Ambiental que exigen los megaproyectos de más de 100 hectáreas y con potencia mayor de 50 megavatios.
Al dividir los lotes, con menos hectáreas y potencia, pueden presentarlo ante las comunidades autónomas donde, normalmente, la tramitación ambiental es menos rigurosa. Sobre el papel son pequeños huertos solares de diferentes sociedades pero, a la hora de la verdad, comparten instalaciones de evacuación. Es decir, el mismo perro con diferente collar.
Si no planificamos corremos el riesgo, además de desmembrar el territorio y acabar con la biodiversidad, de darle la puntilla al medio rural, porque ya se ha demostrado en la comarca de Guadalajara y del Alto Aragón que este tipo de proyectos no sirven para fijar la población rural a la tierra, que es uno de los argumentos esgrimidos por algunas administraciones.
Renovables sí, hay que apostar por ellas, pero no así. Hay que favorecer un modelo basado en el autoconsumo, a nivel personal o de pequeñas comunidades como ha hecho Almócita, que vuelve a ser ejemplo de sostenibilidad y que utiliza los tejados de sus instalaciones públicas para abastecer todo el pueblo.
No hacen falta megaproyectos con instalaciones faraónicas, porque eso nos convertirá en lo que somos ahora: esclavos de unas empresas que consiguieron ponerle un impuesto al sol. Impuesto ilegal por el que Europa nos castigó pero que sirvió a estas grandes empresas para planificar y organizar su estrategia. Y si no las frenamos ahora, seguiremos quejándonos y poniendo lavadoras a las doce de la noche.
MOI PALMERO
