Asaja ha interpuesto queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Tres años después desde que la citada ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la ley 1/2018, "sigue sin establecerse contrato alguno que posibilite a los regantes disponer de dos potencias eléctricas diferentes".
La organización agraria ha señalado que el pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) que tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío.
"Ante este flagrante incumplimiento de normativa legal, Asaja se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja, que confiemos sirva para resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente a los agricultores de regadío", ha indicado la organización a través de un comunicado.
En este sentido, Asaja ha recordado que han sido numerosas las quejas planteadas a lo largo de los tres últimos años ante el Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica dada la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores. "La repuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse", han indicado.
"Es de vital importancia poner solución urgente a este sobrecoste millonario que supone para los agricultores no disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por una potencia que no usan. La factura eléctrica del regadío se ha encarecido en los últimos años un 1000 por cien y supone ya casi el 50 por ciento de los costes de producción de una explotación regable", explican desde Asaja.
En este sentido, recuerdan, que uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de producción y los bajos precios percibidos, por lo que "con esta falta de regulación de esta doble tarifa estamos poniendo en peligro a todo un sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía".
En 2020, la superficie de cultivo regada en España superó los 3,8 millones de hectáreas, una superficie que representa tan solo el 14 por ciento de la superficie agraria útil pero que, sin embargo, contribuye a la Producción Final Vegetal con más del 50 por ciento y al Producto Interior Bruto con un 2,4 por ciento, y emplea al 4 por ciento de la población nacional ocupada. "En este sentido, debemos recordar que una hectárea de riego genera cinco veces más empleo que una de secano", ha concluido Asaja.
La organización agraria ha señalado que el pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) que tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío.
"Ante este flagrante incumplimiento de normativa legal, Asaja se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja, que confiemos sirva para resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente a los agricultores de regadío", ha indicado la organización a través de un comunicado.
En este sentido, Asaja ha recordado que han sido numerosas las quejas planteadas a lo largo de los tres últimos años ante el Ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica dada la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores. "La repuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse", han indicado.
"Es de vital importancia poner solución urgente a este sobrecoste millonario que supone para los agricultores no disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por una potencia que no usan. La factura eléctrica del regadío se ha encarecido en los últimos años un 1000 por cien y supone ya casi el 50 por ciento de los costes de producción de una explotación regable", explican desde Asaja.
En este sentido, recuerdan, que uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de producción y los bajos precios percibidos, por lo que "con esta falta de regulación de esta doble tarifa estamos poniendo en peligro a todo un sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía".
En 2020, la superficie de cultivo regada en España superó los 3,8 millones de hectáreas, una superficie que representa tan solo el 14 por ciento de la superficie agraria útil pero que, sin embargo, contribuye a la Producción Final Vegetal con más del 50 por ciento y al Producto Interior Bruto con un 2,4 por ciento, y emplea al 4 por ciento de la población nacional ocupada. "En este sentido, debemos recordar que una hectárea de riego genera cinco veces más empleo que una de secano", ha concluido Asaja.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
