La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha concluido el pago de 25,4 millones de euros relativos a un centenar de solicitudes de ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva aprobado por la Comisión Europea para finales de 2019 y comienzos de 2020, tal y como ha anunciado la titular del ramo, Carmen Crespo.
Este montante total, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), se reparte entre las provincias de Córdoba (cerca de tres millones de euros), Granada (1,8 millones de euros), Jaén (diez millones de euros), Málaga (9,8 millones de euros) y Sevilla (877.600 euros). Entre los beneficiarios de estos incentivos se encuentran tanto fabricantes de aceite de oliva como profesionales dedicados a envasar este producto.
Como marca la normativa, la Unión Europea fue la encargada de fijar el importe de licitación de las subvenciones por tonelada de aceite de oliva almacenado en base a las ofertas recibidas desde el sector. Estas pujas debían ser de al menos 50 toneladas de aceite a granel para cada tipo de producto. Posteriormente, la Consejería andaluza ha firmado los correspondientes contratos con los agentes económicos que han presentado una oferta inferior al umbral máximo marcado por Bruselas.
La consejera Carmen Crespo ha puesto en valor el trabajo que han realizado los técnicos de su Departamento para “hacer llegar al sector unos fondos que les ayudarán a hacer frente la crisis de precios que venían sufriendo desde el año pasado y que, en 2020, se ha sumado además a las complicaciones derivadas de la pandemia por coronavirus”.
La responsable de Agricultura ha hecho hincapié en la necesidad de “avanzar en autorregulación del sector oleícola para acabar con un problema de bajas cotizaciones que se está haciendo estructural” y ha lamentado el largo plazo que ha tenido que transcurrir desde que la Junta comenzara a solicitar esta medida en marzo de 2019 y su activación en noviembre.
Asimismo, Carmen Crespo ha vuelto a recalcar que resulta “imprescindible” llevar a cabo un proceso de actualización de los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva, “ya que estos umbrales no se corresponden con la realidad del momento al no haberse recalculado desde hace años”.
Con respecto a otras acciones dirigidas a intentar garantizar “un precio justo para los agricultores por su trabajo y su producto”, Carmen Crespo ha calificado como una “buena noticia” el dictamen favorable de Bruselas a la propuesta presentada por Cooperativas Agro-alimentarias sobre una acción voluntaria de autorregulación.
Sin embargo, ha insistido “en la necesidad de contar con un instrumento que sea realmente eficaz y de carácter obligatorio” establecido a través del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrícolas (OCM). “Y esta medida debería estar disponible a la mayor brevedad para que, a ser posible, los productores cuenten con ella durante la mayor parte de la campaña”, ha apuntado la consejera.
Este montante total, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), se reparte entre las provincias de Córdoba (cerca de tres millones de euros), Granada (1,8 millones de euros), Jaén (diez millones de euros), Málaga (9,8 millones de euros) y Sevilla (877.600 euros). Entre los beneficiarios de estos incentivos se encuentran tanto fabricantes de aceite de oliva como profesionales dedicados a envasar este producto.
Como marca la normativa, la Unión Europea fue la encargada de fijar el importe de licitación de las subvenciones por tonelada de aceite de oliva almacenado en base a las ofertas recibidas desde el sector. Estas pujas debían ser de al menos 50 toneladas de aceite a granel para cada tipo de producto. Posteriormente, la Consejería andaluza ha firmado los correspondientes contratos con los agentes económicos que han presentado una oferta inferior al umbral máximo marcado por Bruselas.
La consejera Carmen Crespo ha puesto en valor el trabajo que han realizado los técnicos de su Departamento para “hacer llegar al sector unos fondos que les ayudarán a hacer frente la crisis de precios que venían sufriendo desde el año pasado y que, en 2020, se ha sumado además a las complicaciones derivadas de la pandemia por coronavirus”.
La responsable de Agricultura ha hecho hincapié en la necesidad de “avanzar en autorregulación del sector oleícola para acabar con un problema de bajas cotizaciones que se está haciendo estructural” y ha lamentado el largo plazo que ha tenido que transcurrir desde que la Junta comenzara a solicitar esta medida en marzo de 2019 y su activación en noviembre.
Asimismo, Carmen Crespo ha vuelto a recalcar que resulta “imprescindible” llevar a cabo un proceso de actualización de los precios de referencia para la activación del almacenamiento privado de aceite de oliva, “ya que estos umbrales no se corresponden con la realidad del momento al no haberse recalculado desde hace años”.
Con respecto a otras acciones dirigidas a intentar garantizar “un precio justo para los agricultores por su trabajo y su producto”, Carmen Crespo ha calificado como una “buena noticia” el dictamen favorable de Bruselas a la propuesta presentada por Cooperativas Agro-alimentarias sobre una acción voluntaria de autorregulación.
Sin embargo, ha insistido “en la necesidad de contar con un instrumento que sea realmente eficaz y de carácter obligatorio” establecido a través del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrícolas (OCM). “Y esta medida debería estar disponible a la mayor brevedad para que, a ser posible, los productores cuenten con ella durante la mayor parte de la campaña”, ha apuntado la consejera.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
