El Decreto de Comunicaciones Comerciales implementado por el gobierno español en este mes de octubre pretende regular las tendencias en el mercado global de la publicidad del juego y apuestas. Con su instauración, se pretende restringir los distintos elementos publicitarios publicados en equipos deportivos, páginas web o medios de comunicación, entre otros. El objetivo promovido por la administración, es impedir el acceso al juego de menores de edad al ir eliminado paulatinamente la publicidad de este tipo de actividad.
Con este hecho, son muchos aquellos que critican esta medida publicada ya que trae numerosas consecuencias de cómo pudiera afectar esto a la economía de un país donde las apuestas conforman un volumen de miles de millones de euros al año. Por un lado, los que promueven este Decreto Real buscan tener un mayor control sobre los actos que llevan a cabo las principales organizaciones proveedoras de los juegos de azar y así manifestar una mayor seguridad para con el público más joven cuando se trata de conocer negocios no apropiados para su consumo.
Por el lado crítico, las ideas que promueven este Decreto sobre restringir los elementos publicitarios abren la puerta a la generación de un conjunto de respuestas no del todo legales, las cuales se basan en la utilización de sitios web donde operadores sin licencia o bajo el uso de terceros, pueden promover mejores posiciones a los proveedores online al momento de aparecer (y desaparecer) dentro del mundo virtual. Todo esto ocurre dentro de una sociedad que se ha venido arraigando en estos medios tras la cuarentena del COVID-19, obteniendo como resultado, que millones de personas hayan encontrado en internet un medio para entretenerse sin ninguna campaña de prevención eficiente establecida por los gobiernos para el impedimento de demostración de publicidad no apta para menores de 18 años.
Con esto dicho, resulta muy difícil creer que, con la llegada de este Decreto, se establezcan grandes campañas de prevención de la Administración Pública con miles de internautas que no tienen identificación de edad, género o número de seguro social que les permita vislumbrar a los llamados “viewers” de estos contenidos. De la misma manera, resulta no creíble el llevar con atención el registro de miles de sitios web operativos dentro de una nación, las cuales seguirán operando con o sin licencia en busca de facturar ingresos muchísimo antes de que llegue la intervención gubernamental, generando delitos y promoviendo su contenido sin ningún acto de respuesta de las autoridades hasta mucho tiempo después. Lo ideal sería potenciar la actividad del juego legal, cumpliendo unas directrices para que los casinos online de referencia en España, pudieran realizar su actividad bajo un marco legal claro y convincente.
En fin, si en algo estamos de acuerdo la mayoría de los analistas de este tema, es que el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales está ayudando a promover la ilegalidad a través de actos débiles de resguardo de la sociedad.
Con este hecho, son muchos aquellos que critican esta medida publicada ya que trae numerosas consecuencias de cómo pudiera afectar esto a la economía de un país donde las apuestas conforman un volumen de miles de millones de euros al año. Por un lado, los que promueven este Decreto Real buscan tener un mayor control sobre los actos que llevan a cabo las principales organizaciones proveedoras de los juegos de azar y así manifestar una mayor seguridad para con el público más joven cuando se trata de conocer negocios no apropiados para su consumo.
Por el lado crítico, las ideas que promueven este Decreto sobre restringir los elementos publicitarios abren la puerta a la generación de un conjunto de respuestas no del todo legales, las cuales se basan en la utilización de sitios web donde operadores sin licencia o bajo el uso de terceros, pueden promover mejores posiciones a los proveedores online al momento de aparecer (y desaparecer) dentro del mundo virtual. Todo esto ocurre dentro de una sociedad que se ha venido arraigando en estos medios tras la cuarentena del COVID-19, obteniendo como resultado, que millones de personas hayan encontrado en internet un medio para entretenerse sin ninguna campaña de prevención eficiente establecida por los gobiernos para el impedimento de demostración de publicidad no apta para menores de 18 años.
Con esto dicho, resulta muy difícil creer que, con la llegada de este Decreto, se establezcan grandes campañas de prevención de la Administración Pública con miles de internautas que no tienen identificación de edad, género o número de seguro social que les permita vislumbrar a los llamados “viewers” de estos contenidos. De la misma manera, resulta no creíble el llevar con atención el registro de miles de sitios web operativos dentro de una nación, las cuales seguirán operando con o sin licencia en busca de facturar ingresos muchísimo antes de que llegue la intervención gubernamental, generando delitos y promoviendo su contenido sin ningún acto de respuesta de las autoridades hasta mucho tiempo después. Lo ideal sería potenciar la actividad del juego legal, cumpliendo unas directrices para que los casinos online de referencia en España, pudieran realizar su actividad bajo un marco legal claro y convincente.
En fin, si en algo estamos de acuerdo la mayoría de los analistas de este tema, es que el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales está ayudando a promover la ilegalidad a través de actos débiles de resguardo de la sociedad.
REDACCIÓN / DHD DIGITAL
