El acceso al alquiler es más complicado cada día. Las exigencias de los arrendadores se han vuelto exorbitantes, no valiendo ya con la fianza y un contrato fijo, sino que hay quien pide ya dos avalistas. Cualquier día de estos nos encontraremos un anuncio donde exijan, también, lágrimas de político honrado y orina de populista moderado.
En un momento de inestabilidad político-social y de bajos salarios –cuando lo hay–, la posibilidad de muchas personas e, incluso, familias enteras de abordar el imparable aumento del precio del alquiler y las garantías exigidas por los dueños de las viviendas resulta imposible. Un hecho que se ve agravado por la creciente presencia de viviendas destinadas al turismo.
En especial, resulta una grave complicación para que los jóvenes accedan a la vivienda. Incluso con empleo, la falta de una cotización mínima que les asegure un subsidio en caso de desempleo y los bajos sueldos les impide ofrecer la seguridad que los arrendadores ansían. Tampoco el resto de la población lo tiene fácil.
Por otro lado, la falta de solvencia de muchos inquilinos y la ausencia de agilidad en los trámites para expulsar a los morosos, por no hablar del estado en que, en ocasiones, dejan las viviendas, son argumentos sólidos de los arrendadores para mantener estas limitaciones.
La imagen que muchas personas tienen de los arrendatarios que no pagan el alquiler es la de familias bienintencionadas, con sus miembros en situación de desempleo y con graves problemas económicos. Y es cierto que es una realidad. Por desgracia, otro perfil que también existe es el del sinvergüenza que aprovecha su ocupación de la vivienda para vivir gratis, en lo que tarda la Justicia en dar la razón al arrendador y expulsar al inquilino.
Ahora bien, el aumento desorbitado del precio de la vivienda reduce las opciones de solvencia de los inquilinos. Y al reducirse estas opciones de solvencia, aumentan las inquietudes del arrendador, que aumenta las exigencias. Y así entramos en un círculo vicioso que solo puede resolver una equilibrada acción gubernamental.
Una de las promesas del tumor sanchista y su Gobierno pseudoprogresista es regular el alquiler en España. Habrá que ver si esta medida se lleva a buen fin y, sobre todo, si se hace bien.
La persona que pone en alquiler su vivienda lo hace para obtener un beneficio. Si se le perjudica en exceso, preferirá mantener su vivienda vacía antes que correr el riesgo de que se la dejen en mal estado a cambio de una miseria. O lo que sería peor, que a pesar de la medida, el moroso no pueda ser expulsado con agilidad de la vivienda y el arrendador prefiera no correr riesgos.
Por tanto, el nuevo Ejecutivo deberá alcanzar un equilibrio entre las necesidades de los arrendatarios y las debidas seguridades de los arrendadores. Sin embargo, la presencia de tantos populistas en el Gobierno me hace dudar de la capacidad del mismo de adoptar medidas equilibradas. Tiempo al tiempo.
Haereticus dixit.
En un momento de inestabilidad político-social y de bajos salarios –cuando lo hay–, la posibilidad de muchas personas e, incluso, familias enteras de abordar el imparable aumento del precio del alquiler y las garantías exigidas por los dueños de las viviendas resulta imposible. Un hecho que se ve agravado por la creciente presencia de viviendas destinadas al turismo.
En especial, resulta una grave complicación para que los jóvenes accedan a la vivienda. Incluso con empleo, la falta de una cotización mínima que les asegure un subsidio en caso de desempleo y los bajos sueldos les impide ofrecer la seguridad que los arrendadores ansían. Tampoco el resto de la población lo tiene fácil.
Por otro lado, la falta de solvencia de muchos inquilinos y la ausencia de agilidad en los trámites para expulsar a los morosos, por no hablar del estado en que, en ocasiones, dejan las viviendas, son argumentos sólidos de los arrendadores para mantener estas limitaciones.
La imagen que muchas personas tienen de los arrendatarios que no pagan el alquiler es la de familias bienintencionadas, con sus miembros en situación de desempleo y con graves problemas económicos. Y es cierto que es una realidad. Por desgracia, otro perfil que también existe es el del sinvergüenza que aprovecha su ocupación de la vivienda para vivir gratis, en lo que tarda la Justicia en dar la razón al arrendador y expulsar al inquilino.
Ahora bien, el aumento desorbitado del precio de la vivienda reduce las opciones de solvencia de los inquilinos. Y al reducirse estas opciones de solvencia, aumentan las inquietudes del arrendador, que aumenta las exigencias. Y así entramos en un círculo vicioso que solo puede resolver una equilibrada acción gubernamental.
Una de las promesas del tumor sanchista y su Gobierno pseudoprogresista es regular el alquiler en España. Habrá que ver si esta medida se lleva a buen fin y, sobre todo, si se hace bien.
La persona que pone en alquiler su vivienda lo hace para obtener un beneficio. Si se le perjudica en exceso, preferirá mantener su vivienda vacía antes que correr el riesgo de que se la dejen en mal estado a cambio de una miseria. O lo que sería peor, que a pesar de la medida, el moroso no pueda ser expulsado con agilidad de la vivienda y el arrendador prefiera no correr riesgos.
Por tanto, el nuevo Ejecutivo deberá alcanzar un equilibrio entre las necesidades de los arrendatarios y las debidas seguridades de los arrendadores. Sin embargo, la presencia de tantos populistas en el Gobierno me hace dudar de la capacidad del mismo de adoptar medidas equilibradas. Tiempo al tiempo.
Haereticus dixit.
RAFAEL SOTO
