La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de Servicios Sociales para los años 2020 y 2021 que contempla el refuerzo de la actuación inspectora mediante la formación del personal y la actualización o creación de nuevos protocolos, en los que se ha establecido hasta cinco líneas de actuación.
El servicio de inspección de Servicios Sociales de la Consejería es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el plan general es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo como un medio de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también de orientación y actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las personas usuarias del sistema.
Debido a la diversidad de centros, servicios y prestaciones existentes en el sistema de servicios sociales, se hace necesario establecer prioridades para la labor inspectora, por lo que se han establecido cinco líneas de actuación en el programa para los años 2020 y 2021.
La primera de ellas hace referencia a las personas usuarias y tiene entre sus objetivos la observación del respeto de sus derechos, detectando el incumplimiento de la normativa vigente en su caso. La segunda contempla los requisitos de obligado cumplimiento, comprobando la adecuación de los centros y servicios a la normativa sobre requisitos funcionales y materiales, tanto generales como específicos en función de la tipología. Además, se verifican los estándares de calidad.
La tercera línea principal de actuación se ocupará del estudio para la mejora continua del funcionamiento de centros y servicios sociales. De esta forma, se detectarán las necesidades y se colaborará en la mejora del funcionamiento de programas, servicios y centros para propiciar el aumento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios y en la adopción de buenas prácticas.
Por otra parte, la cuarta línea recogida en el nuevo Plan General de Inspección de Servicios Sociales contempla la actualización del Mapa de servicios sociales de Andalucía, informando al Registro de entidades, centros y servicios Sociales de los cambios detectados.
Finalmente, el fortalecimiento de la inspección de servicios sociales es la última línea de actuación del nuevo plan. Para ello, se ha establecido la planificación anual de formación específica para el personal inspector y la actualización de los protocolos de actuación o creación de nuevos si fuese necesario.
En la planificación anual se ha tenido en cuenta con carácter general la perspectiva de la igualdad de género. Asimismo, al finalizar cada uno de los años de vigencia del plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas.
El plan de inspección de los servicios sociales contempla en su ámbito de actuación: centros para personas mayores, personas con discapacidad, con enfermedad mental, servicios sociales comunitarios, centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, de infancia y adolescencia, para víctimas de violencia de género y centros de valoración y orientación.
El servicio de inspección de Servicios Sociales de la Consejería es el órgano competente para desarrollar la función inspectora en materia de servicios sociales y el plan general es el instrumento de planificación de la actividad de inspección de carácter ordinario, no solo como un medio de vigilancia, control y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, sino también de orientación y actuaciones para la mejora en la atención asistencial que deben recibir las personas usuarias del sistema.
Debido a la diversidad de centros, servicios y prestaciones existentes en el sistema de servicios sociales, se hace necesario establecer prioridades para la labor inspectora, por lo que se han establecido cinco líneas de actuación en el programa para los años 2020 y 2021.
La primera de ellas hace referencia a las personas usuarias y tiene entre sus objetivos la observación del respeto de sus derechos, detectando el incumplimiento de la normativa vigente en su caso. La segunda contempla los requisitos de obligado cumplimiento, comprobando la adecuación de los centros y servicios a la normativa sobre requisitos funcionales y materiales, tanto generales como específicos en función de la tipología. Además, se verifican los estándares de calidad.
La tercera línea principal de actuación se ocupará del estudio para la mejora continua del funcionamiento de centros y servicios sociales. De esta forma, se detectarán las necesidades y se colaborará en la mejora del funcionamiento de programas, servicios y centros para propiciar el aumento de los niveles de calidad en la prestación de los servicios y en la adopción de buenas prácticas.
Por otra parte, la cuarta línea recogida en el nuevo Plan General de Inspección de Servicios Sociales contempla la actualización del Mapa de servicios sociales de Andalucía, informando al Registro de entidades, centros y servicios Sociales de los cambios detectados.
Finalmente, el fortalecimiento de la inspección de servicios sociales es la última línea de actuación del nuevo plan. Para ello, se ha establecido la planificación anual de formación específica para el personal inspector y la actualización de los protocolos de actuación o creación de nuevos si fuese necesario.
En la planificación anual se ha tenido en cuenta con carácter general la perspectiva de la igualdad de género. Asimismo, al finalizar cada uno de los años de vigencia del plan, se realizará una memoria donde se evalúe y valore cuantitativa y cualitativamente el grado de cumplimiento de las líneas de actuación, los objetivos previstos y las actuaciones inspectoras realizadas.
El plan de inspección de los servicios sociales contempla en su ámbito de actuación: centros para personas mayores, personas con discapacidad, con enfermedad mental, servicios sociales comunitarios, centros para personas en situación o riesgo de exclusión social, de infancia y adolescencia, para víctimas de violencia de género y centros de valoración y orientación.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
