La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, ha informado favorablemente respecto a las "obras urgentes de seguridad" propuestas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, respecto a la antigua hacienda Ibarburu, levantada en torno a 1748, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), de propiedad privada y objeto en los últimos tiempos de episodios de expolio y de un incendio.
La ley andaluza de Patrimonio Histórico estipula que la Consejería de Cultura podrá ordenar a los propietarios de los monumentos protegidos “la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia”, toda vez que “dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras administraciones las licencias o autorizaciones que correspondan”, con la posibilidad de “proceder a la ejecución subsidiaria” de las obras ordenadas “con cargo al obligado” a la realización de las mismas.
Además, determina según la comisión que "en el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a las personas, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá adoptar las medidas necesarias para evitar dichos daños".
El Ayuntamiento de Dos Hermanas defendía ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, su “especial interés y atención” a la hacienda Ibarburu, esgrimiendo que había dirigido “sendos escritos” a la familia Pickman, propietaria del recinto, “en orden a adoptar las medidas precisas” para su conservación.
El Consistorio nazareno argumentaba ya en 2015 que, ante la "absoluta necesidad de urgentes medidas de consolidación y restauración del edificio", solicitó el respaldo del Fondo de Ayuda a la Rehabilitación de la World Monuments Fund, una organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico, "sin que hasta la fecha se tenga pronunciamiento alguno" de dicha entidad.
La ley andaluza de Patrimonio Histórico estipula que la Consejería de Cultura podrá ordenar a los propietarios de los monumentos protegidos “la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia”, toda vez que “dichas órdenes no excusarán de la obligación de obtener de otras administraciones las licencias o autorizaciones que correspondan”, con la posibilidad de “proceder a la ejecución subsidiaria” de las obras ordenadas “con cargo al obligado” a la realización de las mismas.
Además, determina según la comisión que "en el supuesto de que la situación de ruina lleve aparejado peligro inminente de daños a las personas, la entidad que hubiera incoado expediente de ruina deberá adoptar las medidas necesarias para evitar dichos daños".
El Ayuntamiento de Dos Hermanas defendía ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, su “especial interés y atención” a la hacienda Ibarburu, esgrimiendo que había dirigido “sendos escritos” a la familia Pickman, propietaria del recinto, “en orden a adoptar las medidas precisas” para su conservación.
El Consistorio nazareno argumentaba ya en 2015 que, ante la "absoluta necesidad de urgentes medidas de consolidación y restauración del edificio", solicitó el respaldo del Fondo de Ayuda a la Rehabilitación de la World Monuments Fund, una organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico, "sin que hasta la fecha se tenga pronunciamiento alguno" de dicha entidad.
REDACCIÓN / DHD DIGITAL
