Las llamas del descontento parecen propagarse por toda Sudamérica. Cuando no es Venezuela, es Ecuador, Argentina o Chile, entre otros países, donde la ira popular, con más o menos virulencia, se manifiesta en las calles en contra de medidas o situaciones con las que los ciudadanos acaban perdiendo la paciencia.
Tampoco es que la región haya sido históricamente un remanso democrático y tranquilo, sino el escenario en el que se ha ensayado toda clase de revoluciones y dictaduras con las que las potencias de cada época –desde los antiguos colonizadores hasta la actual superpotencia del Norte– han pretendido manejar sus destinos y proteger intereses geopolíticos.
Una historia que todavía supura por heridas abiertas sin cicatrizar, como forzosa contribución al enriquecimiento de los explotadores. Y cuyas consecuencias aún perduran e influyen, de distintas maneras, en la atormentada realidad de cada uno de los países de América Latina.
Tanto es así que las revueltas que se suceden por gran parte del subcontinente no hacen más que poner de relieve un malestar que viene de antiguo y que no deja de crecer por los insoportables problemas del presente, hasta colmar la paciencia del oprimido más resignado con su condición.
El último conflicto en unirse al estallido popular en Sudamérica ha sido en Chile, provocando un terremoto social de consecuencias impredecibles. Se trata de un estallido súbito, como una explosión de hartazgo, debido a la subida de precio del billete de metro.
Un Gobierno que se dice democrático ordenó a la Policía reprimir las manifestaciones, desencadenando una espiral de acción-represión que ya ha causado más de una decena de muertos y centenares de personas detenidas, sin que el descontento popular se calmase. Y lo más curioso: sin que ningún partido dirija un rechazo que comenzó siendo una espontánea protesta estudiantil.
Sin embargo, ha servido de válvula de escape para desahogar la ira contenida de un pueblo que sufre desigualdad por unas políticas neoliberales hasta extremos inaguantables. De hecho, Chile es, hoy, uno de los diez países con más desigualdad del mundo, según el Banco Mundial, por culpa de un modelo económico que prima la privatización de los servicios básicos, la austeridad severa en el gasto social y la inversión centrada en sectores productivos rentables.
Se trata de la clásica receta neoliberal que ha permitido cierto crecimiento económico, pero que olvida a los más necesitados, a los que conduce a niveles de vida precarios, sin que por ello haya podido contener el altísimo endeudamiento del país. Una situación que ha generado tal injusticia social que los ciudadanos ya no la toleran. Y se han echado a la calle.
En Ecuador ha sucedido algo similar con la eliminación de la subvención del combustible, decretada por el presidente Lenin Moreno, que condenaba a los afectados, más de 300.000 ecuatorianos, a la pobreza. El encarecimiento del combustible suponía, además, por su impacto directo, el aumento en más de un 100 por ciento del precio de bienes y servicios, y más de un 30 por ciento en el de la gasolina.
Los más oprimidos no lo dudaron y, durante unas semanas, ocuparon calles, rodearon instituciones, obligaron al presidente a abandonar la capital del país, hasta que finalmente, después de graves enfrentamientos con muertos incluidos, consiguieron que se anulara el decreto y se mantuviera el subsidio al combustible. Una vez más, fueron políticas neoliberales y la desigualdad social las que generaron unas revueltas populares, tras décadas de injusticia y opresión.
También en Bolivia las protestas generalizadas han hecho acto de presencia, no por causa de medidas económicas, sino por el despotismo con que el actual presidente, Evo Morales, pretende eternizarse en el poder, tras unas elecciones a las que no debía presentarse y cuyos resultados causan recelo dentro y fuera del país.
Evo Morales había podido concurrir a estos comicios, los cuartos tras una década en el poder, gracias a una interpretación benigna del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida, en 2016. Dudas en el recuento de votos, del que el TSE suspendió la publicación de resultados, provocando la dimisión del vicepresidente de este organismo, han desatado las alarmas y la movilización de la gente.
Una oleada de protestas ha recorrido el país y no han cesado las movilizaciones multitudinarias en las grandes ciudades para criticar al Gobierno. Y es que, aunque Morales haya sido el primer presidente indígena de Bolivia y sus promesas fueran de más democracia y mejor redistribución de la riqueza, ha terminado cansando a la ciudadanía por sus golpes de autoritarismo (ignoró la voluntad de sus electores en el referéndum sobre su perpetuación en el poder) y por el agotamiento de un ciclo económico que barrunta la reaparición de la recesión.
Es lo que tienen los líderes providenciales: se creen insustituibles y acaban convirtiéndose en represores de su pueblo, como Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. Lo cierto es que la población ya no tolera ni el colonialismo ni la autocracia, porque aspira a la libertad y la justicia para construir sociedades en las que reinen la igualdad, la tolerancia y la prosperidad, en pacífica convivencia.
Estas elecciones, como las próximas de Argentina y Uruguay, marcadas por las tendencias, si no de fraude, sí de una opacidad que es reacia al control externo de su transparencia, evidencian unas democracias defectuosas, según la clasificación de The Economist Intelligence Unit, que son resultado de una evolución histórica plagada de colonialismo, regímenes autoritarios y opresión por parte de propios y foráneos.
Este devenir histórico convierte la desigualdad social en la mecha que hace estallar el conflicto y el descontento en unos países que, a pesar de haber conquistado la independencia, siguen siendo dependientes de un capitalismo mercantilista que dicta las normas e impone las condiciones, sea quien sea el que gobierne.
Los explotadores, que controlan el sistema financiero, los medios de transporte y fletes, la capacidad industrial y de valor añadido, y los mercados últimos, arrebatan las materias primas y las riquezas de América Latina, sin importarles las condiciones de vida de su población. Y, claro, estos países estallan en rebeldía e ira a la menor vuelta de tuerca, hartos de tanta opresión y pobreza.
Entre líderes providenciales que se convierten en caciques autoritarios y un sistema económico que agudiza la pobreza y concentra la riqueza en manos de los explotadores de siempre, a la gente sólo le queda el recurso de unas revueltas que se extienden por todo el subcontinente americano, donde el subdesarrollo y la desigualdad son el estigma imperecedero del viejo colonialismo, esta vez económico.
Tampoco es que la región haya sido históricamente un remanso democrático y tranquilo, sino el escenario en el que se ha ensayado toda clase de revoluciones y dictaduras con las que las potencias de cada época –desde los antiguos colonizadores hasta la actual superpotencia del Norte– han pretendido manejar sus destinos y proteger intereses geopolíticos.
Una historia que todavía supura por heridas abiertas sin cicatrizar, como forzosa contribución al enriquecimiento de los explotadores. Y cuyas consecuencias aún perduran e influyen, de distintas maneras, en la atormentada realidad de cada uno de los países de América Latina.
Tanto es así que las revueltas que se suceden por gran parte del subcontinente no hacen más que poner de relieve un malestar que viene de antiguo y que no deja de crecer por los insoportables problemas del presente, hasta colmar la paciencia del oprimido más resignado con su condición.
El último conflicto en unirse al estallido popular en Sudamérica ha sido en Chile, provocando un terremoto social de consecuencias impredecibles. Se trata de un estallido súbito, como una explosión de hartazgo, debido a la subida de precio del billete de metro.
Un Gobierno que se dice democrático ordenó a la Policía reprimir las manifestaciones, desencadenando una espiral de acción-represión que ya ha causado más de una decena de muertos y centenares de personas detenidas, sin que el descontento popular se calmase. Y lo más curioso: sin que ningún partido dirija un rechazo que comenzó siendo una espontánea protesta estudiantil.
Sin embargo, ha servido de válvula de escape para desahogar la ira contenida de un pueblo que sufre desigualdad por unas políticas neoliberales hasta extremos inaguantables. De hecho, Chile es, hoy, uno de los diez países con más desigualdad del mundo, según el Banco Mundial, por culpa de un modelo económico que prima la privatización de los servicios básicos, la austeridad severa en el gasto social y la inversión centrada en sectores productivos rentables.
Se trata de la clásica receta neoliberal que ha permitido cierto crecimiento económico, pero que olvida a los más necesitados, a los que conduce a niveles de vida precarios, sin que por ello haya podido contener el altísimo endeudamiento del país. Una situación que ha generado tal injusticia social que los ciudadanos ya no la toleran. Y se han echado a la calle.
En Ecuador ha sucedido algo similar con la eliminación de la subvención del combustible, decretada por el presidente Lenin Moreno, que condenaba a los afectados, más de 300.000 ecuatorianos, a la pobreza. El encarecimiento del combustible suponía, además, por su impacto directo, el aumento en más de un 100 por ciento del precio de bienes y servicios, y más de un 30 por ciento en el de la gasolina.
Los más oprimidos no lo dudaron y, durante unas semanas, ocuparon calles, rodearon instituciones, obligaron al presidente a abandonar la capital del país, hasta que finalmente, después de graves enfrentamientos con muertos incluidos, consiguieron que se anulara el decreto y se mantuviera el subsidio al combustible. Una vez más, fueron políticas neoliberales y la desigualdad social las que generaron unas revueltas populares, tras décadas de injusticia y opresión.
También en Bolivia las protestas generalizadas han hecho acto de presencia, no por causa de medidas económicas, sino por el despotismo con que el actual presidente, Evo Morales, pretende eternizarse en el poder, tras unas elecciones a las que no debía presentarse y cuyos resultados causan recelo dentro y fuera del país.
Evo Morales había podido concurrir a estos comicios, los cuartos tras una década en el poder, gracias a una interpretación benigna del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral (TSE), a pesar de haber perdido un referéndum sobre la reelección indefinida, en 2016. Dudas en el recuento de votos, del que el TSE suspendió la publicación de resultados, provocando la dimisión del vicepresidente de este organismo, han desatado las alarmas y la movilización de la gente.
Una oleada de protestas ha recorrido el país y no han cesado las movilizaciones multitudinarias en las grandes ciudades para criticar al Gobierno. Y es que, aunque Morales haya sido el primer presidente indígena de Bolivia y sus promesas fueran de más democracia y mejor redistribución de la riqueza, ha terminado cansando a la ciudadanía por sus golpes de autoritarismo (ignoró la voluntad de sus electores en el referéndum sobre su perpetuación en el poder) y por el agotamiento de un ciclo económico que barrunta la reaparición de la recesión.
Es lo que tienen los líderes providenciales: se creen insustituibles y acaban convirtiéndose en represores de su pueblo, como Daniel Ortega en Nicaragua y tantos otros. Lo cierto es que la población ya no tolera ni el colonialismo ni la autocracia, porque aspira a la libertad y la justicia para construir sociedades en las que reinen la igualdad, la tolerancia y la prosperidad, en pacífica convivencia.
Estas elecciones, como las próximas de Argentina y Uruguay, marcadas por las tendencias, si no de fraude, sí de una opacidad que es reacia al control externo de su transparencia, evidencian unas democracias defectuosas, según la clasificación de The Economist Intelligence Unit, que son resultado de una evolución histórica plagada de colonialismo, regímenes autoritarios y opresión por parte de propios y foráneos.
Este devenir histórico convierte la desigualdad social en la mecha que hace estallar el conflicto y el descontento en unos países que, a pesar de haber conquistado la independencia, siguen siendo dependientes de un capitalismo mercantilista que dicta las normas e impone las condiciones, sea quien sea el que gobierne.
Los explotadores, que controlan el sistema financiero, los medios de transporte y fletes, la capacidad industrial y de valor añadido, y los mercados últimos, arrebatan las materias primas y las riquezas de América Latina, sin importarles las condiciones de vida de su población. Y, claro, estos países estallan en rebeldía e ira a la menor vuelta de tuerca, hartos de tanta opresión y pobreza.
Entre líderes providenciales que se convierten en caciques autoritarios y un sistema económico que agudiza la pobreza y concentra la riqueza en manos de los explotadores de siempre, a la gente sólo le queda el recurso de unas revueltas que se extienden por todo el subcontinente americano, donde el subdesarrollo y la desigualdad son el estigma imperecedero del viejo colonialismo, esta vez económico.
DANIEL GUERRERO
