Estaba pendiente el último trámite judicial y ya se ha resuelto. El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictador Francisco Franco de su cripta de la basílica del Valle de los Caídos para su inhumación en el cementerio de la localidad madrileña de El Pardo-Mingorrubio, donde la hija del dictador compró una sepultura.
Exhumar a Franco era la iniciativa más simbólica del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que, debido a los recursos interpuestos por los familiares del líder fascista, no se había podido llevar a cabo con la celeridad que el Ejecutivo pretendía.
Ahora, tras el aval del Supremo, solo resta completar los trámites y aprobar en Consejo de Ministros el traslado definitivo de la momia de Franco al sitio que le corresponde, si la autoridad eclesiástica permite el acceso a la basílica de Cuelgamuros para la exhumación.
Aunque el cura Santiago Carrera, prior de la basílica –un lugar público que se financia con dinero público–, se niega a conceder tal permiso, sus superiores en el Vaticano han asegurado que mantienen su postura de no oponerse, si el fallo de la Justicia, como es el caso, avala la exhumación.
La aparente “neutralidad” del Vaticano tiene por objeto evitar que la momia del dictador sea inhumada en la cripta de la catedral de la Almudena, única opción que contemplaba la familia Franco, y convertir al templo del centro de Madrid en un santuario para la exaltación del único líder fascista de Europa enterrado en una catedral.
La familia del dictador, liderada por el abogado Luis Felipe Utrera Molina –hijo de un ministro falangista de la dictadura–, procura por todos los medios (piensa seguir recurriendo sentencias) que los restos de Franco continúen vinculados a una Iglesia que, en vida, lo paseaba bajo palio como forma de preservar la "dignidad" del personaje.
Un personaje, no hay que olvidarlo, que lideró un levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República e inició una guerra civil para instaurar una dictadura en España que, no solo prohibió derechos y libertades hoy afortunadamente recuperados, sino que asesinó sin juicio previo o tras juicios sumarísimos a centenares de miles de españoles inocentes, acusados de haber sido leales a la República, albergar ideales izquierdistas y progresistas o, simplemente, no manifestar con la debida convicción su adhesión inquebrantable al “Movimiento Nacional” que impuso Francisco Franco.
Ahora, pues, España recobra la moral y la normalidad democráticas de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Argentina con Videla o Chile con Pinochet– a aquellos personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia. Y no es revanchismo, como acusa la ultraderecha, sino ser consecuentes con la veracidad histórica.
Exhumar a Franco era la iniciativa más simbólica del Gobierno socialista de Pedro Sánchez que, debido a los recursos interpuestos por los familiares del líder fascista, no se había podido llevar a cabo con la celeridad que el Ejecutivo pretendía.
Ahora, tras el aval del Supremo, solo resta completar los trámites y aprobar en Consejo de Ministros el traslado definitivo de la momia de Franco al sitio que le corresponde, si la autoridad eclesiástica permite el acceso a la basílica de Cuelgamuros para la exhumación.
Aunque el cura Santiago Carrera, prior de la basílica –un lugar público que se financia con dinero público–, se niega a conceder tal permiso, sus superiores en el Vaticano han asegurado que mantienen su postura de no oponerse, si el fallo de la Justicia, como es el caso, avala la exhumación.
La aparente “neutralidad” del Vaticano tiene por objeto evitar que la momia del dictador sea inhumada en la cripta de la catedral de la Almudena, única opción que contemplaba la familia Franco, y convertir al templo del centro de Madrid en un santuario para la exaltación del único líder fascista de Europa enterrado en una catedral.
La familia del dictador, liderada por el abogado Luis Felipe Utrera Molina –hijo de un ministro falangista de la dictadura–, procura por todos los medios (piensa seguir recurriendo sentencias) que los restos de Franco continúen vinculados a una Iglesia que, en vida, lo paseaba bajo palio como forma de preservar la "dignidad" del personaje.
Un personaje, no hay que olvidarlo, que lideró un levantamiento militar contra el Gobierno legítimo de la República e inició una guerra civil para instaurar una dictadura en España que, no solo prohibió derechos y libertades hoy afortunadamente recuperados, sino que asesinó sin juicio previo o tras juicios sumarísimos a centenares de miles de españoles inocentes, acusados de haber sido leales a la República, albergar ideales izquierdistas y progresistas o, simplemente, no manifestar con la debida convicción su adhesión inquebrantable al “Movimiento Nacional” que impuso Francisco Franco.
Ahora, pues, España recobra la moral y la normalidad democráticas de situar en su sitio –como hizo Alemania con Hitler, Italia con Mussolini, Argentina con Videla o Chile con Pinochet– a aquellos personajes que protagonizaron las páginas más negras de su historia. Y no es revanchismo, como acusa la ultraderecha, sino ser consecuentes con la veracidad histórica.
DANIEL GUERRERO
