Los últimos días de final de las vacaciones en Europa han sido preocupantes en Andalucía y en España y, curiosamente, guardan una estrecha relación con dos importantes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la salud y la producción y el consumo responsable. Me refiero a la crisis de la listeria, una de las más graves que se han registrado en España en términos de vigilancia y de control sanitario.
Una empresa ha desatendido presuntamente los mínimos patrones de control que fijan las autoridades –en este caso, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía– y ha causado una tragedia humana entre dos centenares de ciudadanos que consumieron carne mechada contaminada por listeria. La cuestión no es baladí: el brote de Andalucía es el segundo mayor de todo el mundo, después del que se registró en Sudáfrica entre 2017 y 2018, con 1.060 casos confirmados y 216 fallecimientos.
La empresa, sus propietarios y gestores, es la primera en la cadena de producción y, por tanto, puede ser responsable penal y civilmente. Para tener una idea de lo grave del asunto, hay muchas informaciones que apuntan a que si siquiera tenía los papeles en regla. De hecho, hay informaciones periodísticas que aseguran que no tenía ni licencia de actividad y que, durante casi cinco años, ha fabricado y vendido alimentos procesados sin cumplir con los requisitos administrativos necesarios.
La actuación de la empresa podría costar cara a sus responsables. Hasta cuatro años de cárcel contempla el artículo 363 del Código Penal para los delitos contra la salud pública cometidos por "productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores" o por fabricar o vender "productos nocivos para la salud".
Los agentes públicos, los técnicos veterinarios, los inspectores... son los segundos responsables en la cadena, obviamente con la responsabilidad política que corresponde a los agentes políticos que cuidan de las diversas áreas correspondientes, sanidad y consumo, que tienen una función fundamental en el control por parte del poder público del cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas por ley y velar así por la salud humana.
En todo el mundo se conoce la calidad y el prestigio de los productos alimentarios de España, tradicional exportador a todos los continentes del mundo, además de ser la base del sistema alimentario de este país. Precisamente por ello se hace necesario reflexionar sobre lo que ha sucedido y cómo hacer para evitar nuevas tragedias humanas que pongan en riesgo el prestigio y el trabajo de miles de empresas que cumplen con lo establecido por las normas españolas –que, dicho sea de paso, se sitúan entre las más exigentes de Europa–.
Con todo, el problema no son las normas, ni el marco normativo: es la aplicación de la ley en el día a día, en los establecimientos industriales, muchos de ellos en pequeños pueblos o ciudades medias que representan un motor económico y de empleo y que colaboran con el desarrollo local.
Es importante que el compromiso de España en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se localice en los territorios de forma eficiente y eficaz. Para ello es fundamental que el sector productivo español, toda la cadena, independientemente del tamaño de la empresa, se apropien de los ODS y de las metas establecidas en la Agenda 2030, que buscan el bienestar para las personas (los consumidores) y para el conjunto del planeta, sin dejar a nadie atrás.
¿Y cómo pueden ayudar las empresas en este propósito? Pues encontrando nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y producción sostenibles, ya que ello redundará en interés de la sociedad pero, también, de su propia cuenta de resultados.
Es preciso comprender mejor los efectos ambientales y sociales de los productos y servicios, tanto de los ciclos de vida de los productos como de la forma en que estos se ven afectados por su utilización en los estilos de vida. La identificación en la cadena de valor de los “puntos críticos”– donde las intervenciones tienen mayor potencial para mejorar los efectos ambientales y sociales del sistema en su conjunto– es un primer paso fundamental.
Una empresa ha desatendido presuntamente los mínimos patrones de control que fijan las autoridades –en este caso, Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía– y ha causado una tragedia humana entre dos centenares de ciudadanos que consumieron carne mechada contaminada por listeria. La cuestión no es baladí: el brote de Andalucía es el segundo mayor de todo el mundo, después del que se registró en Sudáfrica entre 2017 y 2018, con 1.060 casos confirmados y 216 fallecimientos.
La empresa, sus propietarios y gestores, es la primera en la cadena de producción y, por tanto, puede ser responsable penal y civilmente. Para tener una idea de lo grave del asunto, hay muchas informaciones que apuntan a que si siquiera tenía los papeles en regla. De hecho, hay informaciones periodísticas que aseguran que no tenía ni licencia de actividad y que, durante casi cinco años, ha fabricado y vendido alimentos procesados sin cumplir con los requisitos administrativos necesarios.
La actuación de la empresa podría costar cara a sus responsables. Hasta cuatro años de cárcel contempla el artículo 363 del Código Penal para los delitos contra la salud pública cometidos por "productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores" o por fabricar o vender "productos nocivos para la salud".
Los agentes públicos, los técnicos veterinarios, los inspectores... son los segundos responsables en la cadena, obviamente con la responsabilidad política que corresponde a los agentes políticos que cuidan de las diversas áreas correspondientes, sanidad y consumo, que tienen una función fundamental en el control por parte del poder público del cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas por ley y velar así por la salud humana.
En todo el mundo se conoce la calidad y el prestigio de los productos alimentarios de España, tradicional exportador a todos los continentes del mundo, además de ser la base del sistema alimentario de este país. Precisamente por ello se hace necesario reflexionar sobre lo que ha sucedido y cómo hacer para evitar nuevas tragedias humanas que pongan en riesgo el prestigio y el trabajo de miles de empresas que cumplen con lo establecido por las normas españolas –que, dicho sea de paso, se sitúan entre las más exigentes de Europa–.
Con todo, el problema no son las normas, ni el marco normativo: es la aplicación de la ley en el día a día, en los establecimientos industriales, muchos de ellos en pequeños pueblos o ciudades medias que representan un motor económico y de empleo y que colaboran con el desarrollo local.
Es importante que el compromiso de España en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se localice en los territorios de forma eficiente y eficaz. Para ello es fundamental que el sector productivo español, toda la cadena, independientemente del tamaño de la empresa, se apropien de los ODS y de las metas establecidas en la Agenda 2030, que buscan el bienestar para las personas (los consumidores) y para el conjunto del planeta, sin dejar a nadie atrás.
¿Y cómo pueden ayudar las empresas en este propósito? Pues encontrando nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y producción sostenibles, ya que ello redundará en interés de la sociedad pero, también, de su propia cuenta de resultados.
Es preciso comprender mejor los efectos ambientales y sociales de los productos y servicios, tanto de los ciclos de vida de los productos como de la forma en que estos se ven afectados por su utilización en los estilos de vida. La identificación en la cadena de valor de los “puntos críticos”– donde las intervenciones tienen mayor potencial para mejorar los efectos ambientales y sociales del sistema en su conjunto– es un primer paso fundamental.
SANTIAGO MARTÍN GALLO
