El tratamiento informativo del caso de los refugiados del Open Arms ha sido sensacionalista e irresponsable. Suele pasar. ¿Qué puede haber más patético que unas personas jugándosela en mitad del mar? ¡Hasta Homero le encontró el filón!
El dramatismo aumenta con dos curtidos actores. Matteo Salvini en el rol de autoridad cruel y sin escrúpulos, frente a Pedro Sánchez que, como sabemos, nunca deja escapar la oportunidad de ponerse ante los focos, aunque sea en Twitter desde la tumbona. Más aún cuando es para hacerse el progre. Al final, entre tanta sobreactuación, el hecho es que ha sido un fiscal el que ha resuelto la situación. Ni Europa, ni Italia, ni España. Un simple fiscal. ¿Acaso no toca pedir responsabilidades?
En cuestiones internacionales, son las entidades supranacionales las que deben establecer las normas y procedimientos. La UE cuenta con poder ejecutivo para establecer un protocolo que señale qué hacer en estos casos. En cambio, ha dejado la iniciativa a los estados, quedándose en un segundo plano. Ha visto mejor evitar dar indicaciones que puedan ser mal valoradas por la ciudadanía, o bien que puedan abrir brechas en el cada vez más frágil escenario europeo. Así están las cosas.
Hay una realidad que no podemos obviar. Una vez que los refugiados llegan a tierra, las cámaras se marchan a por el siguiente barco, o a por la noticia sensacionalista que toque. El refugiado se queda en tierra y, tras comprobarse que no es un terrorista infiltrado, al país de destino le queda decidir si mantenerlo en su territorio o devolverlo a su patria. Y mantenerlo en el territorio implica subvencionar su bienestar y su integración. Y eso es peligroso, porque puede dar pie al efecto llamada.
Ninguna decisión de esta naturaleza debería de ser tomada por un estado. Es la UE la que debería adoptar planes con su correspondiente financiamiento para afrontar estas situaciones con eficiencia.
Si la UE decidiera mañana algo tan inmoral como que los refugiados deban quedarse en el mar, al menos sería una decisión aplicable a todos los estados. Dentro y fuera de Europa, todo el mundo tendría claro qué hay que hacer ante tales casos. Y, sobre todo, si los refugiados lo supieran, no saldrían en tal número a la aventura. Sin embargo, vivimos en la incertidumbre de que, ante unos mismos hechos, lo que se decide hoy puede ser diferente a lo que se decida mañana. Y eso no es serio.
La prensa también tiene su responsabilidad. Salvo honrosas excepciones, se ha enfocado en la sobreactuación de las autoridades españolas e italianas, así como en el drama humanitario. En cambio, he echado en falta el análisis racional, el enfoque a la autoridad que correspondía, el estudio del origen de los refugiados –más allá del geográfico–, el enfoque, en fin, que permite un debate democrático y racional.
Prueba de ello es el ataque a Carmen Calvo por señalar la posibilidad de una sanción al Open Arms, debido a que no tenían permiso para rescatar a personas en el mar. Aunque admito que es una cuestión más que debatible, también es cierto que debe abrirse una seria investigación a la ONG. ¿Quién garantiza que, en efecto, no están asociándose con las mafias? Torres más altas han caído.
Sin embargo, el progresismo barato impone la creencia en el buen talante de sus héroes, mientras que la extrema derecha prefiere creer, sin aportar pruebas, en lo contrario. ¿No es más propio de una democracia avanzada dejar que la Justicia investigue lo que sea necesario? Eso sí que sería serio, pero no vende.
Haereticus dixit.
El dramatismo aumenta con dos curtidos actores. Matteo Salvini en el rol de autoridad cruel y sin escrúpulos, frente a Pedro Sánchez que, como sabemos, nunca deja escapar la oportunidad de ponerse ante los focos, aunque sea en Twitter desde la tumbona. Más aún cuando es para hacerse el progre. Al final, entre tanta sobreactuación, el hecho es que ha sido un fiscal el que ha resuelto la situación. Ni Europa, ni Italia, ni España. Un simple fiscal. ¿Acaso no toca pedir responsabilidades?
En cuestiones internacionales, son las entidades supranacionales las que deben establecer las normas y procedimientos. La UE cuenta con poder ejecutivo para establecer un protocolo que señale qué hacer en estos casos. En cambio, ha dejado la iniciativa a los estados, quedándose en un segundo plano. Ha visto mejor evitar dar indicaciones que puedan ser mal valoradas por la ciudadanía, o bien que puedan abrir brechas en el cada vez más frágil escenario europeo. Así están las cosas.
Hay una realidad que no podemos obviar. Una vez que los refugiados llegan a tierra, las cámaras se marchan a por el siguiente barco, o a por la noticia sensacionalista que toque. El refugiado se queda en tierra y, tras comprobarse que no es un terrorista infiltrado, al país de destino le queda decidir si mantenerlo en su territorio o devolverlo a su patria. Y mantenerlo en el territorio implica subvencionar su bienestar y su integración. Y eso es peligroso, porque puede dar pie al efecto llamada.
Ninguna decisión de esta naturaleza debería de ser tomada por un estado. Es la UE la que debería adoptar planes con su correspondiente financiamiento para afrontar estas situaciones con eficiencia.
Si la UE decidiera mañana algo tan inmoral como que los refugiados deban quedarse en el mar, al menos sería una decisión aplicable a todos los estados. Dentro y fuera de Europa, todo el mundo tendría claro qué hay que hacer ante tales casos. Y, sobre todo, si los refugiados lo supieran, no saldrían en tal número a la aventura. Sin embargo, vivimos en la incertidumbre de que, ante unos mismos hechos, lo que se decide hoy puede ser diferente a lo que se decida mañana. Y eso no es serio.
La prensa también tiene su responsabilidad. Salvo honrosas excepciones, se ha enfocado en la sobreactuación de las autoridades españolas e italianas, así como en el drama humanitario. En cambio, he echado en falta el análisis racional, el enfoque a la autoridad que correspondía, el estudio del origen de los refugiados –más allá del geográfico–, el enfoque, en fin, que permite un debate democrático y racional.
Prueba de ello es el ataque a Carmen Calvo por señalar la posibilidad de una sanción al Open Arms, debido a que no tenían permiso para rescatar a personas en el mar. Aunque admito que es una cuestión más que debatible, también es cierto que debe abrirse una seria investigación a la ONG. ¿Quién garantiza que, en efecto, no están asociándose con las mafias? Torres más altas han caído.
Sin embargo, el progresismo barato impone la creencia en el buen talante de sus héroes, mientras que la extrema derecha prefiere creer, sin aportar pruebas, en lo contrario. ¿No es más propio de una democracia avanzada dejar que la Justicia investigue lo que sea necesario? Eso sí que sería serio, pero no vende.
Haereticus dixit.
RAFAEL SOTO
