Cuando en septiembre de 2015 los jefes de Estado miembros de las Naciones Unidas firmaron la Agenda 2030, se inició un proceso de nuevos protagonismos en el escenario internacional con el surgimiento de las ciudades y de los asentamientos como parte activa de las políticas multilaterales.
La Agenda establece el cambio de paradigmas en relación a la forma de vida actual de los ciudadanos. Los poderes públicos son los inductores de estos cambios reconociendo en la gobernanza local la responsabilidad por el establecimiento de las actuaciones en los territorios para el cumplimiento de las metas establecidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad para el establecimiento de un nuevo pacto social o, como escribe Federico Buyolo, una nueva oportunidad para reestablecer las relaciones con el medio y entre las personas, en función de una nueva realidad, diferente de la que era cuando Jean Jaques Rousseau escribió El Contrato Social, que fue la base de una parte de la civilización en la construcción de las democracias modernas.
El establecimiento del Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles es una excelente hoja de ruta establecida en el marco de Naciones Unidas para los gobiernos locales (no obligatoria, pero con consecuencias económicas) y un triunfo de la actuación de diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que destacamos a la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y sus respectivas asociaciones regionales y nacionales de los cinco continentes.
El Objetivo 11 propone lograr, hasta 2030 –fecha difícil de cumplir por el exiguo tiempo que resta– que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Estos tres principios representan la necesidad de cambios de hábitos de vida por parte del poder público en todas sus esferas administrativas y de los ciudadanos.
Se entiende por "inclusivo" el reconocimiento de que todas las personas tienen el mismo valor; por su parte, "resiliente" es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas y la "sostenibilidad" alude a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Así de simple. Ahora, para ello, se establecieron metas que son de extrema relevancia para las ciudades pequeñas, medias, rurales o para los asentamientos más pequeños.
Las ciudades, sean del tamaño que sean, son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, desarrollos social, conocimiento y mucho más, y han permitido a las personas progresar social y económicamente. Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos locales sean más inclusivos y seguros.
La meta 11.1 establece que, de aquí a 2030, se asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Los poderes locales tienen herramientas para, junto con los Gobiernos regionales, trabajar para alcanzar esta meta.
La vivienda y los servicios básicos, como derechos humanos fundamentales, son reconocidos y se convierten en una meta para ser alcanzada en ámbitos prácticos y con la necesaria participación de la gobernanza territorial. Tanto la vivienda como los servicios básicos se prestan en los barrios, y forman parte del día a día de las personas.
Por otro lado, la mención a los barrios marginales es importante porque permite identificar claramente la necesidad de políticas públicas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de estos barrios que hoy están presentes en muchas ciudades medias de todas las regiones del país.
La meta 11.2 nos invita, antes de 2030, a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres y niños, las personas con discapacidad y las personas de más edad.
Uno de los mayores desafíos de los próximos diez años está representado por esta ambiciosa y necesaria meta. Quizás el transporte público sea hoy en las ciudades grandes e intermedias uno de los mayores problemas para el día a día de los ciudadanos, por su coste e ineficiencia.
Pero es muy importante destacar que es una de las pocas veces en las 169 metas que, de forma tan clara, se establece el público como objetivo que precisa este tipo de políticas, sean locales, regionales, nacionales o multilaterales. Aquí destacamos el término "personas en situación de vulnerabilidad", que debe ser contextualizado pero que, en el caso de España, son más de diez los colectivos que podemos identificar en esta situación.
Por otro lado, las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad también son objeto de mención específica como un grupo que precisa de mayor protección del Estado y el establecimiento de recursos financieros para solucionar las problemáticas ya identificadas. Y es muy valioso destacar que, en esta meta, relacionada con las ciudades –que pueden ser rurales o no– se hace una de las pocas menciones a las personas de edad en el marco de los ODS y de sus metas.
Nadie puede tener dudas de la importancia social, cultural y económica que representan las personas mayores para una sociedad, para un pueblo, para una ciudad, para una región, para un país. El tratamiento que estas personas reciben de la sociedad –sea del sector público o del sector privado– nos proporciona una muestra de sus principios y de sus valores.
España y otros países en Europa y de América Latina contarán hacia 2030 con una población de más del 25 por ciento formada por personas de edad. Por eso se requieren nuevas políticas regionales y locales, nuevos productos y servicios, nuevas relaciones con la tecnología y su usos para mejorar la calidad de vida y para poder incorporar en la realidad económica social de estos territorios a una cuarta parte de su población.
Por otro lado, la meta 11.4 nos desafía a redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, lo que para España representa no solo una necesidad ambiental y social sino económica, por lo que representa el turismo internacional y nacional en todo su territorio.
También se establece como meta hasta 2030 el establecimiento de acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y personas con discapacidad. Todo esto se lleva a la práctica en los barrios, en las ciudades, de ahí la importancia del poder local en el establecimiento de la localización de los ODS.
Aquí nos encontramos ante otra de las pocas referencias en el marco de los ODS a los diferentes grupos o colectivos sociales, pero es muy importante porque trata de un asunto que los ciudadanos precisan en su día a día, en especial los colectivos con mayores necesidades. Las personas con discapacidad, por primera vez, aparecen como parte de un colectivo que debe ser protegido y estimulado para tener una mejor calidad de vida.
De este modo, nos encontramos ante una forma de contemplar a todos y todas y de no dejar a nadie atrás, lo que es sumamente difícil por falta de capacidad política o técnica de las autoridades locales y de técnicos especializados, cuando no de falta de recursos financieros.
La meta 11.a representa la base de la hoja de ruta de las zonas rurales (y otras) en Europa, España y Andalucía. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, es el gran desafío de la mayoría de las regiones rurales de España.
Lo básico, en este momento, es finalizar el proceso de sensibilización de los gobiernos locales y regionales que, posteriormente, tendrán que tener en cuenta los ODS en su trabajo cotidiano. Y también se hace precisa una labor didáctica dirigida a la población en general.
El problema radica en que para que los ODS y estas metas puedan ser cumplidas precisan una serie de convergencias que les posibiliten esta situación, a saber: establecimiento de un marco político administrativo y de una visión estratégica y de gestores públicos comprometidos con la vida de las personas, así como una mejora de la calidad de vida del sistema democrático. Pero ello requiere, claro está, voluntad política.
Por eso, es necesario que las autoridades locales comprendan y se apropien de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, de los ODS y de su relación con las políticas nacionales y regionales, en el caso de España. Esto es una condición sine qua non para que la ciudad pueda aspirar a ser sostenible.
Después es necesario que sus colaboradores, políticos y técnicos en el caso del poder local y regional, tengan los conocimientos técnicos para poder vincular los ODS, así como las metas y sus indicadores a las políticas públicas locales, regionales y nacionales en el marco de sus planes de desarrollo. Esta es quizás la mayor dificultad para su implementación, ya que desafía un trabajo multidimensional y en equipo en las Administraciones regionales y locales y demanda una preparación técnica que debe ser suplida, en caso de no existir, con formación permanente.
También es necesario que se establezca una gobernanza, un mecanismo de relaciones, transparente y participativo a nivel local, con conexiones regionales y nacionales para la implementación de la Localizacion de los ODS en los territorios locales, a través de una comisión u órgano de carácter consultivo que tenga atribuciones reales.
Por experiencia, creo que también es fundamental la creación de algún grado de institucionalidad para el fortalecimiento de la implementación de la política de desarrollo sostenible en el territorio, pues varía en función de las posibilidades de las Administraciones municipales, de su capacidad técnica, política e institucional en el marco del territorio. En la práctica supone el establecimiento de una comisión o grupo de trabajo, de un sistema de gobernanza, de un planeamiento estratégico y de un plan de trabajo: nada complejo, pero debe ser sistemático, organizado y planeado.
En el caso de España, algunas Administraciones, muy pocas, ya están trabajando de forma activa. Muchas no saben cómo trabajar esta temática y otras no tienen técnicos con conocimientos suficientes para poder implementar políticas públicas que incorporen la Agenda 2030 en sus programas y planes territoriales. Todavía existen Gobiernos locales y regionales que no están suficientemente familiarizados con este conjunto universal e integrado de metas.
Todos los ODS tienen objetivos y metas directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos regionales o locales. El desafío de las comunidades autónomas, de las provincias y de los municipios es poder trabajar en la localización de la Agenda 2030, establecida en términos nacionales por el Alto Comisionado y que representa la política del Estado español en relación con el desarrollo sostenible –por cierto, considerada un ejemplo en todo el mundo–.
Por ultimo, cabe destacar que los fondos europeos, recursos muy utilizados para el desarrollo de zonas desfavorecidas también en España, tendrán cada vez mayores exigencias para la obtención de subvenciones, ayudas o créditos, lo que obliga a las Administraciones locales a hacer suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para no dejar a nadie atrás con sus políticas locales, en especial en los territorios más necesitados, en las regiones despobladas, es las zonas rurales y en las ciudades pequeñas y medianas.
La Agenda establece el cambio de paradigmas en relación a la forma de vida actual de los ciudadanos. Los poderes públicos son los inductores de estos cambios reconociendo en la gobernanza local la responsabilidad por el establecimiento de las actuaciones en los territorios para el cumplimiento de las metas establecidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una oportunidad para el establecimiento de un nuevo pacto social o, como escribe Federico Buyolo, una nueva oportunidad para reestablecer las relaciones con el medio y entre las personas, en función de una nueva realidad, diferente de la que era cuando Jean Jaques Rousseau escribió El Contrato Social, que fue la base de una parte de la civilización en la construcción de las democracias modernas.
El establecimiento del Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles es una excelente hoja de ruta establecida en el marco de Naciones Unidas para los gobiernos locales (no obligatoria, pero con consecuencias económicas) y un triunfo de la actuación de diversas entidades nacionales e internacionales, entre las que destacamos a la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y sus respectivas asociaciones regionales y nacionales de los cinco continentes.
El Objetivo 11 propone lograr, hasta 2030 –fecha difícil de cumplir por el exiguo tiempo que resta– que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y sostenibles. Estos tres principios representan la necesidad de cambios de hábitos de vida por parte del poder público en todas sus esferas administrativas y de los ciudadanos.
Se entiende por "inclusivo" el reconocimiento de que todas las personas tienen el mismo valor; por su parte, "resiliente" es la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas y la "sostenibilidad" alude a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras. Así de simple. Ahora, para ello, se establecieron metas que son de extrema relevancia para las ciudades pequeñas, medias, rurales o para los asentamientos más pequeños.
Las ciudades, sean del tamaño que sean, son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, desarrollos social, conocimiento y mucho más, y han permitido a las personas progresar social y económicamente. Se necesita mejorar la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos locales sean más inclusivos y seguros.
La meta 11.1 establece que, de aquí a 2030, se asegure el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Los poderes locales tienen herramientas para, junto con los Gobiernos regionales, trabajar para alcanzar esta meta.
La vivienda y los servicios básicos, como derechos humanos fundamentales, son reconocidos y se convierten en una meta para ser alcanzada en ámbitos prácticos y con la necesaria participación de la gobernanza territorial. Tanto la vivienda como los servicios básicos se prestan en los barrios, y forman parte del día a día de las personas.
Por otro lado, la mención a los barrios marginales es importante porque permite identificar claramente la necesidad de políticas públicas eficaces y eficientes para mejorar la calidad de vida de estos barrios que hoy están presentes en muchas ciudades medias de todas las regiones del país.
La meta 11.2 nos invita, antes de 2030, a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres y niños, las personas con discapacidad y las personas de más edad.
Uno de los mayores desafíos de los próximos diez años está representado por esta ambiciosa y necesaria meta. Quizás el transporte público sea hoy en las ciudades grandes e intermedias uno de los mayores problemas para el día a día de los ciudadanos, por su coste e ineficiencia.
Pero es muy importante destacar que es una de las pocas veces en las 169 metas que, de forma tan clara, se establece el público como objetivo que precisa este tipo de políticas, sean locales, regionales, nacionales o multilaterales. Aquí destacamos el término "personas en situación de vulnerabilidad", que debe ser contextualizado pero que, en el caso de España, son más de diez los colectivos que podemos identificar en esta situación.
Por otro lado, las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad también son objeto de mención específica como un grupo que precisa de mayor protección del Estado y el establecimiento de recursos financieros para solucionar las problemáticas ya identificadas. Y es muy valioso destacar que, en esta meta, relacionada con las ciudades –que pueden ser rurales o no– se hace una de las pocas menciones a las personas de edad en el marco de los ODS y de sus metas.
Nadie puede tener dudas de la importancia social, cultural y económica que representan las personas mayores para una sociedad, para un pueblo, para una ciudad, para una región, para un país. El tratamiento que estas personas reciben de la sociedad –sea del sector público o del sector privado– nos proporciona una muestra de sus principios y de sus valores.
España y otros países en Europa y de América Latina contarán hacia 2030 con una población de más del 25 por ciento formada por personas de edad. Por eso se requieren nuevas políticas regionales y locales, nuevos productos y servicios, nuevas relaciones con la tecnología y su usos para mejorar la calidad de vida y para poder incorporar en la realidad económica social de estos territorios a una cuarta parte de su población.
Por otro lado, la meta 11.4 nos desafía a redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, lo que para España representa no solo una necesidad ambiental y social sino económica, por lo que representa el turismo internacional y nacional en todo su territorio.
También se establece como meta hasta 2030 el establecimiento de acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y personas con discapacidad. Todo esto se lleva a la práctica en los barrios, en las ciudades, de ahí la importancia del poder local en el establecimiento de la localización de los ODS.
Aquí nos encontramos ante otra de las pocas referencias en el marco de los ODS a los diferentes grupos o colectivos sociales, pero es muy importante porque trata de un asunto que los ciudadanos precisan en su día a día, en especial los colectivos con mayores necesidades. Las personas con discapacidad, por primera vez, aparecen como parte de un colectivo que debe ser protegido y estimulado para tener una mejor calidad de vida.
De este modo, nos encontramos ante una forma de contemplar a todos y todas y de no dejar a nadie atrás, lo que es sumamente difícil por falta de capacidad política o técnica de las autoridades locales y de técnicos especializados, cuando no de falta de recursos financieros.
La meta 11.a representa la base de la hoja de ruta de las zonas rurales (y otras) en Europa, España y Andalucía. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional, es el gran desafío de la mayoría de las regiones rurales de España.
Lo básico, en este momento, es finalizar el proceso de sensibilización de los gobiernos locales y regionales que, posteriormente, tendrán que tener en cuenta los ODS en su trabajo cotidiano. Y también se hace precisa una labor didáctica dirigida a la población en general.
El problema radica en que para que los ODS y estas metas puedan ser cumplidas precisan una serie de convergencias que les posibiliten esta situación, a saber: establecimiento de un marco político administrativo y de una visión estratégica y de gestores públicos comprometidos con la vida de las personas, así como una mejora de la calidad de vida del sistema democrático. Pero ello requiere, claro está, voluntad política.
Por eso, es necesario que las autoridades locales comprendan y se apropien de la Agenda 2030, del desarrollo sostenible, de los ODS y de su relación con las políticas nacionales y regionales, en el caso de España. Esto es una condición sine qua non para que la ciudad pueda aspirar a ser sostenible.
Después es necesario que sus colaboradores, políticos y técnicos en el caso del poder local y regional, tengan los conocimientos técnicos para poder vincular los ODS, así como las metas y sus indicadores a las políticas públicas locales, regionales y nacionales en el marco de sus planes de desarrollo. Esta es quizás la mayor dificultad para su implementación, ya que desafía un trabajo multidimensional y en equipo en las Administraciones regionales y locales y demanda una preparación técnica que debe ser suplida, en caso de no existir, con formación permanente.
También es necesario que se establezca una gobernanza, un mecanismo de relaciones, transparente y participativo a nivel local, con conexiones regionales y nacionales para la implementación de la Localizacion de los ODS en los territorios locales, a través de una comisión u órgano de carácter consultivo que tenga atribuciones reales.
Por experiencia, creo que también es fundamental la creación de algún grado de institucionalidad para el fortalecimiento de la implementación de la política de desarrollo sostenible en el territorio, pues varía en función de las posibilidades de las Administraciones municipales, de su capacidad técnica, política e institucional en el marco del territorio. En la práctica supone el establecimiento de una comisión o grupo de trabajo, de un sistema de gobernanza, de un planeamiento estratégico y de un plan de trabajo: nada complejo, pero debe ser sistemático, organizado y planeado.
En el caso de España, algunas Administraciones, muy pocas, ya están trabajando de forma activa. Muchas no saben cómo trabajar esta temática y otras no tienen técnicos con conocimientos suficientes para poder implementar políticas públicas que incorporen la Agenda 2030 en sus programas y planes territoriales. Todavía existen Gobiernos locales y regionales que no están suficientemente familiarizados con este conjunto universal e integrado de metas.
Todos los ODS tienen objetivos y metas directamente relacionadas con las responsabilidades de los gobiernos regionales o locales. El desafío de las comunidades autónomas, de las provincias y de los municipios es poder trabajar en la localización de la Agenda 2030, establecida en términos nacionales por el Alto Comisionado y que representa la política del Estado español en relación con el desarrollo sostenible –por cierto, considerada un ejemplo en todo el mundo–.
Por ultimo, cabe destacar que los fondos europeos, recursos muy utilizados para el desarrollo de zonas desfavorecidas también en España, tendrán cada vez mayores exigencias para la obtención de subvenciones, ayudas o créditos, lo que obliga a las Administraciones locales a hacer suyos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para no dejar a nadie atrás con sus políticas locales, en especial en los territorios más necesitados, en las regiones despobladas, es las zonas rurales y en las ciudades pequeñas y medianas.
SANTIAGO MARTÍN GALLO
