Promover el conocimiento y la apropiación de la Agenda 2030 por parte de la gobernanza del territorio y, en especial, entre la ciudadanía resulta fundamental para la implementación y localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para poder alcanzar este propósito es necesario promover campañas de sensibilización y difusión masiva, entre otros recursos.
Y es que si queremos una estrategia ambiciosa, habrá resistencias que romper y la complicidad con la ciudadanía debe considerarse un importante elemento de cambio. En todos los medios de comunicación –prensa escrita, digital, radio, televisión...– se debe incorporar el avance de los ODS mediante informaciones, buscando alianzas con los medios privados para la sensibilización y la comunicación de los resultados.
Existe un claro consenso acerca de que uno de los grandes desafíos de la aplicación de la Agenda 2030 es el conocimiento e implicación de la ciudadanía con los ODS. Tanto los gobiernos estatales, autonómicos y locales como los medios de comunicación tienen la responsabilidad de abordar este desafío.
Será necesario, por tanto, que la ciudadanía vea que sus grandes preocupaciones, como el desempleo, la pobreza, la corrupción, el cambio climático, la violencia de género o la sequía, entre otras cuestiones, tienen una solución prevista en la Agenda 2030.
Pero hace falta algo más que buena voluntad para lograr este propósito. Los territorios españoles precisan una estrategia de desarrollo sostenible para un nuevo modelo de sociedad y de país que aborde los problemas más urgentes y que tenga como foco las personas y el planeta, no dejando a nadie atrás.
Los ODS son la hoja de ruta para luchar contra la pobreza y la exclusión social; para mejorar la sanidad; para promover una dieta sana para las personas; para garantizar derechos a todas las personas con independencia de su condición, de la región en la que vivan, de su ideología del color de su piel.
Sin duda, la Agenda 2030 es una oportunidad inmejorable para cambiar el paradigma en España. Y el momento es ahora. Por eso se precisan acciones rápidas e inminentes en el comportamiento de la ciudadanía, por la magnitud del problema planetario –por ejemplo, el cambio climático– para revertir las consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para la vida en el planeta.
Se trata de comprender que la responsabilidad de la aplicación de la Agenda 2030 es del conjunto de la ciudadanía, que deberá sentir el respaldo de las políticas públicas y de las subvenciones a programas que busquen el cumplimiento de las metas establecidas sobre la base de los indicadores definidos por España, tanto por parte del poder público como del sector privado.
No hay más tiempo que perder. Las relaciones sociales, económicas y ambientales precisan ser reconsideradas y verse desde un prisma distinto, en una visión holística, realista y pragmática, que permita los cambios necesarios para evitar las consecuencias de tener resultados ambientales alarmantes, con índices de desarrollo humano por debajo de las potencialidades del capital social de España y de Andalucía en particular que, de no remediarse, se convertirá en una tierra rica con personas pobres.
Es necesario permitir la diversificación y el fortalecimiento de la actividad económica en el territorio andaluz, asegurando la incorporación de personas al campo, especialmente mujeres y jóvenes, y dotar de los servicios necesarios como escuelas, centros de salud, Internet de banda ancha o programas de desarrollo económico local, sin olvidar el fomento de la agricultura familiar, los mercados de abastos, los mercadillos, los comercios de cercanía y la labor de los artesanos. De este modo se potenciará el fortalecimiento del mundo rural.
A partir de 2020, todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado en España deben estar alineadas con las metas y objetivos de la Agenda 2030. De hecho, se deberá llevar a cabo un seguimiento económico de su implementación y, a su vez, se garantizará que los recursos llegan a los más vulnerables y a los grupos con mayor necesidad en cada uno de los territorios de este país.
De este modo, los Presupuestos Generales del Estado deberán contar con partidas dirigidas, por ejemplo, a promover la igualdad de oportunidades de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres, la infancia, la población migrante, los autónomos rurales, los trabajadores pobres, así como a reducir la desigualdad entre los territorios. Por ello hay que cuantificar los umbrales mínimos de inversión dirigidos explícitamente a la consecución de los ODS y monitorizar los resultados de las acciones y la aplicación efectiva de cada una de las subvenciones.
Y es que si queremos una estrategia ambiciosa, habrá resistencias que romper y la complicidad con la ciudadanía debe considerarse un importante elemento de cambio. En todos los medios de comunicación –prensa escrita, digital, radio, televisión...– se debe incorporar el avance de los ODS mediante informaciones, buscando alianzas con los medios privados para la sensibilización y la comunicación de los resultados.
Existe un claro consenso acerca de que uno de los grandes desafíos de la aplicación de la Agenda 2030 es el conocimiento e implicación de la ciudadanía con los ODS. Tanto los gobiernos estatales, autonómicos y locales como los medios de comunicación tienen la responsabilidad de abordar este desafío.
Será necesario, por tanto, que la ciudadanía vea que sus grandes preocupaciones, como el desempleo, la pobreza, la corrupción, el cambio climático, la violencia de género o la sequía, entre otras cuestiones, tienen una solución prevista en la Agenda 2030.
Pero hace falta algo más que buena voluntad para lograr este propósito. Los territorios españoles precisan una estrategia de desarrollo sostenible para un nuevo modelo de sociedad y de país que aborde los problemas más urgentes y que tenga como foco las personas y el planeta, no dejando a nadie atrás.
Los ODS son la hoja de ruta para luchar contra la pobreza y la exclusión social; para mejorar la sanidad; para promover una dieta sana para las personas; para garantizar derechos a todas las personas con independencia de su condición, de la región en la que vivan, de su ideología del color de su piel.
Sin duda, la Agenda 2030 es una oportunidad inmejorable para cambiar el paradigma en España. Y el momento es ahora. Por eso se precisan acciones rápidas e inminentes en el comportamiento de la ciudadanía, por la magnitud del problema planetario –por ejemplo, el cambio climático– para revertir las consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para la vida en el planeta.
Se trata de comprender que la responsabilidad de la aplicación de la Agenda 2030 es del conjunto de la ciudadanía, que deberá sentir el respaldo de las políticas públicas y de las subvenciones a programas que busquen el cumplimiento de las metas establecidas sobre la base de los indicadores definidos por España, tanto por parte del poder público como del sector privado.
No hay más tiempo que perder. Las relaciones sociales, económicas y ambientales precisan ser reconsideradas y verse desde un prisma distinto, en una visión holística, realista y pragmática, que permita los cambios necesarios para evitar las consecuencias de tener resultados ambientales alarmantes, con índices de desarrollo humano por debajo de las potencialidades del capital social de España y de Andalucía en particular que, de no remediarse, se convertirá en una tierra rica con personas pobres.
Es necesario permitir la diversificación y el fortalecimiento de la actividad económica en el territorio andaluz, asegurando la incorporación de personas al campo, especialmente mujeres y jóvenes, y dotar de los servicios necesarios como escuelas, centros de salud, Internet de banda ancha o programas de desarrollo económico local, sin olvidar el fomento de la agricultura familiar, los mercados de abastos, los mercadillos, los comercios de cercanía y la labor de los artesanos. De este modo se potenciará el fortalecimiento del mundo rural.
A partir de 2020, todas las partidas de los Presupuestos Generales del Estado en España deben estar alineadas con las metas y objetivos de la Agenda 2030. De hecho, se deberá llevar a cabo un seguimiento económico de su implementación y, a su vez, se garantizará que los recursos llegan a los más vulnerables y a los grupos con mayor necesidad en cada uno de los territorios de este país.
De este modo, los Presupuestos Generales del Estado deberán contar con partidas dirigidas, por ejemplo, a promover la igualdad de oportunidades de colectivos especialmente vulnerables, como las mujeres, la infancia, la población migrante, los autónomos rurales, los trabajadores pobres, así como a reducir la desigualdad entre los territorios. Por ello hay que cuantificar los umbrales mínimos de inversión dirigidos explícitamente a la consecución de los ODS y monitorizar los resultados de las acciones y la aplicación efectiva de cada una de las subvenciones.
SANTIAGO MARTÍN GALLO
