Diez años después del inicio de la denominada "crisis", una de cada tres personas residentes en Andalucía está en riesgo de pobreza o de exclusión social. En concreto, el 37,3 por ciento de la población (más de 3,1 millones de habitantes) se encontraba en esa situación el pasado año 2018. Pese a que en los últimos dos años la tasa se ha reducido en seis puntos porcentuales, las estadísticas y los indicadores de este fenómeno siguen ofreciendo datos sangrantes.
Tanto en lo que respecta a la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis, la realidad de la pobreza en Andalucía ofrece una fotografía de la desigualdad "crítica" en la comunidad autónoma. Entre los datos más destacados sobresalen que un 33 por ciento de las pensiones en Andalucía se sitúan por debajo del umbral de la pobreza; que las mujeres cobran 3.583 euros menos al año que los hombres; o que tres de cada diez trabajadores de Andalucía no superan los 327 euros al mes.
En la Agenda 2030, el Objetivo 1 trata del fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y, a pesar de que los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990 –lo que, sin duda, constituye un logro importante– todavía hoy, una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dolares por día. Además, hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que hay que agregar que hay muchas personas, inclusive en España y en Andalucía, en riesgo de recaer en la pobreza.
Debemos considerar que la pobreza es más que la falta de recursos o de ingresos económicos que garanticen una vida sostenible. Entre sus manifestaciones se incluyen también el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social, como así también la falta de poder influir en la toma de decisiones.
Por ello es importante que el crecimiento económico de los territorios sea inclusivo, con el objetivo de crear empleos sostenibles y que promuevan la igualdad. A ello deben ir dirigidas las políticas de generación de empleo y renta que las comunidades autónomas y los ayuntamientos promuevan en Andalucía y España.
Entre las metas establecidas por el Objetivo 1, es importante destacar –para que los próximos administradores públicos de los ayuntamientos y los diputados provinciales lo tomen en consideración– la necesidad de implementar a nivel nacional y territorial sistemas y medidas de protección social para todos, incluyendo niveles mínimos para que, de aquí hasta 2030, se pueda lograr una amplia cobertura de las personas más pobres y vulnerables.
Por otro lado, la Agenda se propone hasta 2030 reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones y garantizar a estos, en particular a los más pobres y vulnerables, que tengan los mismos derechos a los recursos económicos y el mismo acceso a los recursos básicos, la propiedad, el control de la tierra y otros bienes, así como la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías o los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
Precisamos políticas públicas y planos de desarrollo local que promuevan la solución de este problema que acecha a Andalucía y es precisamente a través de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos como podremos trabajar para solventar este problema junto con el sector privado, la sociedad civil y el sector del conocimiento.
Tenemos una oportunidad en Andalucía y en España a raíz de la elección de los nuevos diputados y senadores y, a partir del próximo 26 de mayo, de los nuevos alcaldes y concejales, que deberán trabajar de forma continua y eficiente en el día a día para dar respuesta a esta problemática, junto con otras necesidades básicas que busquen garantizar la justicia social y que, sin duda, son la base para el desarrollo sostenible de los territorios.
Tanto en lo que respecta a la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis, la realidad de la pobreza en Andalucía ofrece una fotografía de la desigualdad "crítica" en la comunidad autónoma. Entre los datos más destacados sobresalen que un 33 por ciento de las pensiones en Andalucía se sitúan por debajo del umbral de la pobreza; que las mujeres cobran 3.583 euros menos al año que los hombres; o que tres de cada diez trabajadores de Andalucía no superan los 327 euros al mes.
En la Agenda 2030, el Objetivo 1 trata del fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo y, a pesar de que los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990 –lo que, sin duda, constituye un logro importante– todavía hoy, una de cada cinco personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 dolares por día. Además, hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esa cantidad diaria, a lo que hay que agregar que hay muchas personas, inclusive en España y en Andalucía, en riesgo de recaer en la pobreza.
Debemos considerar que la pobreza es más que la falta de recursos o de ingresos económicos que garanticen una vida sostenible. Entre sus manifestaciones se incluyen también el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social, como así también la falta de poder influir en la toma de decisiones.
Por ello es importante que el crecimiento económico de los territorios sea inclusivo, con el objetivo de crear empleos sostenibles y que promuevan la igualdad. A ello deben ir dirigidas las políticas de generación de empleo y renta que las comunidades autónomas y los ayuntamientos promuevan en Andalucía y España.
Entre las metas establecidas por el Objetivo 1, es importante destacar –para que los próximos administradores públicos de los ayuntamientos y los diputados provinciales lo tomen en consideración– la necesidad de implementar a nivel nacional y territorial sistemas y medidas de protección social para todos, incluyendo niveles mínimos para que, de aquí hasta 2030, se pueda lograr una amplia cobertura de las personas más pobres y vulnerables.
Por otro lado, la Agenda se propone hasta 2030 reducir a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones y garantizar a estos, en particular a los más pobres y vulnerables, que tengan los mismos derechos a los recursos económicos y el mismo acceso a los recursos básicos, la propiedad, el control de la tierra y otros bienes, así como la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías o los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
Precisamos políticas públicas y planos de desarrollo local que promuevan la solución de este problema que acecha a Andalucía y es precisamente a través de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos como podremos trabajar para solventar este problema junto con el sector privado, la sociedad civil y el sector del conocimiento.
Tenemos una oportunidad en Andalucía y en España a raíz de la elección de los nuevos diputados y senadores y, a partir del próximo 26 de mayo, de los nuevos alcaldes y concejales, que deberán trabajar de forma continua y eficiente en el día a día para dar respuesta a esta problemática, junto con otras necesidades básicas que busquen garantizar la justicia social y que, sin duda, son la base para el desarrollo sostenible de los territorios.
SANTIAGO MARTÍN GALLO
