Los jueces, magistrados y fiscales de los Juzgados de Dos Hermanas han respaldado a mediodía de este jueves, día 5 de abril, con una concentración a las puertas de esta sede judicial, las distintas medidas que las asociaciones judiciales y fiscales han pedido al Gobierno central, tendentes al refuerzo de la independencia judicial, a la modernización de la Administración de Justicia o a la racionalización de la Planta Judicial, entre otras.
Con motivo de esta protesta, los jueces y fiscales que se encuentran destinados en los Juzgados de Dos Hermanas han emitido además un comunicado de prensa, con la intención de trasladar a la opinión pública sus reivindicaciones, que, recogidas en catorce puntos, fueron propuestas en junio de 2017 por las asociaciones judiciales y asumidas por 1.200 juntas de jueces de todo el país, contando con la adhesión de 3.500 jueces y magistrados, así como las peticiones efectuadas por las asociaciones de fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.
Las medidas que quieren que se pongan en marcha lo antes posible, y que han dirigido a las Cortes Generales, al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasan en primer lugar por el reforzamiento de la independencia judicial mediante la presentación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con el CGPJ para que este recupere el régimen competencial y se garantice la elección de los vocales por jueces y magistrados, asegurando además la igualdad de género y la representatividad.
Los jueves y fiscales han pedido que el CGPJ ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia, que se retiren las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ; que se objetive el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales y que se suprima la designación de magistrados por los Parlamentos autonómicos.
Con la intención de modernizar la Administración de Justicia, para dotarla de mayor calidad y eficacia, han solicitado un plan de inversión suficiente y prolongado en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado, entre otros aspectos, a incrementar las plantas judicial y fiscal, a modernizar los edificios judiciales y fiscalías, a iniciar un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, y a procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
En cuanto a la racionalización de la Plan Judicial, piden la implantación de los tribunales de instancia, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas, y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales suficientes para atender el incremento de los litigios; que se evite la precarización judicial y fiscal con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, contándose con una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas; que se revise el modelo de Oficina Judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales; que se compatibilicen los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, y que se dote de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
Con la intención de mejorar las condiciones profesionales, se solicita la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones, con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función; el impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere; reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad; la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales, y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, se incluye la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
Con motivo de esta protesta, los jueces y fiscales que se encuentran destinados en los Juzgados de Dos Hermanas han emitido además un comunicado de prensa, con la intención de trasladar a la opinión pública sus reivindicaciones, que, recogidas en catorce puntos, fueron propuestas en junio de 2017 por las asociaciones judiciales y asumidas por 1.200 juntas de jueces de todo el país, contando con la adhesión de 3.500 jueces y magistrados, así como las peticiones efectuadas por las asociaciones de fiscales en mejora de su Estatuto y funciones.
Las medidas que quieren que se pongan en marcha lo antes posible, y que han dirigido a las Cortes Generales, al Gobierno central y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pasan en primer lugar por el reforzamiento de la independencia judicial mediante la presentación de un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación con el CGPJ para que este recupere el régimen competencial y se garantice la elección de los vocales por jueces y magistrados, asegurando además la igualdad de género y la representatividad.
Los jueves y fiscales han pedido que el CGPJ ampare de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia, que se retiren las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la LOPJ que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ; que se objetive el sistema de nombramiento de altos cargos judiciales y que se suprima la designación de magistrados por los Parlamentos autonómicos.
Con la intención de modernizar la Administración de Justicia, para dotarla de mayor calidad y eficacia, han solicitado un plan de inversión suficiente y prolongado en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado, entre otros aspectos, a incrementar las plantas judicial y fiscal, a modernizar los edificios judiciales y fiscalías, a iniciar un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, y a procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
En cuanto a la racionalización de la Plan Judicial, piden la implantación de los tribunales de instancia, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas, y que, mientras tanto, se creen órganos judiciales suficientes para atender el incremento de los litigios; que se evite la precarización judicial y fiscal con eliminación de las adscripciones forzosas y supresión de las figuras de “sustitución y refuerzo” en el periodo de prácticas formativas, contándose con una adecuada formación para ejercer en las jurisdicciones especializadas; que se revise el modelo de Oficina Judicial sobre las experiencias piloto, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones y sobre la base de que es un instrumento para apoyar y facilitar el trabajo de los órganos jurisdiccionales; que se compatibilicen los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional, y que se dote de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la Autoridad judicial y fiscal.
Con la intención de mejorar las condiciones profesionales, se solicita la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones, con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función; el impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere; reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, así como el permiso de paternidad; la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales, y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y la igualdad de los derechos pasivos con respecto a los beneficiarios de la Seguridad Social.
Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, se incluye la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, la paralización de la implantación de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
