Abogados nazarenos se han unido este jueves, día 19 de abril, a la protesta convocada por la Red de Abogados de Andalucía, y que se ha concretado en la concentración que se ha desarrollado ante el edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla, junto con la convocada en todas las capitales andaluzas y españolas, en defensa de la Justicia y de la profesión de abogado.
Durante la protesta los abogados han querido hacer patente "el olvido y maltrato por parte del Gobierno estatal y autonómico en todo lo relacionado con la Administración de Justicia, lo que se traduce en una Justicia lenta, sobrecargada, ineficaz y mal dotada de medios".
En manifiesto, consideran que la Justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, "por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión en paz social, seguridad jurídica y progreso económico", así como una actividad económica de vital trascendencia que genera enormes rendimientos para el Estado y da empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas, y, por supuesto, "el poder de control del poder político y una garantía para la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas".
Dentro de la misma, los abogados "somos los actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad", de ahí que en su manifiesto denuncien los siguientes puntos:
- Que la inversión en Justicia es claramente insuficiente, hasta el punto de que se puede hablar de una cierta Justicia fallida, incapaz por su inoperancia de dar solución y protección a la ciudadanía.
- Que nuestra Justicia no es independiente, pues, a través de un CGPJ politizado, el poder político hace y deshace a su antojo.
- Que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pagan tarde y mal a los abogados de oficio que prestan la Justicia Gratuita.
- Que los abogados, y muy especialmente las abogadas, no pueden conciliar su vida familiar y profesional, careciendo de descansos y permisos que sí disfrutan otros colectivos laborales y profesionales.
- Que las Pymes y Asociaciones españolas siguen teniendo que pagar una tasa para acceder al derecho fundamental de la Justicia, convirtiéndola en una de las actividades con mayor gravamen fiscal.
- Que la Justicia digital que se ha implantado no es de buena calidad y está bajo el control del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con Justicia trasferida, lo que repugna al sentido común por atentar contra la separación de poderes.
- Que los juzgados uniprovinciales de Cláusulas Abusivas ocasionan un grave problema para los consumidores y están absolutamente desbordaos.
Por todo ello exigen al Gobierno central y a la Junta de Andalucía las siguientes cuestiones: Una Justicia con medios, independiente, digna, profesional, accesible, eficaz y cercana.
Por último, solicitan a la ciudadanía su apoyo ya que la situación "es tan grave y preocupante, y la realidad de la Justicia tan penosa y lamentable, que, de seguir así, no vamos a poder garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía ni ampararla frente a los abusos y corruptelas del poder político", concluyendo que la Red de Abogados de Andalucía, en unión con Red de Abogados de España, no descarta nuevas movilizaciones y medidas de presión de no abrirse una mesa de negociación, en la que, de forma independiente o junto con otros actores implicados en materia de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Junta asuman compromisos firmes, en sus respectivas áreas de competencia, sobre estas reivindicaciones.
Durante la protesta los abogados han querido hacer patente "el olvido y maltrato por parte del Gobierno estatal y autonómico en todo lo relacionado con la Administración de Justicia, lo que se traduce en una Justicia lenta, sobrecargada, ineficaz y mal dotada de medios".
En manifiesto, consideran que la Justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, "por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión en paz social, seguridad jurídica y progreso económico", así como una actividad económica de vital trascendencia que genera enormes rendimientos para el Estado y da empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas, y, por supuesto, "el poder de control del poder político y una garantía para la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas".
Dentro de la misma, los abogados "somos los actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad", de ahí que en su manifiesto denuncien los siguientes puntos:
- Que la inversión en Justicia es claramente insuficiente, hasta el punto de que se puede hablar de una cierta Justicia fallida, incapaz por su inoperancia de dar solución y protección a la ciudadanía.
- Que nuestra Justicia no es independiente, pues, a través de un CGPJ politizado, el poder político hace y deshace a su antojo.
- Que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España pagan tarde y mal a los abogados de oficio que prestan la Justicia Gratuita.
- Que los abogados, y muy especialmente las abogadas, no pueden conciliar su vida familiar y profesional, careciendo de descansos y permisos que sí disfrutan otros colectivos laborales y profesionales.
- Que las Pymes y Asociaciones españolas siguen teniendo que pagar una tasa para acceder al derecho fundamental de la Justicia, convirtiéndola en una de las actividades con mayor gravamen fiscal.
- Que la Justicia digital que se ha implantado no es de buena calidad y está bajo el control del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con Justicia trasferida, lo que repugna al sentido común por atentar contra la separación de poderes.
- Que los juzgados uniprovinciales de Cláusulas Abusivas ocasionan un grave problema para los consumidores y están absolutamente desbordaos.
Por todo ello exigen al Gobierno central y a la Junta de Andalucía las siguientes cuestiones: Una Justicia con medios, independiente, digna, profesional, accesible, eficaz y cercana.
Por último, solicitan a la ciudadanía su apoyo ya que la situación "es tan grave y preocupante, y la realidad de la Justicia tan penosa y lamentable, que, de seguir así, no vamos a poder garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía ni ampararla frente a los abusos y corruptelas del poder político", concluyendo que la Red de Abogados de Andalucía, en unión con Red de Abogados de España, no descarta nuevas movilizaciones y medidas de presión de no abrirse una mesa de negociación, en la que, de forma independiente o junto con otros actores implicados en materia de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Junta asuman compromisos firmes, en sus respectivas áreas de competencia, sobre estas reivindicaciones.
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
