El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha aprobado pedir al Gobierno central que asuma el coste de las medidas de protección incluidas en el decreto de octubre del presente año destinado a ayudar a aquellas personas o familias que, debido a la crisis económica, no puedan hacer frente al pago del consumo eléctrico o de gas en su hogar, ya que este gasto se contempla que sólo recaiga sobre los ayuntamientos o comunidades autónomas.
Esta petición, entre otras, salió adelante con el apoyo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento nazareno a una moción que presentó el Grupo Socialista con la intención de pedir al Gobierno central la regulación de la figura del consumidor vulnerable, que contó con el voto favorable del propio Grupo Socialista, del Popular y de IU, y con la abstención de Sí Se Puede Dos Hermanas y el voto negativo de Ciudadanos.
En dicha moción se hace referencia al decreto de octubre del presente año por el que se regula la figura del consumidor vulnerable -personas o unidades familiares con umbrales de renta muy bajos-, el bono social y otras medidas de protección para aquellos consumidores domésticos de energía eléctrica, recogiéndose que en estos casos se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan el 50% de la factura.
Esta medida ha sido cuestionada por numerosos expertos y organizaciones sociales -como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España-, al entender que no es la forma más adecuada para abordar el problema, ya que posee "lagunas y efectos perversos" -según se recoge en dicha moción-, como es el caso del importante impacto presupuestario que recaerá sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
En la moción del Grupo Socialista se añade que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 no contemplan el impacto de la medida y que se generará una sobrecarga "de gestión imposible" para los servicios sociales y para los profesionales "ya exhaustos", por cuanto durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados sus recursos, y porque se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos), mientras que otras, mucho más castigadas actualmente (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Dos Hermanas propuso, como así fue aprobado, que se pidiera al Gobierno central que se refuerce el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.
Asimismo, se solicita la reforma del Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales -ayuntamientos o comunidades autónomas- y que se incluya en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable.
Por último, se pidió que se aprobara, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
Esta petición, entre otras, salió adelante con el apoyo mayoritario del Pleno del Ayuntamiento nazareno a una moción que presentó el Grupo Socialista con la intención de pedir al Gobierno central la regulación de la figura del consumidor vulnerable, que contó con el voto favorable del propio Grupo Socialista, del Popular y de IU, y con la abstención de Sí Se Puede Dos Hermanas y el voto negativo de Ciudadanos.
En dicha moción se hace referencia al decreto de octubre del presente año por el que se regula la figura del consumidor vulnerable -personas o unidades familiares con umbrales de renta muy bajos-, el bono social y otras medidas de protección para aquellos consumidores domésticos de energía eléctrica, recogiéndose que en estos casos se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan el 50% de la factura.
Esta medida ha sido cuestionada por numerosos expertos y organizaciones sociales -como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España-, al entender que no es la forma más adecuada para abordar el problema, ya que posee "lagunas y efectos perversos" -según se recoge en dicha moción-, como es el caso del importante impacto presupuestario que recaerá sobre los ayuntamientos y las comunidades autónomas.
En la moción del Grupo Socialista se añade que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 no contemplan el impacto de la medida y que se generará una sobrecarga "de gestión imposible" para los servicios sociales y para los profesionales "ya exhaustos", por cuanto durante la crisis vieron multiplicada la demanda y mermados sus recursos, y porque se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con independencia de sus ingresos), mientras que otras, mucho más castigadas actualmente (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Dos Hermanas propuso, como así fue aprobado, que se pidiera al Gobierno central que se refuerce el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales desde la Administración General del Estado para consolidar y desarrollar las estructuras de los servicios sociales de atención primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas, impulsando un sistema público de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía.
Asimismo, se solicita la reforma del Real Decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, para que no se haga recaer el coste de las medidas de protección en las administraciones territoriales -ayuntamientos o comunidades autónomas- y que se incluya en los PGE una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable.
Por último, se pidió que se aprobara, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables.
F. G. / REDACCIÓN
