Destituido el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la mitad de sus miembros en la cárcel y huido su presidente a Bélgica después de proclamar en aquella región una república de manera ilegal, saltándose las leyes y haciendo caso omiso de la Constitución, el próximo 21 de diciembre se celebrarán elecciones autonómicas para elegir un nuevo Ejecutivo con el que recuperar la normalidad democrática e institucional.
Pero todos los “opinadores” de la actualidad, incluido quien esto escribe, han expresado sus dudas respecto de un resultado que vuelva a ser favorable a los independentistas y los sitúe, otra vez, como actores y artífices de la iniciativa política catalana.
Es decir, han advertido del regreso a la situación de origen de una mayoría parlamentaria que posibilitó todas las argucias con las que, desobedeciendo la legalidad, se consumó la declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del Parlamento regional.
La mayoría de los comentaristas hemos supuesto que, con Junqueras, Puigdemont, Forcadell y demás secesionistas en el Parlament, se volvería a las andadas. Y puede que sea un riesgo cierto. Pero también podría representar una posibilidad de reconducir la política catalana y recuperar la convivencia ciudadana por vía del diálogo y el respeto a las leyes, incluida la propia Ley Orgánica del Estatuto por el que se rige el autogobierno de la Comunidad. Existen señales de que el sentido común y la lealtad democrática imperarán a partir del 21-D en Cataluña.
Todos los citados anteriormente, salvo el expresidente Puigdemont y los consejeros que le acompañan en su autoexilio de Bruselas, han manifestado de manera explícita su acatamiento al Artículo 155 de la Constitución por el que el Gobierno suspendió de sus funciones a los miembros de aquel Govern y disolvió el Parlament catalán para convocar seguidamente comicios en la Comunidad Autónoma.
Es verdad que los que aseguran acatar la norma constitucional que los suspendió de sus cargos lo hacen para que la Justicia les reconozca beneficios penitenciarios y les conceda la libertad condicional. Por igual motivo, afirman ahora que la declaración de independencia que promovieron tenía un carácter más simbólico que jurídico, por lo que, de alguna manera, parecen decididos a respetar la legalidad, aunque sea por temor a las consecuencias penales en las que podrían incurrir, máxime si suponen la reincidencia en delitos por los que actualmente son juzgados.
En cualquier caso, y sea por lo que fuere, los independentistas nuevamente elegidos no podrán actuar con la desfachatez y la osadía con que lo hicieron en la anterior Legislatura y que les condujo a la cárcel o al destierro como prófugos. Gracias a la lenta pero firme actuación de la Justicia, el escenario que se presenta el próximo 21-D es totalmente nuevo, puesto que preserva la vigencia del Estado de Derecho, que es el único ganador de esas elecciones.
Ante la inseguridad que despertaba un resultado que fuera favorable a los partidos independentistas en esas elecciones de diciembre, emerge con fuerza la eventualidad de provocar un cambio de actitud en los dirigentes de esas formaciones, conocedores ahora de las consecuencias penales de quebrantar la ley, ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional, no respetar la legalidad y el marco del Estado de Derecho e incurrir en responsabilidades por la posible malversación de fondos públicos para iniciativas ilícitas.
Cabe, en fin, la esperanza de recuperar el diálogo y la negociación, ahora sí, para alcanzar soluciones políticas a un problema territorial de índole político, a fin de restaurar la grave quiebra de la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña, atajar la fuga de empresas y dar respuesta, desde la ley y la democracia, a los deseos de ese 39,2 por ciento de catalanes que, según un sondeo reciente de la Cadena SER, aspira a la independencia.
Y ello es así porque, dentro del marco del Estado de Derecho que establece la Constitución y mediante los procedimientos democráticos que en él se contemplan, los independentistas catalanes podrán perseguir sus objetivos sin recurrir a violar la ley ni mentir a los ciudadanos, como hicieron durante los últimos años.
Es, incluso, posible reformar la propia Constitución para alcanzar cotas de autogobierno propias de un Estado verdaderamente federal, sin privilegios ni imposiciones unilaterales de algunos contra los demás. Acatar estas normas, como aseguran quienes las incumplieron gravemente, abre un nuevo horizonte esperanzador no sólo a Cataluña, sino a España en su conjunto en cuanto al funcionamiento normal de nuestras instituciones y a la relación y convivencia de los catalanes entre sí y entre los españoles en general.
Salvo voces aisladas de intransigentes radicalizados, tal parece ser el resultado del próximo 21 de diciembre: el retorno al imperio de la ley y a la asumida vigencia del Estado de Derecho. Gane quien gane esas elecciones, no hay más opción que la prevalencia del Estado de Derecho. Un punto de partida sólido para encarrilar los conflictos que nos aquejan, incluido el catalán.
Pero todos los “opinadores” de la actualidad, incluido quien esto escribe, han expresado sus dudas respecto de un resultado que vuelva a ser favorable a los independentistas y los sitúe, otra vez, como actores y artífices de la iniciativa política catalana.
Es decir, han advertido del regreso a la situación de origen de una mayoría parlamentaria que posibilitó todas las argucias con las que, desobedeciendo la legalidad, se consumó la declaración unilateral de independencia de Cataluña por parte del Parlamento regional.
La mayoría de los comentaristas hemos supuesto que, con Junqueras, Puigdemont, Forcadell y demás secesionistas en el Parlament, se volvería a las andadas. Y puede que sea un riesgo cierto. Pero también podría representar una posibilidad de reconducir la política catalana y recuperar la convivencia ciudadana por vía del diálogo y el respeto a las leyes, incluida la propia Ley Orgánica del Estatuto por el que se rige el autogobierno de la Comunidad. Existen señales de que el sentido común y la lealtad democrática imperarán a partir del 21-D en Cataluña.
Todos los citados anteriormente, salvo el expresidente Puigdemont y los consejeros que le acompañan en su autoexilio de Bruselas, han manifestado de manera explícita su acatamiento al Artículo 155 de la Constitución por el que el Gobierno suspendió de sus funciones a los miembros de aquel Govern y disolvió el Parlament catalán para convocar seguidamente comicios en la Comunidad Autónoma.
Es verdad que los que aseguran acatar la norma constitucional que los suspendió de sus cargos lo hacen para que la Justicia les reconozca beneficios penitenciarios y les conceda la libertad condicional. Por igual motivo, afirman ahora que la declaración de independencia que promovieron tenía un carácter más simbólico que jurídico, por lo que, de alguna manera, parecen decididos a respetar la legalidad, aunque sea por temor a las consecuencias penales en las que podrían incurrir, máxime si suponen la reincidencia en delitos por los que actualmente son juzgados.
En cualquier caso, y sea por lo que fuere, los independentistas nuevamente elegidos no podrán actuar con la desfachatez y la osadía con que lo hicieron en la anterior Legislatura y que les condujo a la cárcel o al destierro como prófugos. Gracias a la lenta pero firme actuación de la Justicia, el escenario que se presenta el próximo 21-D es totalmente nuevo, puesto que preserva la vigencia del Estado de Derecho, que es el único ganador de esas elecciones.
Ante la inseguridad que despertaba un resultado que fuera favorable a los partidos independentistas en esas elecciones de diciembre, emerge con fuerza la eventualidad de provocar un cambio de actitud en los dirigentes de esas formaciones, conocedores ahora de las consecuencias penales de quebrantar la ley, ignorar las resoluciones del Tribunal Constitucional, no respetar la legalidad y el marco del Estado de Derecho e incurrir en responsabilidades por la posible malversación de fondos públicos para iniciativas ilícitas.
Cabe, en fin, la esperanza de recuperar el diálogo y la negociación, ahora sí, para alcanzar soluciones políticas a un problema territorial de índole político, a fin de restaurar la grave quiebra de la convivencia entre los ciudadanos de Cataluña, atajar la fuga de empresas y dar respuesta, desde la ley y la democracia, a los deseos de ese 39,2 por ciento de catalanes que, según un sondeo reciente de la Cadena SER, aspira a la independencia.
Y ello es así porque, dentro del marco del Estado de Derecho que establece la Constitución y mediante los procedimientos democráticos que en él se contemplan, los independentistas catalanes podrán perseguir sus objetivos sin recurrir a violar la ley ni mentir a los ciudadanos, como hicieron durante los últimos años.
Es, incluso, posible reformar la propia Constitución para alcanzar cotas de autogobierno propias de un Estado verdaderamente federal, sin privilegios ni imposiciones unilaterales de algunos contra los demás. Acatar estas normas, como aseguran quienes las incumplieron gravemente, abre un nuevo horizonte esperanzador no sólo a Cataluña, sino a España en su conjunto en cuanto al funcionamiento normal de nuestras instituciones y a la relación y convivencia de los catalanes entre sí y entre los españoles en general.
Salvo voces aisladas de intransigentes radicalizados, tal parece ser el resultado del próximo 21 de diciembre: el retorno al imperio de la ley y a la asumida vigencia del Estado de Derecho. Gane quien gane esas elecciones, no hay más opción que la prevalencia del Estado de Derecho. Un punto de partida sólido para encarrilar los conflictos que nos aquejan, incluido el catalán.
DANIEL GUERRERO
