La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha la campaña El veneno no tiene ojos, para alertar contra el uso del veneno en el campo e informar sobre las graves consecuencias que el uso de sustancias prohibidas acarrea para la fauna, la flora y el medio ambiente en general, así como los posibles efectos negativos sobre la salud de las personas.
Según señala la Consejería, en el último informe sobre tema de venenos de WWF que evalúa a las Comunidades Autónomas en sus actuaciones de lucha contra el veneno durante los años 2011-2016, la comunidad andaluza es la única que obtiene un aprobado, "lo que anima a seguir por la línea marcada y a intensificar las actuaciones para mejorar la gestión".
Por ello, la Consejería de Medio Ambiente ha convertido la lucha contra el veneno en una de sus prioridades. Así, en 2004 puso en marcha la Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV), gracias a la que se ha logrado reducir en un 50 por ciento el número de casos desde su puesta en marcha.
De este modo, la nueva campaña de divulgación pretende llamar la atención sobre el uso indiscriminado del veneno y sus efectos sobre especies a las que no está dirigido. Para ello, junto a un cartel, se ha editado un cuadríptico en forma de frasco de veneno donde se desarrollan varios aspectos a manera de prescripciones en el que se llama la atención sobre los graves riesgos que se corren al usar estas sustancias y los medios que la Consejería de Medio Ambiente está disponiendo para evitar esta práctica tan perniciosa.
Entre estos medios, la Consejería ha creado las primeras Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Veneno, entre cuyas funciones figuran la inspección técnico ocular, inspecciones caninas, coordinación con el SEPRONA e investigación policial, levantamiento de muestras biológicas y de indicios de delito, cadena de custodia, elaboración de informes complementarios, e inspección del Libro Oficial de Movimientos de productos tóxicos y muy tóxicos en los establecimientos autorizados.
Peligro para la biodiversidad
El informe El Veneno en España. Evolución del envenenamiento de fauna silvestre (1992-2013)”, elaborado por WWF y SEOBirdLife, señala que en España, entre 1992 y 2013, se registraron 8.324 episodios de envenenamiento, con un resultado de 18.503 animales muertos.
Así, el uso ilegal de veneno constituye una amenaza muy grave para la biodiversidad española, y por extensión para la europea, ya que nuestro país alberga entre el 80 y el 90 por ciento de las poblaciones europeas de especies como el buitre negro, el buitre leonado y el alimoche y además es un enclave fundamental para la pervivencia en el continente de otras especies, como el quebrantahuesos o el milano real.
Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también está presente en los entornos urbanos.
Además, el uso de cebos envenenados es una práctica extendida por todo el territorio español y europeo para controlar a los predadores naturales de especies cinegéticas y ganaderas, si bien la utilización de este método de captura no selectivo supone una mortal amenaza para las especies catalogadas y amenazadas. Asimismo, suponen un alarmante y grave riesgo real para las personas, con consecuencias tan graves como altos índices de infertilidad, incremento de procesos cancerígenos, deterioro del estado de salud en general y, en última instancia, la muerte.
A pesar de estar prohibido desde 1983, las poblaciones actuales de algunas especies protegidas de Andalucía han llegado a unos niveles preocupantes con riesgo incluso de extinción. En los últimos años la muerte de algunos ejemplares de buitre negro, alimoche, águila imperial ibérica, quebrantahuesos e incluso de lince ibérico ha hecho saltar la alarma a unos límites inesperados.
Los productos utilizados para envenenar los cebos son biocidas agrícolas altamente tóxicos, en su mayoría pertenecientes a la familia de los carbamatos y organo-fosforados, cuya comercialización, uso y tenencia están expresamente prohibidos en la Unión Europea.
El uso de cebos envenenados en Andalucía está ligado mayoritariamente a la caza, la ganadería y el abandono de animales de compañía en núcleos de población. El Código Penal considera delito la colocación de estos cebos y la Ley andaluza de flora y fauna prevé sanciones de 60.101,22 a 300.506,05 euros, con la obligación de reparar los daños causados y puede llevar a la prohibición de la caza durante varios años. En el caso de estar relacionado con la ganadería, se pueden retirar las ayudas de la PAC.
Asimismo, la Ley obliga a los titulares de cotos a velar por la no existencia de cebos envenenados en sus propiedades. Por último, como medida cautelar, tras la localización de cadáveres de animales o de cebos envenenados, también se puede proceder a suspender el aprovechamiento cinegético como medida preventiva para evitar más daños a la fauna y a las personas y para que se recupere el ecosistema, dañado por la colocación de los cebos envenenados.
Según señala la Consejería, en el último informe sobre tema de venenos de WWF que evalúa a las Comunidades Autónomas en sus actuaciones de lucha contra el veneno durante los años 2011-2016, la comunidad andaluza es la única que obtiene un aprobado, "lo que anima a seguir por la línea marcada y a intensificar las actuaciones para mejorar la gestión".
Por ello, la Consejería de Medio Ambiente ha convertido la lucha contra el veneno en una de sus prioridades. Así, en 2004 puso en marcha la Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV), gracias a la que se ha logrado reducir en un 50 por ciento el número de casos desde su puesta en marcha.
De este modo, la nueva campaña de divulgación pretende llamar la atención sobre el uso indiscriminado del veneno y sus efectos sobre especies a las que no está dirigido. Para ello, junto a un cartel, se ha editado un cuadríptico en forma de frasco de veneno donde se desarrollan varios aspectos a manera de prescripciones en el que se llama la atención sobre los graves riesgos que se corren al usar estas sustancias y los medios que la Consejería de Medio Ambiente está disponiendo para evitar esta práctica tan perniciosa.
Entre estos medios, la Consejería ha creado las primeras Brigadas de Investigación de Envenenamiento de Veneno, entre cuyas funciones figuran la inspección técnico ocular, inspecciones caninas, coordinación con el SEPRONA e investigación policial, levantamiento de muestras biológicas y de indicios de delito, cadena de custodia, elaboración de informes complementarios, e inspección del Libro Oficial de Movimientos de productos tóxicos y muy tóxicos en los establecimientos autorizados.
Peligro para la biodiversidad
El informe El Veneno en España. Evolución del envenenamiento de fauna silvestre (1992-2013)”, elaborado por WWF y SEOBirdLife, señala que en España, entre 1992 y 2013, se registraron 8.324 episodios de envenenamiento, con un resultado de 18.503 animales muertos.
Así, el uso ilegal de veneno constituye una amenaza muy grave para la biodiversidad española, y por extensión para la europea, ya que nuestro país alberga entre el 80 y el 90 por ciento de las poblaciones europeas de especies como el buitre negro, el buitre leonado y el alimoche y además es un enclave fundamental para la pervivencia en el continente de otras especies, como el quebrantahuesos o el milano real.
Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también está presente en los entornos urbanos.
Además, el uso de cebos envenenados es una práctica extendida por todo el territorio español y europeo para controlar a los predadores naturales de especies cinegéticas y ganaderas, si bien la utilización de este método de captura no selectivo supone una mortal amenaza para las especies catalogadas y amenazadas. Asimismo, suponen un alarmante y grave riesgo real para las personas, con consecuencias tan graves como altos índices de infertilidad, incremento de procesos cancerígenos, deterioro del estado de salud en general y, en última instancia, la muerte.
A pesar de estar prohibido desde 1983, las poblaciones actuales de algunas especies protegidas de Andalucía han llegado a unos niveles preocupantes con riesgo incluso de extinción. En los últimos años la muerte de algunos ejemplares de buitre negro, alimoche, águila imperial ibérica, quebrantahuesos e incluso de lince ibérico ha hecho saltar la alarma a unos límites inesperados.
Los productos utilizados para envenenar los cebos son biocidas agrícolas altamente tóxicos, en su mayoría pertenecientes a la familia de los carbamatos y organo-fosforados, cuya comercialización, uso y tenencia están expresamente prohibidos en la Unión Europea.
El uso de cebos envenenados en Andalucía está ligado mayoritariamente a la caza, la ganadería y el abandono de animales de compañía en núcleos de población. El Código Penal considera delito la colocación de estos cebos y la Ley andaluza de flora y fauna prevé sanciones de 60.101,22 a 300.506,05 euros, con la obligación de reparar los daños causados y puede llevar a la prohibición de la caza durante varios años. En el caso de estar relacionado con la ganadería, se pueden retirar las ayudas de la PAC.
Asimismo, la Ley obliga a los titulares de cotos a velar por la no existencia de cebos envenenados en sus propiedades. Por último, como medida cautelar, tras la localización de cadáveres de animales o de cebos envenenados, también se puede proceder a suspender el aprovechamiento cinegético como medida preventiva para evitar más daños a la fauna y a las personas y para que se recupere el ecosistema, dañado por la colocación de los cebos envenenados.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
