Un grupo de vecinos de la barriada de Vistazul acudió este viernes al Ayuntamiento, mientras que en su interior se celebraba un Pleno, con la ilusión de que del mismo saliera una respuesta que les satisficiera en relación con el problema surgido a raíz del comienzo de la instalación de una antena de telefonía móvil en la azotea de un bloque de viviendas situado en la calle Marconi. Pero no ocurrió así.
Para empezar, porque el tema sólo se abordó a raíz de la pregunta que formuló al Gobierno municipal el concejal del Grupo Popular Luis Gómez, quien es, además, vecino de la barriada de Vistazul. Una pregunta que sólo obliga al Gobierno local a contestar, pero que no implica el compromiso de los demás grupos municipales, ni votación, por tanto, algo que los vecinos afectados por la instalación de esta antena demandaban.
Pero, además, el problema sobrevenido llegó a partir del momento en el que el portavoz del Gobierno local, Agustín Morón, aseguró que con la Ley en la mano el Ayuntamiento -ni este ni ninguno otro del país- puede hacer nada en relación con este asunto, ya que fue desposeído de las competencias por parte del Gobierno del Partido Popular durante la pasada legislatura, de forma que cualquier empresa de telefonía móvil podrá instalar donde considere oportuno su antena sólo contando previamente con el permiso del propietario del lugar donde se ubique, y, eso sí, tras comunicarlo también al municipio.
En este sentido, las palabras de Agustín Morón durante su contestación en respuesta al PP en el Pleno sonaron duras, pero lógicas: "Los ayuntamientos no pueden hacer nada en el tema de la instalación de antenas de telefonía móvil. Y no sólo no podemos hacer nada, sino que dice la Ley que tenemos que facilitar la instalación. Las operadoras sólo tienen que pedir autorización al Ministerio de Industria para colocar la antena y los demás tenemos la obligación de colaborar con ellos. Por tanto, en este caso no podemos hacer nada".
Tratar de 'obstruir' la instalación
No obstante, el portavoz del Gobierno local aseguró que el Ayuntamiento ha llevado a cabo todos los procedimientos que han podido para 'frenar' o 'tratar de obstruir' la instalación de la antena de telefonía móvil, algo que se ha podido ejercer pero por la simple circunstancia de que la compañía Orange Espagne SAU no ha presentado aún en el Ayuntamiento la preceptiva autorización del Ministerio de Industria; eso sí, una vez que lo haga, el proceso de instalación de la antena debe seguir su curso normal.
El problema, si ocurre esto último, se centra por tanto en la comunidad de propietarios del bloque que acoge la antena, que en su momento -27 de septiembre de 2016- autorizó a Orange, a cambio de una serie de compensaciones económicas, que procediera a su instalación, sin calcular la revuelta social que se produciría entre las comunidades del entorno una vez que se tuvo conocimiento de este hecho.
Los vecinos próximos exigen a la comunidad que dé marcha atrás. La comunidad, reunida este mismo mes, parece ser -según ha transmitido la Comisión de vecinos de Vistazul creada al efecto- que ha dado marcha atrás, por cuanto la aprobación inicial se hizo sin el quórum suficiente, pero ahora habrá que ver si el contrato que firmaron con Orange les obliga a algún tipo de indemnización. Y ese puede ser el problema; además de la legitimidad de la compañía Orange de seguir adelante con un proyecto para el que, al parecer, cuenta con permiso.
Para empezar, porque el tema sólo se abordó a raíz de la pregunta que formuló al Gobierno municipal el concejal del Grupo Popular Luis Gómez, quien es, además, vecino de la barriada de Vistazul. Una pregunta que sólo obliga al Gobierno local a contestar, pero que no implica el compromiso de los demás grupos municipales, ni votación, por tanto, algo que los vecinos afectados por la instalación de esta antena demandaban.
Pero, además, el problema sobrevenido llegó a partir del momento en el que el portavoz del Gobierno local, Agustín Morón, aseguró que con la Ley en la mano el Ayuntamiento -ni este ni ninguno otro del país- puede hacer nada en relación con este asunto, ya que fue desposeído de las competencias por parte del Gobierno del Partido Popular durante la pasada legislatura, de forma que cualquier empresa de telefonía móvil podrá instalar donde considere oportuno su antena sólo contando previamente con el permiso del propietario del lugar donde se ubique, y, eso sí, tras comunicarlo también al municipio.
En este sentido, las palabras de Agustín Morón durante su contestación en respuesta al PP en el Pleno sonaron duras, pero lógicas: "Los ayuntamientos no pueden hacer nada en el tema de la instalación de antenas de telefonía móvil. Y no sólo no podemos hacer nada, sino que dice la Ley que tenemos que facilitar la instalación. Las operadoras sólo tienen que pedir autorización al Ministerio de Industria para colocar la antena y los demás tenemos la obligación de colaborar con ellos. Por tanto, en este caso no podemos hacer nada".
Tratar de 'obstruir' la instalación
No obstante, el portavoz del Gobierno local aseguró que el Ayuntamiento ha llevado a cabo todos los procedimientos que han podido para 'frenar' o 'tratar de obstruir' la instalación de la antena de telefonía móvil, algo que se ha podido ejercer pero por la simple circunstancia de que la compañía Orange Espagne SAU no ha presentado aún en el Ayuntamiento la preceptiva autorización del Ministerio de Industria; eso sí, una vez que lo haga, el proceso de instalación de la antena debe seguir su curso normal.
El problema, si ocurre esto último, se centra por tanto en la comunidad de propietarios del bloque que acoge la antena, que en su momento -27 de septiembre de 2016- autorizó a Orange, a cambio de una serie de compensaciones económicas, que procediera a su instalación, sin calcular la revuelta social que se produciría entre las comunidades del entorno una vez que se tuvo conocimiento de este hecho.
Los vecinos próximos exigen a la comunidad que dé marcha atrás. La comunidad, reunida este mismo mes, parece ser -según ha transmitido la Comisión de vecinos de Vistazul creada al efecto- que ha dado marcha atrás, por cuanto la aprobación inicial se hizo sin el quórum suficiente, pero ahora habrá que ver si el contrato que firmaron con Orange les obliga a algún tipo de indemnización. Y ese puede ser el problema; además de la legitimidad de la compañía Orange de seguir adelante con un proyecto para el que, al parecer, cuenta con permiso.
F. G. / REDACCIÓN
