Los grupos municipales Sí Se Puede e IULV-CA han anunciado la presentación de una moción conjunta en el Pleno que tendrá lugar este viernes, día 24 de febrero, para instar al Ayuntamiento de Dos Hermanas a que pida a la Junta de Andalucía que garantice una mayor inversión para la educación pública, que pasaría por aplicar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de 2016 recogido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad.
En dicha moción, ambos grupos municipales aseguran que la educación pública "es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho", añadiendo que la inversión en educación ha sido uno de los factores claves "para poder explicar el desarrollo que han vivido España y Andalucía en las últimas décadas".
"Sin embargo", continúan, "desde 2009 hemos sufrido un reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento educativo", que ha incidido en un descenso en el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación.
"Esta tendencia", añaden, "pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas andaluzas y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra Comunidad".
Es por este motivo por el que tanto SSP Dos Hermanas como Izquierda Unida señalan que la presente Ley lo que pretende es establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario "que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluza, comprendiendo unidades y líneas educativas, personal docente y los recursos materiales imprescindibles para un funcionamiento de calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública".
Garantizar un gasto público suficiente en educación
La Ley 17/2017, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas competencias autonómicas en materia de educación -según recuerdan ambos grupos-, en cuyo Título VIII, denominado Gasto Público en Educación, contiene un solo artículo relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, "pero no ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en esta exposición de motivos".
Por tanto, en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, SSP e IULV-CA consideran que el Parlamento de Andalucía tiene potestad para ampliar el dicho Título, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos/as y profesores/as que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por ello, proponen la modificación de la Ley 17/2017 de Educación de Andalucía, en los siguiente términos: Añadir un artículo (187) al Título VIII de la norma con la siguiente redacción: "La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada año deberá, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, dedicar al menos un 5% del último PIB registrado al presupuesto de la Consejería competente en materia de educación no universitaria".
En dicha moción, ambos grupos municipales aseguran que la educación pública "es uno de los pilares básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho", añadiendo que la inversión en educación ha sido uno de los factores claves "para poder explicar el desarrollo que han vivido España y Andalucía en las últimas décadas".
"Sin embargo", continúan, "desde 2009 hemos sufrido un reducción importantísima en el gasto público dedicado al sostenimiento educativo", que ha incidido en un descenso en el número de unidades y líneas educativas, provocando una masificación en las aulas por encima del número que aconsejan estudios y expertos en educación.
"Esta tendencia", añaden, "pone en serio peligro la calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas andaluzas y la supervivencia del propio sistema público de educación en nuestra Comunidad".
Es por este motivo por el que tanto SSP Dos Hermanas como Izquierda Unida señalan que la presente Ley lo que pretende es establecer una suerte de “cláusula suelo” o de mínimo presupuestario "que garantice mantener la actual infraestructura con la que cuenta el sistema de educación pública andaluza, comprendiendo unidades y líneas educativas, personal docente y los recursos materiales imprescindibles para un funcionamiento de calidad, apostando por el aprovechamiento máximo de la red de centros escolares de titularidad pública".
Garantizar un gasto público suficiente en educación
La Ley 17/2017, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, desarrolla estas competencias autonómicas en materia de educación -según recuerdan ambos grupos-, en cuyo Título VIII, denominado Gasto Público en Educación, contiene un solo artículo relacionado con la elaboración de un Informe Anual sobre el gasto, "pero no ninguna otra disposición que asegure un mínimo de gasto destinado a mantener el número de unidades y líneas con las que cuentan los centros educativos andaluces como punto de partida para asegurar una recuperación del papel de la educación pública andaluza y revertir la tendencia que se detalla en esta exposición de motivos".
Por tanto, en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de educación, SSP e IULV-CA consideran que el Parlamento de Andalucía tiene potestad para ampliar el dicho Título, en el sentido de garantizar el gasto público suficiente para mantener el número de unidades y líneas educativas actuales, dentro de los límites de ratio entre alumnos/as y profesores/as que marca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por ello, proponen la modificación de la Ley 17/2017 de Educación de Andalucía, en los siguiente términos: Añadir un artículo (187) al Título VIII de la norma con la siguiente redacción: "La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada año deberá, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, dedicar al menos un 5% del último PIB registrado al presupuesto de la Consejería competente en materia de educación no universitaria".
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
