Dos Hermanas Diario Digital se hace eco en su Buzón del Lector del artículo remitido por José Fernando García Monge, miembro hasta septiembre de 2015 del equipo psicosocial del 15M Vivienda y en la actualidad integrante del Consejo Sectorial de Mayores, en relación con la celebración, este sábado, día 10 de diciembre, del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muchas personas aún conservan la creencia de que las violaciones de los Derechos Humanos sólo se producen en los países en vías de desarrollo regidos por gobiernos dictatoriales y corruptos o en aquellos otros donde predominan culturas basadas en el fundamentalismo religioso. Incluso, en ocasiones, se llega a racionalizar que estas vulneraciones son un mal inevitable derivado de los conflictos bélicos, significados conveniblemente por las partes intervinientes como "daños colaterales". La realidad de estos tiempos que nos han tocado vivir dista mucho de la normalidad y garantías necesarias para el respeto y la preservación de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todo ser humano.
El panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor debido a la corrupción de los tándem político-empresariales y a las ambiciones de los banksters y usureros, nos sitúa en una situación de indefensión frente a una suerte de despotismo que atenta contra la dignidad de la persona. Y, lo que es peor, la ciudadanía permanece desprotegida e ignorada por unas instituciones en ocasiones comandadas y sostenidas por 'yonkies del dinero', trileros, mitómanos, gente perversa y tibios sin escrúpulos que acomenten actos, ejecutan mandatos y toman u omiten decisiones de consecuencias lesivas y perniciosas para nuestra salud, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la protección social o la educación.
Así las cosas, la pobreza, la escasez de recursos, las bajas remuneraciones y la desigualdad salarial por igual trabajo; las restricciones y dilaciones indebidas en el acceso a la asistencia sanitaria; la intensificación del trabajo y la segregación educativa; los cortes de suministros a familias en situación de pobreza energética y la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional; el confinamiento o reclusión de migrantes, las 'devoluciones en caliente' y las trabas administrativas para otorgar el estatuto de refugiado a personas desplazadas por las guerras; la incoación de expedientes disuasorios, los abusos policiales y las detenciones aleatorias por participar en protestas y manifestaciones; el acoso a los funcionarios que denuncian el mal uso del dinero público y la corrupción... constituyen vulneraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, demasiado frecuentes, cotidianas, en la realidad concreta de nuestro presente y entorno próximo.
En este plano, hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español, hasta en cuatro ocasiones durante 2014, por violar los derechos de personas migrantes, por realizar detenciones incomunicadas o practicar torturas, y por permitir la apropiación de bienes por la Iglesia (véase el informe de Rights International Spain) y, en ese mismo año, hasta en dos ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una condena en materia de protección de datos y otra por vulneración del derecho a la vivienda. Es más, en el periodo comprendido desde el 26 de enero de 2011 hasta el 5 de mayo de 2015, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña registró hasta 24 condenas por vulneraciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Durante 2016, el reproche ha sido, al menos, hasta en tres ocasiones: por no investigar un caso de tortura, por violar la doble instancia penal y por no escuchar a dos menores en un caso de divorcio donde concurría a una situación de maltrato hacia su madre.
La represión y las injusticias las pagamos todos
A parte de los pronunciamientos judiciales, la estadística del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativa a los procedimientos de amparo, no es nada halagüeña. Las denuncias presentadas en la Corte conforman datos muy significativos, a tener en cuenta, respecto a las violaciones de derechos humanos y de libertades fundamentales que se vienen produciendo en el Reino de España (ya sean potenciales o efectivas y estén o no documentadas).
Sin contabilizar todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas no pueden acceder a este sistema de garantías, encontramos que el número de procedimientos iniciados en los tres últimos años alcanzaban un total de 1.746 demandas, hasta julio de 2016. En septiembre ya había registradas otras 350 demandas pendientes de tramitación o reparto.
También es significativo el coste de la Corte Europea de Derechos Humanos que, para el Ejercicio 2016, sólo en personal
administrativo, ascendió a un total de 71 millones de euros, de los que España aportó cerca de 19 millones para este menester.
Otros escenarios de vulneración de derechos humanos
Lamentablemente, la coyuntura planteada no se limita a las acciones u omisiones ejercidas desde gobiernos e instituciones y ejecutadas bajo el escudo de la obediencia debida. En 2013, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos delimitaron el marco de 'Proteger, respetar, reparar' como la obligación del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y la necesidad de reparar las violaciones de los derechos humanos. Estableciéndose un nuevo estándar de las actuaciones empresariales basado en la “diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos”. Algunos de sus requisitos jurídicos se encuentran definidos en los ámbitos de las relaciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo, la protección del medio ambiente y la corrupción. Sin embargo, nos encontramos con empresas que ofrecen soluciones para la evasión fiscal, que acometen regulaciones de empleo de dudosa justificación o que suspenden pagos tras un 'pelotazo', que estafan a sus clientes, que comercializan productos con sustancias nocivas y bioacumulables o que emiten a la atmósfera todo tipo de contaminantes, incluso cancerígenos. Otras empresas destacan por basar su modelo de negocio en el trabajo precario, escasamente retribuido, y en su intensificación, o por ser caldo de cultivo para los accidentes laborales y las enfermedades ocasionadas por las malas condiciones de trabajo. Si bien, más allá de la mera expectativa social, esta 'diligencia debida' compele regular la conducta y los métodos de trabajo de las empresas que impactan negativamente sobre los derechos humanos porque, también, se acaban vulnerando cuando no se alcanza la cuota de reserva en plantilla para las personas con funcionamiento diferencial, cuando se desarrollan campañas de marketing que fomentan la compra compulsiva y el consumo irresponsable o cuando se apela a disposiciones reglamentarías para acometer el corte de los suministros básicos sin considerar las circunstancias de las personas afectadas o sin resolver con diligencia debida situaciones no contempladas en la reglamentación argüida.
Con la gobernanza, también, se vienen conculcando toda una seria de derechos nacidos desde la sociedad civil y construidos desde las experiencias y reivindicaciones de sus movimientos sociales y desde las distintas formas de expresión culturales de la sociedad contemporánea. Esto es, los denominados derechos humanos emergentes, llamados a llenar de contenido y legitimar las funciones públicas desplazadas por el mercado global, como motor de una nueva relación entre sociedad civil y el poder. De esta manera se exige de las autoridades una actitud activa -más allá de negociaciones y compromisos electorales- que garantice en tiempo real y ofrezcan a la Comunidad, a todos los seres humanos, espacios de disfrute de derechos y las condiciones necesarias para su realización política, económica, social, cultural y ecológica.
Hablamos de los 'derechos humanos de proximidad' que incluyen el derecho al medio ambiente y su protección, el derecho al urbanismo sostenible y al disfrute de un espacio público armonioso, el derecho a la movilidad y a la tranquilidad en la ciudad, el derecho al tiempo libre y el derecho de los consumidores.
Día Internacional de los Derechos Humanos
En este plano, el derecho general a los servicios públicos se viene conculcando con las privatizaciones que, ya de por sí, merman el empleo y acaban deteriorando la calidad de los servicios. Además, se estarían violando los derechos humanos con unas Ordenanzas permisibles con las inmisiones en el marco de las relaciones de vecindad, con no poner límites a la contaminación acústica ocasionada por las 'tradiciones' y otras actividades molestas derivadas del comportamiento vial y de otros usos inadecuados del espacio público. Igualmente, también se vulneran derechos humanos cuando las personas con necesidades específicas derivadas de su funcionamiento diferencial no pueden acceder a la información pública porque las páginas web de muchos organismos oficiales no cumplen los estándares formales de usabilidad y accesibilidad, cuando a las personas con movilidad reducida les resulta tortuoso desplazarse por el casco urbano o cuando no podemos contar con el trasporte público para llegar al domicilio en un pueblo de la Campiña sevillana, si hemos desembarcado en la capital en torno a las once de la noche... En fin, en este lugar no cabe ser exhaustivo.
En cualquier caso, todos los derechos humanos tienen una dimensión política que precisan de un espacio de participación ciudadana específico. La participación es, a su vez, un derecho humano transversal. Por esta razón cuando no se cuenta con las personas en la planificación de las políticas públicas también se están violando los derechos humanos. El ejemplo más claro y frecuente de violación de los derechos humanos de proximidad es cuando no se cuenta con los vecinos y vecinas en la elaboración de los presupuestos municipales o cuando la Corporación local solicita ayudas europeas para el desarrollo urbano integral sin realizar la consulta pública contemplada en la correspondiente convocatoria. Otro ejemplo, de mucha mayor envergadura para este ámbito, ha sido la firma del polémico y preocupante tratado de comercio propuesto entre Canadá y la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés) sin haberlo sometido a referéndum.
Pero aquí no queda la cosa. En el plano relacional, también se producen frecuentes violaciones de los derechos humanos. Como viene ocurriendo con las formas comunes de intolerancia, con los distintos tipos de acoso en ámbitos diversos o con los casos de violencia de género.
En este punto también emergen vulneraciones cotidianas poco visibilizadas o que siguen siendo un tema tabú en la esfera de la participación social. Tal y como ocurre en los espacios de intercambio, convivencia, activismo o militancia donde el lenguaje soez, la hostilidad verbal o la crítica contumaz se apropian de la escena grupal para difamar, denigrar, aislar o excluir a otras personas por el mero hecho de disentir del criterio mayoritario, por revelarse contra las imposiciones, por evidenciar imposturas perjudiciales para el común, por su diferencia o, simplemente, por su carisma. Son comportamientos que, con mucho desacierto, se justifican como patrones culturales o acaban siendo aceptados por la expectativa de revancha y para ser reproducidos por su supuesto valor funcional.
En definitiva, una forma de emascaramiento de la violencia psicológica como manifestación de la agresión desplazada que puede resultar de situaciones de victimización antes señaladas o, peor aún, como la evidencia de actividad intencional desplegada por personas necesitadas de protagonismo, por cabecillas del igualitarismo vertical o por coaliciones con apego al poder. En cualquier caso, el derecho a la participación en la vida política y social de la comunidad acaba siendo cercenado por otras personas que no escatimaran un ápice en exigir las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos.
Muchas personas aún conservan la creencia de que las violaciones de los Derechos Humanos sólo se producen en los países en vías de desarrollo regidos por gobiernos dictatoriales y corruptos o en aquellos otros donde predominan culturas basadas en el fundamentalismo religioso. Incluso, en ocasiones, se llega a racionalizar que estas vulneraciones son un mal inevitable derivado de los conflictos bélicos, significados conveniblemente por las partes intervinientes como "daños colaterales". La realidad de estos tiempos que nos han tocado vivir dista mucho de la normalidad y garantías necesarias para el respeto y la preservación de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todo ser humano.
El panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor debido a la corrupción de los tándem político-empresariales y a las ambiciones de los banksters y usureros, nos sitúa en una situación de indefensión frente a una suerte de despotismo que atenta contra la dignidad de la persona. Y, lo que es peor, la ciudadanía permanece desprotegida e ignorada por unas instituciones en ocasiones comandadas y sostenidas por 'yonkies del dinero', trileros, mitómanos, gente perversa y tibios sin escrúpulos que acomenten actos, ejecutan mandatos y toman u omiten decisiones de consecuencias lesivas y perniciosas para nuestra salud, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la protección social o la educación.
Así las cosas, la pobreza, la escasez de recursos, las bajas remuneraciones y la desigualdad salarial por igual trabajo; las restricciones y dilaciones indebidas en el acceso a la asistencia sanitaria; la intensificación del trabajo y la segregación educativa; los cortes de suministros a familias en situación de pobreza energética y la ejecución de desahucios sin alternativa habitacional; el confinamiento o reclusión de migrantes, las 'devoluciones en caliente' y las trabas administrativas para otorgar el estatuto de refugiado a personas desplazadas por las guerras; la incoación de expedientes disuasorios, los abusos policiales y las detenciones aleatorias por participar en protestas y manifestaciones; el acoso a los funcionarios que denuncian el mal uso del dinero público y la corrupción... constituyen vulneraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, demasiado frecuentes, cotidianas, en la realidad concreta de nuestro presente y entorno próximo.
En este plano, hay que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español, hasta en cuatro ocasiones durante 2014, por violar los derechos de personas migrantes, por realizar detenciones incomunicadas o practicar torturas, y por permitir la apropiación de bienes por la Iglesia (véase el informe de Rights International Spain) y, en ese mismo año, hasta en dos ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: una condena en materia de protección de datos y otra por vulneración del derecho a la vivienda. Es más, en el periodo comprendido desde el 26 de enero de 2011 hasta el 5 de mayo de 2015, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña registró hasta 24 condenas por vulneraciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Durante 2016, el reproche ha sido, al menos, hasta en tres ocasiones: por no investigar un caso de tortura, por violar la doble instancia penal y por no escuchar a dos menores en un caso de divorcio donde concurría a una situación de maltrato hacia su madre.
La represión y las injusticias las pagamos todos
A parte de los pronunciamientos judiciales, la estadística del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, relativa a los procedimientos de amparo, no es nada halagüeña. Las denuncias presentadas en la Corte conforman datos muy significativos, a tener en cuenta, respecto a las violaciones de derechos humanos y de libertades fundamentales que se vienen produciendo en el Reino de España (ya sean potenciales o efectivas y estén o no documentadas).
Sin contabilizar todas aquellas situaciones en las que las personas afectadas no pueden acceder a este sistema de garantías, encontramos que el número de procedimientos iniciados en los tres últimos años alcanzaban un total de 1.746 demandas, hasta julio de 2016. En septiembre ya había registradas otras 350 demandas pendientes de tramitación o reparto.
También es significativo el coste de la Corte Europea de Derechos Humanos que, para el Ejercicio 2016, sólo en personal
administrativo, ascendió a un total de 71 millones de euros, de los que España aportó cerca de 19 millones para este menester.
Otros escenarios de vulneración de derechos humanos
Lamentablemente, la coyuntura planteada no se limita a las acciones u omisiones ejercidas desde gobiernos e instituciones y ejecutadas bajo el escudo de la obediencia debida. En 2013, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos delimitaron el marco de 'Proteger, respetar, reparar' como la obligación del Estado de proteger, la responsabilidad de las empresas de respetar y la necesidad de reparar las violaciones de los derechos humanos. Estableciéndose un nuevo estándar de las actuaciones empresariales basado en la “diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos”. Algunos de sus requisitos jurídicos se encuentran definidos en los ámbitos de las relaciones laborales, la seguridad y salud en el trabajo, la protección del medio ambiente y la corrupción. Sin embargo, nos encontramos con empresas que ofrecen soluciones para la evasión fiscal, que acometen regulaciones de empleo de dudosa justificación o que suspenden pagos tras un 'pelotazo', que estafan a sus clientes, que comercializan productos con sustancias nocivas y bioacumulables o que emiten a la atmósfera todo tipo de contaminantes, incluso cancerígenos. Otras empresas destacan por basar su modelo de negocio en el trabajo precario, escasamente retribuido, y en su intensificación, o por ser caldo de cultivo para los accidentes laborales y las enfermedades ocasionadas por las malas condiciones de trabajo. Si bien, más allá de la mera expectativa social, esta 'diligencia debida' compele regular la conducta y los métodos de trabajo de las empresas que impactan negativamente sobre los derechos humanos porque, también, se acaban vulnerando cuando no se alcanza la cuota de reserva en plantilla para las personas con funcionamiento diferencial, cuando se desarrollan campañas de marketing que fomentan la compra compulsiva y el consumo irresponsable o cuando se apela a disposiciones reglamentarías para acometer el corte de los suministros básicos sin considerar las circunstancias de las personas afectadas o sin resolver con diligencia debida situaciones no contempladas en la reglamentación argüida.
Con la gobernanza, también, se vienen conculcando toda una seria de derechos nacidos desde la sociedad civil y construidos desde las experiencias y reivindicaciones de sus movimientos sociales y desde las distintas formas de expresión culturales de la sociedad contemporánea. Esto es, los denominados derechos humanos emergentes, llamados a llenar de contenido y legitimar las funciones públicas desplazadas por el mercado global, como motor de una nueva relación entre sociedad civil y el poder. De esta manera se exige de las autoridades una actitud activa -más allá de negociaciones y compromisos electorales- que garantice en tiempo real y ofrezcan a la Comunidad, a todos los seres humanos, espacios de disfrute de derechos y las condiciones necesarias para su realización política, económica, social, cultural y ecológica.
Hablamos de los 'derechos humanos de proximidad' que incluyen el derecho al medio ambiente y su protección, el derecho al urbanismo sostenible y al disfrute de un espacio público armonioso, el derecho a la movilidad y a la tranquilidad en la ciudad, el derecho al tiempo libre y el derecho de los consumidores.
Día Internacional de los Derechos Humanos
En este plano, el derecho general a los servicios públicos se viene conculcando con las privatizaciones que, ya de por sí, merman el empleo y acaban deteriorando la calidad de los servicios. Además, se estarían violando los derechos humanos con unas Ordenanzas permisibles con las inmisiones en el marco de las relaciones de vecindad, con no poner límites a la contaminación acústica ocasionada por las 'tradiciones' y otras actividades molestas derivadas del comportamiento vial y de otros usos inadecuados del espacio público. Igualmente, también se vulneran derechos humanos cuando las personas con necesidades específicas derivadas de su funcionamiento diferencial no pueden acceder a la información pública porque las páginas web de muchos organismos oficiales no cumplen los estándares formales de usabilidad y accesibilidad, cuando a las personas con movilidad reducida les resulta tortuoso desplazarse por el casco urbano o cuando no podemos contar con el trasporte público para llegar al domicilio en un pueblo de la Campiña sevillana, si hemos desembarcado en la capital en torno a las once de la noche... En fin, en este lugar no cabe ser exhaustivo.
En cualquier caso, todos los derechos humanos tienen una dimensión política que precisan de un espacio de participación ciudadana específico. La participación es, a su vez, un derecho humano transversal. Por esta razón cuando no se cuenta con las personas en la planificación de las políticas públicas también se están violando los derechos humanos. El ejemplo más claro y frecuente de violación de los derechos humanos de proximidad es cuando no se cuenta con los vecinos y vecinas en la elaboración de los presupuestos municipales o cuando la Corporación local solicita ayudas europeas para el desarrollo urbano integral sin realizar la consulta pública contemplada en la correspondiente convocatoria. Otro ejemplo, de mucha mayor envergadura para este ámbito, ha sido la firma del polémico y preocupante tratado de comercio propuesto entre Canadá y la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés) sin haberlo sometido a referéndum.
Pero aquí no queda la cosa. En el plano relacional, también se producen frecuentes violaciones de los derechos humanos. Como viene ocurriendo con las formas comunes de intolerancia, con los distintos tipos de acoso en ámbitos diversos o con los casos de violencia de género.
En este punto también emergen vulneraciones cotidianas poco visibilizadas o que siguen siendo un tema tabú en la esfera de la participación social. Tal y como ocurre en los espacios de intercambio, convivencia, activismo o militancia donde el lenguaje soez, la hostilidad verbal o la crítica contumaz se apropian de la escena grupal para difamar, denigrar, aislar o excluir a otras personas por el mero hecho de disentir del criterio mayoritario, por revelarse contra las imposiciones, por evidenciar imposturas perjudiciales para el común, por su diferencia o, simplemente, por su carisma. Son comportamientos que, con mucho desacierto, se justifican como patrones culturales o acaban siendo aceptados por la expectativa de revancha y para ser reproducidos por su supuesto valor funcional.
En definitiva, una forma de emascaramiento de la violencia psicológica como manifestación de la agresión desplazada que puede resultar de situaciones de victimización antes señaladas o, peor aún, como la evidencia de actividad intencional desplegada por personas necesitadas de protagonismo, por cabecillas del igualitarismo vertical o por coaliciones con apego al poder. En cualquier caso, el derecho a la participación en la vida política y social de la comunidad acaba siendo cercenado por otras personas que no escatimaran un ápice en exigir las libertades democráticas y el respeto a los derechos humanos.
JOSÉ FERNANDO GARCÍA MONGE
