La Junta de Andalucía ha creado, mediante la Orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Sede Judicial Electrónica, que centralizará los procedimientos y servicios que prestan cada una de las oficinas judiciales en el ámbito de la Administración de Justicia en Andalucía, excluyendo los juzgados de paz, para facilitar el acceso a las mismas.
La orden define la nueva herramienta como aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia.
La Sede Judicial Electrónica, que entrará en funcionamiento dentro de un plazo máximo de seis meses, supone la creación de un espacio en el que la Administración de Justicia, la ciudadanía y los profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.
A través de dicha sede se podrán realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la certificación de la Administración de Justicia o de la ciudadanía y los profesionales en sus relaciones con ésta por medios electrónicos. Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede son internet, para el acceso electrónico, y los números de teléfono debidamente publicados en la sede, para la atención telefónica.
Entre los contenidos y servicios que presta la sede destaca la información relacionada con la protección de datos de carácter personal. Además, prevé incorporar servicios como el tablón de anuncios electrónicos de edictos, quejas y sugerencias, notificaciones electrónicas, presentación de escritos, consulta del expediente judicial incluido el acceso a las grabaciones de las vistas, consulta de la agenda de señalamientos y asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede, ente otros.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la competencia para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los programas y aplicaciones informáticas, incluidas las sedes judiciales electrónicas que se creen o utilicen en las administraciones con competencia en materia de Justicia, así como para establecer los términos que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad entre todos ellos.
La orden define la nueva herramienta como aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a cada una de las administraciones competentes en materia de Justicia.
La Sede Judicial Electrónica, que entrará en funcionamiento dentro de un plazo máximo de seis meses, supone la creación de un espacio en el que la Administración de Justicia, la ciudadanía y los profesionales se relacionen en el marco de la actividad judicial con las garantías procesales necesarias.
A través de dicha sede se podrán realizar todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la certificación de la Administración de Justicia o de la ciudadanía y los profesionales en sus relaciones con ésta por medios electrónicos. Los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede son internet, para el acceso electrónico, y los números de teléfono debidamente publicados en la sede, para la atención telefónica.
Entre los contenidos y servicios que presta la sede destaca la información relacionada con la protección de datos de carácter personal. Además, prevé incorporar servicios como el tablón de anuncios electrónicos de edictos, quejas y sugerencias, notificaciones electrónicas, presentación de escritos, consulta del expediente judicial incluido el acceso a las grabaciones de las vistas, consulta de la agenda de señalamientos y asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede, ente otros.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la competencia para garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los programas y aplicaciones informáticas, incluidas las sedes judiciales electrónicas que se creen o utilicen en las administraciones con competencia en materia de Justicia, así como para establecer los términos que garanticen la compatibilidad e interoperabilidad entre todos ellos.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
