La presidenta de la Junta, Susana Díaz, presidió ayer la firma del acuerdo entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales en virtud del cual la Junta y sus entes instrumentales incorporarán cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos, con el fin de consolidar un tejido empresarial sostenible, así como promover la inserción laboral de las personas con más dificultades de acceso al empleo.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO, y la Confederación de Empresarios de Andalucía suscribieron este acuerdo para que se valore a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente.
El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
Además, según recoge el documento, a partir de la aplicación de las clausulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.
Las cláusulas sociales y medioambientales serán de aplicación en la contratación pública, una vez que el acuerdo sea aprobado por el Consejo de Gobierno en los próximos días. Además de los sindicatos y empresarios con los que se ha suscrito el acuerdo, esta iniciativa será trasladada próximamente a la Mesa del Tercer Sector por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de ofertas, hasta la adjudicación y ejecución del contrato.
Para promover una contratación pública sostenible, las licitaciones de la Junta de Andalucía incluirán estipulaciones dirigidas a lograr objetivos de política social, ética y medioambiental que garanticen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social, igualdad de oportunidades, conciliación familiar, comercio ético y respeto al medio ambiente, entre otros.
Las cláusulas sociales se aplicarán siempre que el órgano de contratación considere que son adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo, y deberán quedar definidas en los pliegos del contrato, así como en el anuncio de licitación.
Asimismo, se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2 por ciento de personas con discapacidad.
Derechos laborales
Del mismo modo, las empresas deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales básicos, no pudiendo contratarse a una empresa cuya oferta sea inferior al coste salarial derivado del convenio colectivo aplicable. En el caso de que se trate de plantillas de más de 250 trabajadores, tendrán que disponer de un Plan de Igualdad en el que se definan los objetivos a alcanzar en este ámbito, así como las estrategias y prácticas implantadas para conseguirlos.
También se incluyen criterios éticos y de transparencia fiscal en la ejecución de los contratos, exigiéndose a las empresas la declaración íntegra de sus ingresos y beneficios, así como la tributación correspondiente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios en paraísos fiscales, de forma directa o a través de filiales.
En función del tipo de contrato, se podrán establecer cláusulas específicas. Así, en el caso de actividades relacionadas con menores, como transporte o comedor escolar, monitores, atención temprana..., las empresas deberán presentar una declaración responsable de protección de menores de todo el personal y, en caso de resultar adjudicataria, una certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales, que de no entregarse daría lugar a la resolución del contrato.
Por su parte, en los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un Plan de seguridad y salud en el trabajo, mientras que, en los contratos de diseño y elaboración de páginas web, será obligatorio que esté garantizada la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Recomendaciones
La guía también recoge recomendaciones que no son obligatorias para las empresas pero que se valorarán en las contrataciones públicas. En estos casos, y para que puedan ser tenidas en cuenta en la licitación y adjudicación, la definición del objeto de los contratos deberá describir específicamente el valor social que incorpora, tal como: fomento del empleo de personas en situación de riesgo o exclusión social, inserción de personas con discapacidad, fomento de estabilidad en el empleo, promoción de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, etc.
Para ello, en los pliegos de prescripciones técnicas particulares se definirán criterios de sostenibilidad y protección ambiental referidos al reciclado, tratamiento de residuos, eficiencia energética, prevención de accidentes o riesgos de contaminación.
En función del tipo de contrato, podrán incluirse cláusulas que exijan el uso no sexista del lenguaje en los documentos, la subtitulación del material audiovisual y la interpretación de lengua de signos española, la incorporación de ecoetiquetas en productos textiles, suministros de papel de tipo reciclado, productos de limpieza de baja toxicidad química y alta biodegradabilidad, jabones sin colorantes o mobiliario de madera natural con certificado de explotación forestal sostenible.
A partir de ahora, además, en las adjudicaciones de contratos se valorarán aspectos de calidad en el empleo, como la formación del personal, las medidas de conciliación familiar que promueve la empresa o los proyectos de interés social y solidarios que financia.
También se tendrán en cuenta los contratos de nuevos trabajadores que se vayan a formalizar para la ejecución del contrato, las mejoras laborales como la conversión de contratos temporales en indefinidos, la contratación de personas desfavorecidas o la creación de empleo en sectores con menor índice de ocupación femenina.
La aplicación de estas medidas en las empresas licitadoras conllevará la dotación de puntos por parte de los órganos de contratación que permitirá a las más comprometidas social y medioambientalmente tener mayores posibilidades de que se les adjudiquen contratos de la Junta de Andalucía.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública, los sindicatos UGT y CCOO, y la Confederación de Empresarios de Andalucía suscribieron este acuerdo para que se valore a las empresas comprometidas con la calidad del empleo, la igualdad de oportunidades y el medioambiente.
El acuerdo pretende mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en empresas que contratan con la Junta, así como promover el acceso al empleo de colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral, primando a las personas que perciben la renta mínima, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral.
Además, según recoge el documento, a partir de la aplicación de las clausulas sociales, cualquier empresa que haya contratado con la Junta de Andalucía verá cancelado su contrato automáticamente si está dos meses sin abonar el salario a su plantilla.
Las cláusulas sociales y medioambientales serán de aplicación en la contratación pública, una vez que el acuerdo sea aprobado por el Consejo de Gobierno en los próximos días. Además de los sindicatos y empresarios con los que se ha suscrito el acuerdo, esta iniciativa será trasladada próximamente a la Mesa del Tercer Sector por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía en la que se recogen estipulaciones que deberán ser incluidas obligatoriamente en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que facilitarán la toma de decisiones de los órganos de contratación en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de ofertas, hasta la adjudicación y ejecución del contrato.
Para promover una contratación pública sostenible, las licitaciones de la Junta de Andalucía incluirán estipulaciones dirigidas a lograr objetivos de política social, ética y medioambiental que garanticen oportunidades de empleo, trabajo digno, inclusión social, igualdad de oportunidades, conciliación familiar, comercio ético y respeto al medio ambiente, entre otros.
Las cláusulas sociales se aplicarán siempre que el órgano de contratación considere que son adecuadas al objeto del contrato, en función del sector de actividad, finalidad, naturaleza y contenido del mismo, y deberán quedar definidas en los pliegos del contrato, así como en el anuncio de licitación.
Asimismo, se establece la prohibición de contratar con la Junta para aquellas empresas que incumplen la legislación ambiental o han sido sancionadas por infracción muy grave en materia social. De esta forma, quedarían excluidas directamente las empresas licitadoras con 50 o más trabajadores en cuya plantilla no estén contratados al menos un 2 por ciento de personas con discapacidad.
Derechos laborales
Del mismo modo, las empresas deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales básicos, no pudiendo contratarse a una empresa cuya oferta sea inferior al coste salarial derivado del convenio colectivo aplicable. En el caso de que se trate de plantillas de más de 250 trabajadores, tendrán que disponer de un Plan de Igualdad en el que se definan los objetivos a alcanzar en este ámbito, así como las estrategias y prácticas implantadas para conseguirlos.
También se incluyen criterios éticos y de transparencia fiscal en la ejecución de los contratos, exigiéndose a las empresas la declaración íntegra de sus ingresos y beneficios, así como la tributación correspondiente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios en paraísos fiscales, de forma directa o a través de filiales.
En función del tipo de contrato, se podrán establecer cláusulas específicas. Así, en el caso de actividades relacionadas con menores, como transporte o comedor escolar, monitores, atención temprana..., las empresas deberán presentar una declaración responsable de protección de menores de todo el personal y, en caso de resultar adjudicataria, una certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales, que de no entregarse daría lugar a la resolución del contrato.
Por su parte, en los contratos de obras, con carácter previo a la ejecución del proyecto, habrá de elaborarse un Plan de seguridad y salud en el trabajo, mientras que, en los contratos de diseño y elaboración de páginas web, será obligatorio que esté garantizada la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Recomendaciones
La guía también recoge recomendaciones que no son obligatorias para las empresas pero que se valorarán en las contrataciones públicas. En estos casos, y para que puedan ser tenidas en cuenta en la licitación y adjudicación, la definición del objeto de los contratos deberá describir específicamente el valor social que incorpora, tal como: fomento del empleo de personas en situación de riesgo o exclusión social, inserción de personas con discapacidad, fomento de estabilidad en el empleo, promoción de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, etc.
Para ello, en los pliegos de prescripciones técnicas particulares se definirán criterios de sostenibilidad y protección ambiental referidos al reciclado, tratamiento de residuos, eficiencia energética, prevención de accidentes o riesgos de contaminación.
En función del tipo de contrato, podrán incluirse cláusulas que exijan el uso no sexista del lenguaje en los documentos, la subtitulación del material audiovisual y la interpretación de lengua de signos española, la incorporación de ecoetiquetas en productos textiles, suministros de papel de tipo reciclado, productos de limpieza de baja toxicidad química y alta biodegradabilidad, jabones sin colorantes o mobiliario de madera natural con certificado de explotación forestal sostenible.
A partir de ahora, además, en las adjudicaciones de contratos se valorarán aspectos de calidad en el empleo, como la formación del personal, las medidas de conciliación familiar que promueve la empresa o los proyectos de interés social y solidarios que financia.
También se tendrán en cuenta los contratos de nuevos trabajadores que se vayan a formalizar para la ejecución del contrato, las mejoras laborales como la conversión de contratos temporales en indefinidos, la contratación de personas desfavorecidas o la creación de empleo en sectores con menor índice de ocupación femenina.
La aplicación de estas medidas en las empresas licitadoras conllevará la dotación de puntos por parte de los órganos de contratación que permitirá a las más comprometidas social y medioambientalmente tener mayores posibilidades de que se les adjudiquen contratos de la Junta de Andalucía.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
