El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó hace unos días el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que consolidará las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad (el 61 por ciento mujeres y casi el 10 por ciento de la población total). La norma partirá de los avances conseguidos con la ley de 1999 ahora vigente, cuyo desarrollo se concreta actualmente en un presupuesto anual que supera los 1.300 millones de euros.
El proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.
A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas. De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo.
En el ámbito formativo y del empleo la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3 por ciento del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5 por ciento en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.
También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Centros especiales de empleo
Una novedad destacada es la fijación de una reserva del 5 por ciento del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad). En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad.
Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril, norma que dispone la creación en las ocho provincias de 11 unidades responsables de derivar a los menores a los 163 centros de atención infantil temprana que hay en Andalucía, donde actualmente más de 800 profesionales atienden a 19.000 personas al año.
En el área educativa, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También novedosa es la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo actividades extraescolares.
A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.
Accesibilidad universal
Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.
En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.
La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4 por ciento de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas 'viviendas convertibles', diseñadas con el fin de permitir su fácil adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.
Otra novedad respecto a la ley anterior es la inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este sentido se dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles (habitaciones de hoteles, albergues, teatros, residencias de estudiantes) y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, se establece que el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.
Igualmente novedosa es la previsión de crear un órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esta junta arbitral se completará con otra en colaboración con la Administración central para los conflictos que exceden del ámbito autonómico.
Por último, el texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.
El proyecto aprobado ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.
Actualmente, en el 22 por ciento de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000 personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento por los Centros de Valoración y Orientación. De ellas 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte, 60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).
El proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial. De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud. Se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador.
A diferencia de la ley de 1999, se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas. De igual modo, la norma considera el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género. Entre ellas destacan la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.
Igualmente novedoso es el reconocimiento del uso de los perros de asistencia, aquellos que han sido adiestrados específicamente para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de las personas con discapacidad. Se trata de una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento. Respecto a las medidas para favorecer la movilidad, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad a vehículos de transporte colectivo.
En el ámbito formativo y del empleo la principal novedad es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3 por ciento del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación para el empleo organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5 por ciento en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, un cupo igualmente de nueva creación. Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.
También en el área laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad con medidas específicas tanto en el ámbito público como en el privado, y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.
Centros especiales de empleo
Una novedad destacada es la fijación de una reserva del 5 por ciento del importe anual de toda la contratación pública de la Junta a favor de los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en su plantilla con un mínimo del 70 por ciento de trabajadores con discapacidad). En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad.
Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos. En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril, norma que dispone la creación en las ocho provincias de 11 unidades responsables de derivar a los menores a los 163 centros de atención infantil temprana que hay en Andalucía, donde actualmente más de 800 profesionales atienden a 19.000 personas al año.
En el área educativa, las universidades andaluzas deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad a los entornos físicos y de la información y la comunicación. También novedosa es la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades. Asimismo, el texto incorpora la previsión de fórmulas de colaboración con las entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad para el desarrollo actividades extraescolares.
A diferencia de la anterior ley, el nuevo texto define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Una novedad destacada es la introducción de la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada. Entre otros aspectos, se regula la atención a personas privadas de libertad y a las que requieren apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de entidades sin ánimo de lucro.
Accesibilidad universal
Garantizar la vida independiente y la accesibilidad universal es otro de los objetivos de la nueva ley que, a diferencia de la de 1999, sólo se centraba en la accesibilidad arquitectónica o física. Para ello, la Administración autonómica estará obligada a incluir en su regulación sobre la materia todos los entornos físicos y de información y la comunicación, incluidos bienes, productos y servicios, para permitir su uso por el mayor número de personas con independencia de cuáles sean sus capacidades.
En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. Entre otras medidas, la ley obligará a impulsar viviendas tuteladas o compartidas para la promoción de la autonomía personal y a introducir apoyos y ajustes razonables en los programas y actuaciones de transición a la vida adulta destinados a jóvenes con discapacidad que hayan sido destinatarios de medidas de protección de menores.
La futura normativa también mantendrá la posibilidad de que la Administración autonómica otorgue prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad y subvenciones que favorezcan la inclusión social.
En el apartado de vivienda, se consolida la reserva de un 4 por ciento de las protegidas para personas con discapacidad y, como novedad, se dispone la regulación de la figura de las denominadas 'viviendas convertibles', diseñadas con el fin de permitir su fácil adaptación a las diferentes capacidades o funcionalidades. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán preferencia en la concesión de ayudas para la adaptación de las viviendas.
Otra novedad respecto a la ley anterior es la inclusión expresa del turismo entre las actividades de ocio en las que se debe garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este sentido se dispone que si los alojamientos de uso residencial público accesibles (habitaciones de hoteles, albergues, teatros, residencias de estudiantes) y los espacios reservados se ubican sólo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica.
Por su parte, en materia de comunicación, imagen y publicidad, se establece que el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.
Igualmente novedosa es la previsión de crear un órgano de resolución extrajudicial de conflictos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, que estará adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esta junta arbitral se completará con otra en colaboración con la Administración central para los conflictos que exceden del ámbito autonómico.
Por último, el texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica.
El proyecto aprobado ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, así como de las organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia.
Actualmente, en el 22 por ciento de los hogares andaluces hay al menos una persona con discapacidad. De las más de 700.000 personas que integran el colectivo, 560.996 personas tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento por los Centros de Valoración y Orientación. De ellas 281.281 son hombres y 279.685 mujeres. Por otra parte, 60.152 tienen concedida y en vigor la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida (32.142 hombres y 28.010 mujeres).
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
