A escasos minutos de sufrir el rechazo de su investidura en el Congreso de los Diputados, el Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy hizo público en un comunicado la designación del exministro de Industria José Manuel Soria para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. Soria había dimitido el pasado mes de abril al ser pillado mintiendo sobre su relación como administrador en una sociedad que operaba en el paraíso fiscal de Islas Jersey.
Su nombre aparecía en los famosos “papeles de Panamá”, dando lugar a días de rotundas negaciones, convertidas luego en matizaciones hasta que, finalmente, la evidencia de su implicación forzaba la renuncia del político canario, por mentir, a fin de evitar que el escándalo acabara perjudicando al Gobierno en su conjunto.
Cuatro meses había estado el exministro apartado de la política, que no de los negocios, hasta que el mismo Gobierno que lo cesó lo premiaba con el nombramiento para un puesto excelentemente remunerado y mejor relacionado con lo que le apasiona: el dinero.
Los responsables “técnicos” del nombramiento, una comisión del Ministerio de Economía formada por altos cargos elegidos entre afines por el responsable del departamento, el ministro Luis de Guindos, soportaron estoicamente que fueran presentados como simples funcionarios que se limitan a valorar las candidaturas presentadas a un supuesto concurso administrativo en el que el Gobierno ni mediaba ni influía. Con ello se buscaba explicar la designación de Soria como un mero trámite administrativo, al que podía acceder cualquier funcionario, cuando en realidad era una decisión política.
Se construyó así un nuevo escándalo en el que las mentiras han vuelto a poner en evidencia no sólo la tendencia del exministro a saciar sus ambiciones personales, sino la opacidad de un Gobierno que actúa por “amiguismo” y el interés particular de sus correligionarios, aunque ello vaya en detrimento de la imagen y el prestigio del país en las instituciones internacionales. Un Gobierno, además, que no duda en poner a todos sus miembros a propalar la mentira, encabezado por su presidente en funciones, con tal de justificar una actuación arbitraria en todo punto injustificable.
Pero, más allá de la actitud del personaje implicado, un profesional de la política que ansía continuar viviendo a expensas de los contribuyentes y gracias a sus amistades y relaciones políticas, lo que destaca de este escándalo es la tendencia del Gobierno a socorrer, no a las víctimas de un abuso, sino a los verdugos que cometen tales abusos. Hay ejemplos de esta actitud partidista y favorable del Gobierno con los poderosos.
De igual modo que Soria fue rescatado y premiado con un “ascenso” generosamente remunerado tras su deshonrosa dimisión como ministro, el Gobierno también acudió en ayuda de unos bancos de titularidad privada, causantes de la crisis económica que ha empobrecido a la población, “regalándoles” un rescate financiero que los libra de la ruina a la que estaban abocados por sus negligencias y avaricias especulativas. En ambos casos, el Gobierno se inclinó por la magnanimidad con los causantes del desafuero en vez de socorrer a los afectados por abusos intolerables y condenables en países serios y acostumbrados a actuar con transparencia.
El caso Soria sirve, además, para poner de manifiesto el comportamiento del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy basado en el despotismo y la arrogancia, sin atenerse a ningún código ético ni de transparencia que controle y guíe sus decisiones. Un Gobierno capaz de recurrir por enésima vez a la mentira para justificar una arbitrariedad imposible de ocultar a los ciudadanos.
Escuchar a algunos ministros, incluida la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, defender al “compañero” galardonado con un premio de consolación tras su dimisión como ministro, causa bochorno. Pero, el ridículo ofrecido por el propio presidente del Gobierno abundando en la mentira, provoca vergüenza ajena.
El país no se merece un Gobierno de esta catadura moral y desvergüenza funcional. Un Gobierno que de manera descarada gobierna para los ricos y poderosos, abandona a su suerte a los ciudadanos, y premia a los suyos con toda clase de prebendas. Aunque al final el interfecto ha renunciado al cargo, el asunto da asco.
Su nombre aparecía en los famosos “papeles de Panamá”, dando lugar a días de rotundas negaciones, convertidas luego en matizaciones hasta que, finalmente, la evidencia de su implicación forzaba la renuncia del político canario, por mentir, a fin de evitar que el escándalo acabara perjudicando al Gobierno en su conjunto.
Cuatro meses había estado el exministro apartado de la política, que no de los negocios, hasta que el mismo Gobierno que lo cesó lo premiaba con el nombramiento para un puesto excelentemente remunerado y mejor relacionado con lo que le apasiona: el dinero.
Los responsables “técnicos” del nombramiento, una comisión del Ministerio de Economía formada por altos cargos elegidos entre afines por el responsable del departamento, el ministro Luis de Guindos, soportaron estoicamente que fueran presentados como simples funcionarios que se limitan a valorar las candidaturas presentadas a un supuesto concurso administrativo en el que el Gobierno ni mediaba ni influía. Con ello se buscaba explicar la designación de Soria como un mero trámite administrativo, al que podía acceder cualquier funcionario, cuando en realidad era una decisión política.
Se construyó así un nuevo escándalo en el que las mentiras han vuelto a poner en evidencia no sólo la tendencia del exministro a saciar sus ambiciones personales, sino la opacidad de un Gobierno que actúa por “amiguismo” y el interés particular de sus correligionarios, aunque ello vaya en detrimento de la imagen y el prestigio del país en las instituciones internacionales. Un Gobierno, además, que no duda en poner a todos sus miembros a propalar la mentira, encabezado por su presidente en funciones, con tal de justificar una actuación arbitraria en todo punto injustificable.
Pero, más allá de la actitud del personaje implicado, un profesional de la política que ansía continuar viviendo a expensas de los contribuyentes y gracias a sus amistades y relaciones políticas, lo que destaca de este escándalo es la tendencia del Gobierno a socorrer, no a las víctimas de un abuso, sino a los verdugos que cometen tales abusos. Hay ejemplos de esta actitud partidista y favorable del Gobierno con los poderosos.
De igual modo que Soria fue rescatado y premiado con un “ascenso” generosamente remunerado tras su deshonrosa dimisión como ministro, el Gobierno también acudió en ayuda de unos bancos de titularidad privada, causantes de la crisis económica que ha empobrecido a la población, “regalándoles” un rescate financiero que los libra de la ruina a la que estaban abocados por sus negligencias y avaricias especulativas. En ambos casos, el Gobierno se inclinó por la magnanimidad con los causantes del desafuero en vez de socorrer a los afectados por abusos intolerables y condenables en países serios y acostumbrados a actuar con transparencia.
El caso Soria sirve, además, para poner de manifiesto el comportamiento del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy basado en el despotismo y la arrogancia, sin atenerse a ningún código ético ni de transparencia que controle y guíe sus decisiones. Un Gobierno capaz de recurrir por enésima vez a la mentira para justificar una arbitrariedad imposible de ocultar a los ciudadanos.
Escuchar a algunos ministros, incluida la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, defender al “compañero” galardonado con un premio de consolación tras su dimisión como ministro, causa bochorno. Pero, el ridículo ofrecido por el propio presidente del Gobierno abundando en la mentira, provoca vergüenza ajena.
El país no se merece un Gobierno de esta catadura moral y desvergüenza funcional. Un Gobierno que de manera descarada gobierna para los ricos y poderosos, abandona a su suerte a los ciudadanos, y premia a los suyos con toda clase de prebendas. Aunque al final el interfecto ha renunciado al cargo, el asunto da asco.
DANIEL GUERRERO
