La reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local acaba de acumular ya su segunda sentencia contraria por parte del Tribunal Constitucional, que en un fallo declara inconstitucionales algunos de sus preceptos. En este sentido, la Diputación Provincial de Sevilla ha emitido un comunicado en el que aplaude la consideración de que dicha ley vulnere el principio de autonomía local.
"Lo que mal empieza mal acaba, y una reforma de la administración local con tanta contestación institucional y social como la que se hizo en su día no podía más que acarrear recursos de inconstitucionalidad en su haber". Así se ha expresado Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, tras conocer el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de junio en la que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó la Junta de Andalucía contra la LRSAL por considerar que vulneraba el principio de la autonomía municipal.
En esa línea, la Diputación señala que la sentencia frena las competencias que la LRSAL atribuía a las Juntas de Gobierno municipales -integradas solo por el equipo que gestiona el Consistorio- en la aprobación de presupuestos o planes de ajuste, saneamiento o reducción de deuda, de forma que en lugar de encomendar esos postulados a un órgano donde la representatividad es menor, se deposita esa potestad únicamente en el plenario local, que es donde más amplia y claramente reside la representatividad municipal.
Además, otro aspecto destacado del fallo del Constitucional es que reafirma que la prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en municipios menores de 20.000 habitantes sigue correspondiendo a las Diputaciones. Este particular, para Villalobos, "refuerza el papel que ya vienen desplegando las entidades provinciales a favor de los Ayuntamientos con menos recursos, estando al lado de ellos en todo momento y poniendo a su disposición los recursos necesarios para una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía desde los Consistorios".
Más concretamente, "la Sentencia del Constitucional fortalece el trabajo que desde INPRO venimos haciendo para dotar a los Ayuntamientos sevillanos de sede electrónica, portales de transparencia e innumerables aplicaciones para la gestión municipal, así como las iniciativas encaminadas a conseguir municipios y territorios que respondan e integren el concepto de smartcities en su gestión diaria", ha apostillado Villalobos.
Según la Diputación, el Tribunal Constitucional está recuperando "a golpe de jurisprudencia el sentido común que nunca debió perderse en la manera de gestionar y responder a las necesidades de los municipios de este país, dejando claro además que la falta de diálogo y consenso en torno a los modelos territoriales y de gestión no conducen a ninguna parte".
"Lo que mal empieza mal acaba, y una reforma de la administración local con tanta contestación institucional y social como la que se hizo en su día no podía más que acarrear recursos de inconstitucionalidad en su haber". Así se ha expresado Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, tras conocer el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de junio en la que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó la Junta de Andalucía contra la LRSAL por considerar que vulneraba el principio de la autonomía municipal.
En esa línea, la Diputación señala que la sentencia frena las competencias que la LRSAL atribuía a las Juntas de Gobierno municipales -integradas solo por el equipo que gestiona el Consistorio- en la aprobación de presupuestos o planes de ajuste, saneamiento o reducción de deuda, de forma que en lugar de encomendar esos postulados a un órgano donde la representatividad es menor, se deposita esa potestad únicamente en el plenario local, que es donde más amplia y claramente reside la representatividad municipal.
Además, otro aspecto destacado del fallo del Constitucional es que reafirma que la prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en municipios menores de 20.000 habitantes sigue correspondiendo a las Diputaciones. Este particular, para Villalobos, "refuerza el papel que ya vienen desplegando las entidades provinciales a favor de los Ayuntamientos con menos recursos, estando al lado de ellos en todo momento y poniendo a su disposición los recursos necesarios para una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía desde los Consistorios".
Más concretamente, "la Sentencia del Constitucional fortalece el trabajo que desde INPRO venimos haciendo para dotar a los Ayuntamientos sevillanos de sede electrónica, portales de transparencia e innumerables aplicaciones para la gestión municipal, así como las iniciativas encaminadas a conseguir municipios y territorios que respondan e integren el concepto de smartcities en su gestión diaria", ha apostillado Villalobos.
Según la Diputación, el Tribunal Constitucional está recuperando "a golpe de jurisprudencia el sentido común que nunca debió perderse en la manera de gestionar y responder a las necesidades de los municipios de este país, dejando claro además que la falta de diálogo y consenso en torno a los modelos territoriales y de gestión no conducen a ninguna parte".
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
