El juez del denominado 'Caso Varela' ha citado en calidad de investigados al concejal del Grupo Socialista y portavoz del mismo, Agustín Morón, al concejal del Grupo Popular y presidente andaluz de Nuevas Generaciones, Luis Paniagua, y al empresario vinculado al PP nazareno Emilio Maya. Éstos se suman a los ya investigados Manuel Alcocer, ex presidente del PP en Dos Hermanas, y José Luis Olivares, director de 'El Nazareno'.
En un auto con fecha 26 de abril, el titular del Juzgado número 7 de Primera Instancia e Instrucción de Dos Hermanas, Óscar Rey Muñoz, ha acordado citar a tres nuevos investigados -anterior figura al imputado- en relación a los hechos ocurridos el 23 de mayo de 2015, jornada previa a las Elecciones Municipales, por los que el candidato del partido Ciudadanos Dos Hermanas, Manuel Varela, fue objeto de un presunto chantaje para que presentara su dimisión y, si no, se difundiría un vídeo en el que se le veía consumiendo cocaína.
En este nuevo auto, el juez considera, por las actuaciones practicadas hasta el momento, que en relación con el portavoz del Gobierno municipal, Agustín Morón, hay motivos suficientes para considerar que pudiera estar implicado en los hechos por el tráfico de llamadas existente entre éste y el director del periódico 'El Nazareno', José Luis Olivares, durante la tarde del día 23 de mayo de 2015, al apreciarse un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente quince, especialmente en el horario en el que el candidato de Ciudadanos, Manuel Varela, recibe las llamadas amenazantes.
El juez es especialmente crítico con la versión ofrecida, en calidad de investigado, por José Luis Olivares, al indicar que las numerosas llamadas realizadas a Agustín Morón o recibidas por éste sólo se produjeron en relación a la jornada electoral del día siguiente y al momento de la votación del alcalde, Francisco Toscano, cuestionando incluso las propias declaraciones de este último -en su declaración como testigo- cuando aseguró que de la dimisión de Manuel Varela como candidato -presentada en la noche del día 23- se enteró al día siguiente en el transcurso de un encuentro con Agustín Morón, "pues parece que lo lógico en ese caso hubiera sido mantener informado al alcalde, cabeza de lista de su partido político", señala el auto.
Listado de llamadas
Es por esto motivo por el que, atendiendo a las numerosas ocasiones en las que José Luis Olivares llama a Agustín Morón, normalmente antes y después de hablar con Manuel Varela, el portavoz socialista "pudiera estar implicado en los hechos investigados en este procedimiento, que justifica cuando menos la atribución en este momento de su condición de investigado, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción". Esta circunstancia ha llevado además al juez a ordenar que se recabe el listado de llamadas y entrantes y salientes del teléfono de Agustín Morón.
De igual manera, el juez entiende que por las actuaciones practicadas se desprende que hay otras dos personas relacionadas con este presunto caso de chantaje, el concejal del PP en Dos Hermanas Luis Paniagua y el empresario vinculado a este partido Emilio Maya, a los que ha citado igualmente como investigados.
Y ello se debe a los testimonios que señalan que ambos hablaron con anterioridad a las Elecciones Municipales del vídeo que fue utilizado para el chantaje a Manuel Varela, refiriéndose incluso a un twiter en el que explícitamente se hablaba de las "aficiones" de Manuel Varela y al "poco tiempo que le quedaba como candidato".
El juez entiende que "lo más plausible" es que el vídeo de la extorsión a Varela fuera grabado en el ámbito del Partido Popular, sin perjuicio de que la utilización del mismo fuera realizada por terceros que tuvieran acceso a las grabaciones, "cuestión ésta que es lo que se trata de investigar", recoge el auto judicial.
Asimismo, respecto a José Luis Olivares, la persona que al parecer mostró a Manuel Varela desde su móvil el vídeo utilizado en el chantaje y quien le transmite la amenaza de un tercero de que o renunciaba a la candidatura de Ciudadanos o se procedería a la difusión masiva del mismo, el juez considera que existen claros "indicios de criminalidad", ya que no sólo actuó como intermediario o mensajero, sino que su actuación fue "plenamente consciente y cooperadora en todo momento en el delito cometido".
El juez considera que la actitud de Olivares, quien no ha desvelado quién le proporciona el vídeo, es "obstruccionista y nada colaboradora", por cuanto aclara que la instrucción no pretende desvelar sus fuentes como periodista, "sino poder averiguar la identidad de las personas involucradas en la comisión de un hecho delictivo". Asimismo, cuestiona el instructor que el director del periódico ni siquiera informara de la existencia del mismo en su medio, sino que solo consistió en "poner en conocimiento del denunciante [Manuel Varela] la existencia del vídeo y lo que se le exigía para no publicar el mismo".
Igualmente, en relación al tráfico de llamadas desde su móvil el día 23 de mayo, advierte el juez que las únicas que recibe son, salvo alguna excepción, básicamente de Agustín Morón y Manuel Varela, de lo cual el instructor deduce "que las llamadas por las cuales se trasmitió en definitiva el mensaje de renuncia o publicación masiva del video, solo se pudieron producir si el teléfono había sido proporcionado por José Luis Olivares previo concierto y para esa finalidad".
En definitiva, añade en relación a esta persona, se recoge en el auto que la actuación de José Luis Olivares fue "plenamente consciente y cooperadora en todo momento en el delito cometido, elegido quizá precisamente con la finalidad de intentar amparase en secreto profesional como periodista y justificar su actuación en esa condición, lo cual, para este instructor al menos, resulta del todo punto inconsistente".
En relación a todos estos hechos, el instructor ha ordenado a la Policía Judicial que elabore un informe completo acerca de las encuestas electorales previas a las Elecciones Municipales, comparadas éstas con los resultados finales, para tratar de comprobar el impacto que los hechos denunciados tuvieron en las mismas; es decir, si el presunto chantaje pudo alterar el resultado de la jornada electoral del día 24 de mayo de 2015.
Citaciones como testigos
El juez, por otra parte, no considera creíble la versión ofrecida por el investigado F.J.R.S., empleado del Ayuntamiento, quien se puede encontrar relacionado con la compra de la tarjeta prepago desde la que se realizaron llamadas amenazantes, al asegurar que la compra de la misma, a través de un 'gorrilla', la hizo para una persona a la que no conocía.
En el auto se ha acordado además citar próximamente como testigos a María del Carmen Espadas, actual concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento, y a Isabel Uribe, concejal saliente de esta misma formación, la primera de ellas como la persona que oyó comentarios acerca de la existencia del vídeo, y la segunda como persona relaciona con el twiter -citado anteriormente- para que aclare su procedencia.
En un auto con fecha 26 de abril, el titular del Juzgado número 7 de Primera Instancia e Instrucción de Dos Hermanas, Óscar Rey Muñoz, ha acordado citar a tres nuevos investigados -anterior figura al imputado- en relación a los hechos ocurridos el 23 de mayo de 2015, jornada previa a las Elecciones Municipales, por los que el candidato del partido Ciudadanos Dos Hermanas, Manuel Varela, fue objeto de un presunto chantaje para que presentara su dimisión y, si no, se difundiría un vídeo en el que se le veía consumiendo cocaína.
En este nuevo auto, el juez considera, por las actuaciones practicadas hasta el momento, que en relación con el portavoz del Gobierno municipal, Agustín Morón, hay motivos suficientes para considerar que pudiera estar implicado en los hechos por el tráfico de llamadas existente entre éste y el director del periódico 'El Nazareno', José Luis Olivares, durante la tarde del día 23 de mayo de 2015, al apreciarse un número elevado de llamadas entre ambos, concretamente quince, especialmente en el horario en el que el candidato de Ciudadanos, Manuel Varela, recibe las llamadas amenazantes.
El juez es especialmente crítico con la versión ofrecida, en calidad de investigado, por José Luis Olivares, al indicar que las numerosas llamadas realizadas a Agustín Morón o recibidas por éste sólo se produjeron en relación a la jornada electoral del día siguiente y al momento de la votación del alcalde, Francisco Toscano, cuestionando incluso las propias declaraciones de este último -en su declaración como testigo- cuando aseguró que de la dimisión de Manuel Varela como candidato -presentada en la noche del día 23- se enteró al día siguiente en el transcurso de un encuentro con Agustín Morón, "pues parece que lo lógico en ese caso hubiera sido mantener informado al alcalde, cabeza de lista de su partido político", señala el auto.
Listado de llamadas
Es por esto motivo por el que, atendiendo a las numerosas ocasiones en las que José Luis Olivares llama a Agustín Morón, normalmente antes y después de hablar con Manuel Varela, el portavoz socialista "pudiera estar implicado en los hechos investigados en este procedimiento, que justifica cuando menos la atribución en este momento de su condición de investigado, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción". Esta circunstancia ha llevado además al juez a ordenar que se recabe el listado de llamadas y entrantes y salientes del teléfono de Agustín Morón.
De igual manera, el juez entiende que por las actuaciones practicadas se desprende que hay otras dos personas relacionadas con este presunto caso de chantaje, el concejal del PP en Dos Hermanas Luis Paniagua y el empresario vinculado a este partido Emilio Maya, a los que ha citado igualmente como investigados.
Y ello se debe a los testimonios que señalan que ambos hablaron con anterioridad a las Elecciones Municipales del vídeo que fue utilizado para el chantaje a Manuel Varela, refiriéndose incluso a un twiter en el que explícitamente se hablaba de las "aficiones" de Manuel Varela y al "poco tiempo que le quedaba como candidato".
El juez entiende que "lo más plausible" es que el vídeo de la extorsión a Varela fuera grabado en el ámbito del Partido Popular, sin perjuicio de que la utilización del mismo fuera realizada por terceros que tuvieran acceso a las grabaciones, "cuestión ésta que es lo que se trata de investigar", recoge el auto judicial.
Asimismo, respecto a José Luis Olivares, la persona que al parecer mostró a Manuel Varela desde su móvil el vídeo utilizado en el chantaje y quien le transmite la amenaza de un tercero de que o renunciaba a la candidatura de Ciudadanos o se procedería a la difusión masiva del mismo, el juez considera que existen claros "indicios de criminalidad", ya que no sólo actuó como intermediario o mensajero, sino que su actuación fue "plenamente consciente y cooperadora en todo momento en el delito cometido".
El juez considera que la actitud de Olivares, quien no ha desvelado quién le proporciona el vídeo, es "obstruccionista y nada colaboradora", por cuanto aclara que la instrucción no pretende desvelar sus fuentes como periodista, "sino poder averiguar la identidad de las personas involucradas en la comisión de un hecho delictivo". Asimismo, cuestiona el instructor que el director del periódico ni siquiera informara de la existencia del mismo en su medio, sino que solo consistió en "poner en conocimiento del denunciante [Manuel Varela] la existencia del vídeo y lo que se le exigía para no publicar el mismo".
Igualmente, en relación al tráfico de llamadas desde su móvil el día 23 de mayo, advierte el juez que las únicas que recibe son, salvo alguna excepción, básicamente de Agustín Morón y Manuel Varela, de lo cual el instructor deduce "que las llamadas por las cuales se trasmitió en definitiva el mensaje de renuncia o publicación masiva del video, solo se pudieron producir si el teléfono había sido proporcionado por José Luis Olivares previo concierto y para esa finalidad".
En definitiva, añade en relación a esta persona, se recoge en el auto que la actuación de José Luis Olivares fue "plenamente consciente y cooperadora en todo momento en el delito cometido, elegido quizá precisamente con la finalidad de intentar amparase en secreto profesional como periodista y justificar su actuación en esa condición, lo cual, para este instructor al menos, resulta del todo punto inconsistente".
En relación a todos estos hechos, el instructor ha ordenado a la Policía Judicial que elabore un informe completo acerca de las encuestas electorales previas a las Elecciones Municipales, comparadas éstas con los resultados finales, para tratar de comprobar el impacto que los hechos denunciados tuvieron en las mismas; es decir, si el presunto chantaje pudo alterar el resultado de la jornada electoral del día 24 de mayo de 2015.
Citaciones como testigos
El juez, por otra parte, no considera creíble la versión ofrecida por el investigado F.J.R.S., empleado del Ayuntamiento, quien se puede encontrar relacionado con la compra de la tarjeta prepago desde la que se realizaron llamadas amenazantes, al asegurar que la compra de la misma, a través de un 'gorrilla', la hizo para una persona a la que no conocía.
En el auto se ha acordado además citar próximamente como testigos a María del Carmen Espadas, actual concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento, y a Isabel Uribe, concejal saliente de esta misma formación, la primera de ellas como la persona que oyó comentarios acerca de la existencia del vídeo, y la segunda como persona relaciona con el twiter -citado anteriormente- para que aclare su procedencia.
FRANCISCO GIL / REDACCIÓN
