Dos Hermanas Diario Digital se hace eco en su Buzón del Lector del manifiesto remitido por la 'Columna Dos Hermanas' sobre la vivienda, a la que consideran "un derecho" y no "una mercancía". Si lo desea, puede escribir a doshermanasdiariodigital@gmail.com exponiendo su queja, comentario o sugerencia, e incluso acompañarla también de alguna fotografía.
La vivienda es un derecho, no una mercancía. El derecho a la vivienda está reconocido en multitud de declaraciones, tratados y leyes, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1), hasta la Constitución española (artículo 47) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 25). En todos ellos se recoge este derecho ciudadano, así como la obligación de hacerlo efectivo por parte de los poderes públicos.
A pesar de ello, la vivienda se ha convertido en un bien de consumo sujeto a las leyes del mercado. A pesar de que la propia Constitución española somete el derecho a la propiedad privada a su “función social” (artículo 33), y a pesar de consagrar que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” (artículo 128), el desarrollo de las leyes del sistema siempre ha sometido el derecho a techo a los intereses del poder económico.
El poder político, elegido por el pueblo, ha traicionado su mandato de legislar para el pueblo, creando normas que priman la acumulación de riqueza de una minoría a costa de la reducción de los derechos más elementales de la mayoría.
Esa violación del derecho a la vivienda por parte de los poderes públicos y económicos ha provocado que en nuestro país haya millones de casas vacías y millones de personas sin poder acceder a ellas. Todavía peor: que cientos de miles de personas hayan sido expulsadas de sus hogares en los últimos años. El número de ejecuciones hipotecarias practicadas desde 2007 alcanza las 569.144 en el Estado, de las que más de 100.000 se han producido en Andalucía. Mientras ese drama crece, en nuestra Comunidad autónoma son más de 700.000 las viviendas desocupadas, de las que unas 7.000 están en Dos Hermanas.
La Columna Dos Hermanas no se posiciona de manera equidistante entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Nuestro lema es 'Pan, Techo, Trabajo y Dignidad'. Ningún ciudadano, ninguna ciudadana de nuestra Comunidad debe estar sin vivienda mientras permanecen vacíos miles de pisos, y para cumplir este objetivo es necesaria la movilización ciudadana y la implicación política, la acción social y la acción institucional, cambiar desde la calle y cambiar desde la representación popular en los gobiernos.
Desde la Columna Dos Hermanas denunciamos que la gestión del gobierno municipal ha sido y es insuficiente frente al drama de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Que, en los tiempos de supuesta bonanza económica, el gobierno municipal ha sido punta de lanza en la consideración de la vivienda como mercancía, incluso sometiendo la construcción de VPO a los vaivenes del urbanismo salvaje y la especulación con el suelo, siendo parte activa en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria. Y que, hoy en día, escudándose en las leyes del sistema, se han posicionado en la equidistancia, incluso en el lado del poder económico, en vez de estar del lado de las personas que sufren las consecuencias de la crisis. Prueba de ello es el desinterés histórico por poner en valor el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, la falta de compromiso y sensibilidad reales hacia el trabajo que realizan desde el 15-M Dos Hermanas, a través del PIVE y, más recientemente, el desinterés por un verdadero desarrollo de la Oficina de Defensa de la Vivienda.
Por todo ello, en la Columna Dos Hermanas integramos la defensa del derecho a la vivienda para todos los vecinos y vecinas de Dos Hermanas como parte sustancial de nuestro esfuerzo individual y colectivo. Eso supone, no una mera declaración de intenciones, sino poner en práctica, en la movilización social y en la exigencia institucional:
• Luchar por el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y a considerar la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
• Luchar por consagrar el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, concretando el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, incluyendo la promoción pública de vivienda.
• Luchar, además de por el derecho a la vivienda, por el de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y vestido adecuados, garantía de servicios y suministros básicos y por la erradicación de la pobreza energética e hídrica.
• Luchar por asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias, afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias.
La vivienda es un derecho, no una mercancía. El derecho a la vivienda está reconocido en multitud de declaraciones, tratados y leyes, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.1) o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1), hasta la Constitución española (artículo 47) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía (artículo 25). En todos ellos se recoge este derecho ciudadano, así como la obligación de hacerlo efectivo por parte de los poderes públicos.
A pesar de ello, la vivienda se ha convertido en un bien de consumo sujeto a las leyes del mercado. A pesar de que la propia Constitución española somete el derecho a la propiedad privada a su “función social” (artículo 33), y a pesar de consagrar que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” (artículo 128), el desarrollo de las leyes del sistema siempre ha sometido el derecho a techo a los intereses del poder económico.
El poder político, elegido por el pueblo, ha traicionado su mandato de legislar para el pueblo, creando normas que priman la acumulación de riqueza de una minoría a costa de la reducción de los derechos más elementales de la mayoría.
Esa violación del derecho a la vivienda por parte de los poderes públicos y económicos ha provocado que en nuestro país haya millones de casas vacías y millones de personas sin poder acceder a ellas. Todavía peor: que cientos de miles de personas hayan sido expulsadas de sus hogares en los últimos años. El número de ejecuciones hipotecarias practicadas desde 2007 alcanza las 569.144 en el Estado, de las que más de 100.000 se han producido en Andalucía. Mientras ese drama crece, en nuestra Comunidad autónoma son más de 700.000 las viviendas desocupadas, de las que unas 7.000 están en Dos Hermanas.
La Columna Dos Hermanas no se posiciona de manera equidistante entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. Nuestro lema es 'Pan, Techo, Trabajo y Dignidad'. Ningún ciudadano, ninguna ciudadana de nuestra Comunidad debe estar sin vivienda mientras permanecen vacíos miles de pisos, y para cumplir este objetivo es necesaria la movilización ciudadana y la implicación política, la acción social y la acción institucional, cambiar desde la calle y cambiar desde la representación popular en los gobiernos.
Desde la Columna Dos Hermanas denunciamos que la gestión del gobierno municipal ha sido y es insuficiente frente al drama de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Que, en los tiempos de supuesta bonanza económica, el gobierno municipal ha sido punta de lanza en la consideración de la vivienda como mercancía, incluso sometiendo la construcción de VPO a los vaivenes del urbanismo salvaje y la especulación con el suelo, siendo parte activa en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria. Y que, hoy en día, escudándose en las leyes del sistema, se han posicionado en la equidistancia, incluso en el lado del poder económico, en vez de estar del lado de las personas que sufren las consecuencias de la crisis. Prueba de ello es el desinterés histórico por poner en valor el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, la falta de compromiso y sensibilidad reales hacia el trabajo que realizan desde el 15-M Dos Hermanas, a través del PIVE y, más recientemente, el desinterés por un verdadero desarrollo de la Oficina de Defensa de la Vivienda.
Por todo ello, en la Columna Dos Hermanas integramos la defensa del derecho a la vivienda para todos los vecinos y vecinas de Dos Hermanas como parte sustancial de nuestro esfuerzo individual y colectivo. Eso supone, no una mera declaración de intenciones, sino poner en práctica, en la movilización social y en la exigencia institucional:
• Luchar por el derecho de toda persona a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y a considerar la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
• Luchar por consagrar el derecho a la vivienda como base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios, concretando el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, incluyendo la promoción pública de vivienda.
• Luchar, además de por el derecho a la vivienda, por el de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación y vestido adecuados, garantía de servicios y suministros básicos y por la erradicación de la pobreza energética e hídrica.
• Luchar por asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias, afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias.
COLUMNA DOS HERMANAS
