El colectivo ciudadano 15M de Montequinto y Dos Hermanas ha presentado un escrito en el Ayuntamiento nazareno en el que le pide a éste que "adopte y lleve a la práctica" las medidas oportunas para que se evite el corte del suministro de agua a las familias de nuestra ciudad, ya que se trata "de un bien esencial y básico para una vida digna", y que además se encuentra protegido por la Constitución.
En el escrito presentado el pasado 24 de octubre en el Registro Municipal del Ayuntamiento por el 15M de Montequinto y Dos Hermanas, se recoge que el suministro municipal de agua potable es "un bien esencial y básico para una vida digna", que se encuentra protegido por la Constitución, y que, además, según establece el Tribunal Constitucional en su sentencia 185/1995, sus tarifas del agua son prestaciones patrimoniales de carácter público, lo que hace que, al tratarse de un servicio realizado por entes públicos, "resulta ilegal con nulidad de pleno derecho" la regulación de las tarifas del agua, como entienden que es el caso de la empresa de aguas de Sevilla y provincia Emasesa.
En dicho escrito se asegura que las tarifas del agua "son siempre tasas", independientemente de la forma en la que se gestione el servicio municipal de agua potable, y dado que esta "naturaleza obligada de tasas" tiene consecuencias de obligado contenido social, como es el caso de los cortes de agua por impago a familias, se pide al Ayuntamiento que "adopte y lleve a la práctica, en el menor tiempo posible, las medidas oportunas que eviten el privar del suministro esencial de agua a familias de nuestro municipio".
Fernando Urruticoechea
El contenido del escrito presentado por el 15M fue respaldado este sábado, día 25 de octubre, en Dos Hermanas por el interventor local del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), Fernando Urruticoechea, quien desde que destapó un caso de corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria), y que fuera entrevistado a nivel nacional por el periodista Jordi Évola para el programa 'Salvados', de la Sexta, ha iniciado una campaña para denunciar los abusos y corrupciones que se registran en una parte de los municipios españoles.
En el transcurso de la conferencia pronunciada en la Biblioteca Municipal de Huerta Palacios, titulada 'Como Dios con la corrupción. Caciques y déspotas locales', este interventor municipal aseguró en relación con las tarifas de agua de Emasesa en Dos Hermanas que éstas "son absolutamente ilegales", debido a que incumplen principios constitucionales.
Fernando Urruticoechea asegura que el artículo 31.3 de la Constitución Española "dice claramente" que las tarifas del agua son prestaciones patrimoniales de carácter público que tienen que ser aprobadas por los Plenos municipales. "¿Quién ha aprobado las tarifas aquí en Dos Hermanas?", se preguntó, "pues, en el caso de Emasesa, directamente su consejo de administración, que es una sociedad anónima, sin que haya pasado por ningún Pleno, y encima no son tasas, sino precios privados", respondió, de ahí que entienda que se trata de algo "ilegal".
Este interventor local, que acudió a Dos Hermanas invitado por el 15M, hizo referencia en el transcurso de su conferencia, igualmente, a su experiencia profesional en distintos ayuntamientos por los que ha pasado y al "incumplimiento generalizado de la ley y de la normativa, especialmente de las sociales, que se produce, y que es el fondo de la corrupción".
Según Fernando Urruticoechea, la corrupción "no es mucho más que el incumplimiento de la Ley en favor propio", y que la que se está viviendo ahora en nuestro país "es sólo una parte de ella". "Esto no es sólo cosas de cuatro o cinco manzanas podridas, y es algo generalizado", señaló.
El problema, según añadió, es el saqueo constante de las arcas municipales que se produce en casi todos los ayuntamientos españoles, "con incumplimiento generalizado en los contratos de servicio, especialmente concentrados en los de aguas, basuras, mantenimiento de jardines..., en los incumplimientos de pliegos, en las faltas de concurrencia, en los precios desmesurados...", y cuya consecuencia es "el saqueo de los bolsillos y la subsidiación de los ayuntamientos a las principales empresas privadas españolas, en este caso FCC, Acciona y Agbar (Aguas de Barcelona)".
Ante ello, este interventor asegura que la única solución está en el cumplimiento de la Ley y "en la presión ciudadana". "En estos casos", concluyó, "los interventores locales no tenemos ningún medio. Entonces, ¿cómo se desatasca esta situación? Con presión ciudadana, con 'Podemos', con movimientos ciudadanos en cada uno de los ayuntamientos exigiendo la rendición de cuentas".
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| Fernando Urruticoechea -a la izquierda-, junto a miembros del 15M de Dos Hermanas. |
En el escrito presentado el pasado 24 de octubre en el Registro Municipal del Ayuntamiento por el 15M de Montequinto y Dos Hermanas, se recoge que el suministro municipal de agua potable es "un bien esencial y básico para una vida digna", que se encuentra protegido por la Constitución, y que, además, según establece el Tribunal Constitucional en su sentencia 185/1995, sus tarifas del agua son prestaciones patrimoniales de carácter público, lo que hace que, al tratarse de un servicio realizado por entes públicos, "resulta ilegal con nulidad de pleno derecho" la regulación de las tarifas del agua, como entienden que es el caso de la empresa de aguas de Sevilla y provincia Emasesa.
En dicho escrito se asegura que las tarifas del agua "son siempre tasas", independientemente de la forma en la que se gestione el servicio municipal de agua potable, y dado que esta "naturaleza obligada de tasas" tiene consecuencias de obligado contenido social, como es el caso de los cortes de agua por impago a familias, se pide al Ayuntamiento que "adopte y lleve a la práctica, en el menor tiempo posible, las medidas oportunas que eviten el privar del suministro esencial de agua a familias de nuestro municipio".
Fernando Urruticoechea
El contenido del escrito presentado por el 15M fue respaldado este sábado, día 25 de octubre, en Dos Hermanas por el interventor local del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), Fernando Urruticoechea, quien desde que destapó un caso de corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria), y que fuera entrevistado a nivel nacional por el periodista Jordi Évola para el programa 'Salvados', de la Sexta, ha iniciado una campaña para denunciar los abusos y corrupciones que se registran en una parte de los municipios españoles.
En el transcurso de la conferencia pronunciada en la Biblioteca Municipal de Huerta Palacios, titulada 'Como Dios con la corrupción. Caciques y déspotas locales', este interventor municipal aseguró en relación con las tarifas de agua de Emasesa en Dos Hermanas que éstas "son absolutamente ilegales", debido a que incumplen principios constitucionales.
Fernando Urruticoechea asegura que el artículo 31.3 de la Constitución Española "dice claramente" que las tarifas del agua son prestaciones patrimoniales de carácter público que tienen que ser aprobadas por los Plenos municipales. "¿Quién ha aprobado las tarifas aquí en Dos Hermanas?", se preguntó, "pues, en el caso de Emasesa, directamente su consejo de administración, que es una sociedad anónima, sin que haya pasado por ningún Pleno, y encima no son tasas, sino precios privados", respondió, de ahí que entienda que se trata de algo "ilegal".
Este interventor local, que acudió a Dos Hermanas invitado por el 15M, hizo referencia en el transcurso de su conferencia, igualmente, a su experiencia profesional en distintos ayuntamientos por los que ha pasado y al "incumplimiento generalizado de la ley y de la normativa, especialmente de las sociales, que se produce, y que es el fondo de la corrupción".
Según Fernando Urruticoechea, la corrupción "no es mucho más que el incumplimiento de la Ley en favor propio", y que la que se está viviendo ahora en nuestro país "es sólo una parte de ella". "Esto no es sólo cosas de cuatro o cinco manzanas podridas, y es algo generalizado", señaló.
El problema, según añadió, es el saqueo constante de las arcas municipales que se produce en casi todos los ayuntamientos españoles, "con incumplimiento generalizado en los contratos de servicio, especialmente concentrados en los de aguas, basuras, mantenimiento de jardines..., en los incumplimientos de pliegos, en las faltas de concurrencia, en los precios desmesurados...", y cuya consecuencia es "el saqueo de los bolsillos y la subsidiación de los ayuntamientos a las principales empresas privadas españolas, en este caso FCC, Acciona y Agbar (Aguas de Barcelona)".
Ante ello, este interventor asegura que la única solución está en el cumplimiento de la Ley y "en la presión ciudadana". "En estos casos", concluyó, "los interventores locales no tenemos ningún medio. Entonces, ¿cómo se desatasca esta situación? Con presión ciudadana, con 'Podemos', con movimientos ciudadanos en cada uno de los ayuntamientos exigiendo la rendición de cuentas".
F. G. CH. / REDACCIÓN
