El responsable de una empresa de gestión de residuos y el de una chatarrería ubicadas en el término de Dos Hermanas se encuentran entre los tres imputados por parte de la Policía Nacional por la muerte de tres miembros de una familia ocurridas el pasado mes de diciembre en una vivienda de Alcalá de Guadaíra, según ha informado en exclusiva este jueves el periódico 'Diario de Sevilla'.
Según se recoge en la información de este diario sevillano, la Policía Nacional ha imputado a al menos tres personas por su presunta relación con la muerte de tres miembros de la familia Caño Bautista, que fallecieron intoxicados por inhalación de fosfuro de aluminio o fosfina el pasado 14 de diciembre en su domicilio de Alcalá de Guadaíra.
Los imputados son los responsables de una empresa de gestión de residuos y de una chatarrería, ambas ubicadas en el término de Dos Hermanas. De la primera empresa salieron presuntamente los tapones de envases de fertilizantes que, al contacto con el agua o la humedad del aire, generaron la fosfina que terminó resultando letal y causando la muerte a Enrique Caño, de 61 años; a su esposa, Concepción Bautista, de 50; y a la hija mayor del matrimonio, de 14.
La chatarrería, según 'Diario de Sevilla', compraba presuntamente los tapones a la empresa de gestión de residuos tóxicos, según la investigación que ha llevado a cabo el grupo de la Policía Judicial de la comisaría de Alcalá de Guadaíra. A las tres personas se las responsabiliza de tres delitos de homicidio imprudente. Ninguna de ellas ha declarado aún ante la juez de Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, encargada de la investigación del caso, que podría citarles de manera inminente.
En el domicilio de la calle Pesadora en el que vivía la familia Caño Bautista, la Policía Nacional halló más de mil tapones de plástico almacenados en una bañera. Estos desechos tenían que haber sido destruidos por la empresa de gestión de basuras de Dos Hermanas, que cuenta con una subvención de la Junta para la eliminación de los residuos peligrosos.
La Policía cree que en vez de encargarse de la destrucción de los tapones -o de contratar a otra empresa autorizada para ello, como hicieron en otras ocasiones-, los responsables de esta planta de reciclaje se los habrían entregado a una chatarrería de Dos Hermanas, que no estaba autorizada por la Junta para el tratamiento de esos residuos. Los chatarreros habrían incluso pagado un dinero a cambio de los tapones, asegurando a la primera empresa que se encargarían de la eliminación de los mismos con garantías.
Etiquetas alertando de la peligrosidad
Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias que contenían los envases. La investigación policial habría determinado que en la chatarrería se les retiraron estas etiquetas y no se destruyeron los tapones, sino que con ellos se pagaba a personas que iban a vender chatarra. Una de estas personas que recibió los tapones en pago a cambio de mercancía podría haber sido Enrique Caño, el cabeza de familia, que se encontraba en paro y trataba de obtener unos ingresos extras revendiendo luego estas piezas de plástico. Esto explicaría la elevada cantidad de unidades que se acumulaban en una bañera de su casa.
Precisamente -añade la información de 'Diario de Sevilla'- el cuarto de baño era el lugar más peligroso para guardarlos, ya que la fosfina se genera en contacto con la humedad. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2013 se produjo una reacción química en el domicilio de la familia, en la barriada de Rabesa, que terminó resultando letal.
La primera intoxicada fue la hija mayor del matrimonio, de 14 años. Sus padres llamaron al servicio de emergencias sanitarias del 061 alertando de que sufría un cuadro de náuseas y vómitos a las 2:55 de la madrugada del 14 de diciembre. Horas más tarde, a las 09:09, volvieron a llamar pero ya la niña estaba en parada cardiaca y los padres sufrían los mismos cuadros. La menor falleció poco después de esa segunda llamada y los padres murieron a las 17:15 y las 18:00 en el Hospital de Valme.
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| Foto: 'Diario de Sevilla'. |
Según se recoge en la información de este diario sevillano, la Policía Nacional ha imputado a al menos tres personas por su presunta relación con la muerte de tres miembros de la familia Caño Bautista, que fallecieron intoxicados por inhalación de fosfuro de aluminio o fosfina el pasado 14 de diciembre en su domicilio de Alcalá de Guadaíra.
Los imputados son los responsables de una empresa de gestión de residuos y de una chatarrería, ambas ubicadas en el término de Dos Hermanas. De la primera empresa salieron presuntamente los tapones de envases de fertilizantes que, al contacto con el agua o la humedad del aire, generaron la fosfina que terminó resultando letal y causando la muerte a Enrique Caño, de 61 años; a su esposa, Concepción Bautista, de 50; y a la hija mayor del matrimonio, de 14.
La chatarrería, según 'Diario de Sevilla', compraba presuntamente los tapones a la empresa de gestión de residuos tóxicos, según la investigación que ha llevado a cabo el grupo de la Policía Judicial de la comisaría de Alcalá de Guadaíra. A las tres personas se las responsabiliza de tres delitos de homicidio imprudente. Ninguna de ellas ha declarado aún ante la juez de Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, encargada de la investigación del caso, que podría citarles de manera inminente.
En el domicilio de la calle Pesadora en el que vivía la familia Caño Bautista, la Policía Nacional halló más de mil tapones de plástico almacenados en una bañera. Estos desechos tenían que haber sido destruidos por la empresa de gestión de basuras de Dos Hermanas, que cuenta con una subvención de la Junta para la eliminación de los residuos peligrosos.
La Policía cree que en vez de encargarse de la destrucción de los tapones -o de contratar a otra empresa autorizada para ello, como hicieron en otras ocasiones-, los responsables de esta planta de reciclaje se los habrían entregado a una chatarrería de Dos Hermanas, que no estaba autorizada por la Junta para el tratamiento de esos residuos. Los chatarreros habrían incluso pagado un dinero a cambio de los tapones, asegurando a la primera empresa que se encargarían de la eliminación de los mismos con garantías.
Etiquetas alertando de la peligrosidad
Todos los tapones llevaban una etiqueta que alertaba de la peligrosidad de las sustancias que contenían los envases. La investigación policial habría determinado que en la chatarrería se les retiraron estas etiquetas y no se destruyeron los tapones, sino que con ellos se pagaba a personas que iban a vender chatarra. Una de estas personas que recibió los tapones en pago a cambio de mercancía podría haber sido Enrique Caño, el cabeza de familia, que se encontraba en paro y trataba de obtener unos ingresos extras revendiendo luego estas piezas de plástico. Esto explicaría la elevada cantidad de unidades que se acumulaban en una bañera de su casa.
Precisamente -añade la información de 'Diario de Sevilla'- el cuarto de baño era el lugar más peligroso para guardarlos, ya que la fosfina se genera en contacto con la humedad. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2013 se produjo una reacción química en el domicilio de la familia, en la barriada de Rabesa, que terminó resultando letal.
La primera intoxicada fue la hija mayor del matrimonio, de 14 años. Sus padres llamaron al servicio de emergencias sanitarias del 061 alertando de que sufría un cuadro de náuseas y vómitos a las 2:55 de la madrugada del 14 de diciembre. Horas más tarde, a las 09:09, volvieron a llamar pero ya la niña estaba en parada cardiaca y los padres sufrían los mismos cuadros. La menor falleció poco después de esa segunda llamada y los padres murieron a las 17:15 y las 18:00 en el Hospital de Valme.
DH DIARIO DE SEVILLA / REDACCIÓN
