La juez de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra ha tomado declaración este lunes, día 21 de julio, a tres imputados por la muerte de tres miembros de una misma familia ocurrida el pasado 14 de diciembre, informa Efe. Entre los comparecientes se ha encontrado el representante legal de la empresa Alansu y de la chatarrería Reciclados Nivel, ambas con sede en Dos Hermanas.
Los botes de plaguicida que en diciembre pasado mataron a tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) no cumplieron la cadena de custodia, según las declaraciones realizadas ante la juez instructora. Fuentes del caso han informado de que la juez de instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra ha tomado declaración a tres imputados: el representante legal de la empresa de gestión de residuos Alansu, que debía reciclar los envases de plaguicida, el de la chatarrería Reciclados Nivel, que se los compró, y un empleado de esta última empresa.
Según las fuentes, las declaraciones han demostrado que fallaron los mecanismos de control y que se rompió la cadena de custodia, pues en lugar de desintoxicar los envases de plaguicida o eliminarlos a través de un gestor final autorizado, Alansu se los vendió al peso a la chatarrería. Reciclados Nivel pagó 308 euros por mil kilos de envases que creía que eran de aluminio y de los que desconocía que eran tóxicos o que estuvieran contaminados, según la declaración de su empleado Pedro G.C.
La juez ha imputado a los acusados tres presuntos delitos de homicidio por imprudencia en concurso, junto a otro contra el medio ambiente, que han quedado libres sin medidas cautelares. Otra imputada, María Rosa S.M., gerente de la empresa de gestión de residuos que ya no trabaja para ella, será citada más adelante dado que su abogado ha recurrido su imputación ante la Audiencia de Sevilla, han informado las citadas fuentes.
Las declaraciones se han prolongado desde primera hora de la mañana de este lunes y hasta las 17:00 horas, y los imputados han reconocido que en el reciclaje de los botes de plaguicida "se rompió la cadena de custodia y fallaron los mecanismos de control", informa Efe.
Alansu debía haber enviado los envases tóxicos a un gestor final autorizado o haberlos desintoxicado, pero en lugar de ello se los vendió al peso a la chatarrería, que pagó 308 euros por mil kilos de material. El chatarrero, a su vez, entregó los tapones de los envases al padre de la familia Caño Bautista, que los almacenó en su cuarto de baño para, a su vez, venderlos al peso.
Un gas muy letal
Al contacto de los tapones con la humedad, su contenido en fosfuro de aluminio se transformó en fosfina, un gas muy letal por inhalación que el pasado 14 de diciembre causó la muerte a los padres y a su hija de 14 años en su vivienda de Alcalá de Guadaíra.
Según las declaraciones realizadas este lunes, Alansu y Reciclados Nivel no mantenían una relación comercial habitual, pues Alansu trabajaba habitualmente con otro gestor de residuos y solo en una ocasión anterior la chatarrería le había comprado productos. En la causa se han personado, ejerciendo la acusación particular, la hija de 13 años que subrevivió al fallecimiento de su familia y sus tíos.
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| Sede de Alansu en Dos Hermanas. |
Los botes de plaguicida que en diciembre pasado mataron a tres miembros de una misma familia en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) no cumplieron la cadena de custodia, según las declaraciones realizadas ante la juez instructora. Fuentes del caso han informado de que la juez de instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra ha tomado declaración a tres imputados: el representante legal de la empresa de gestión de residuos Alansu, que debía reciclar los envases de plaguicida, el de la chatarrería Reciclados Nivel, que se los compró, y un empleado de esta última empresa.
Según las fuentes, las declaraciones han demostrado que fallaron los mecanismos de control y que se rompió la cadena de custodia, pues en lugar de desintoxicar los envases de plaguicida o eliminarlos a través de un gestor final autorizado, Alansu se los vendió al peso a la chatarrería. Reciclados Nivel pagó 308 euros por mil kilos de envases que creía que eran de aluminio y de los que desconocía que eran tóxicos o que estuvieran contaminados, según la declaración de su empleado Pedro G.C.
La juez ha imputado a los acusados tres presuntos delitos de homicidio por imprudencia en concurso, junto a otro contra el medio ambiente, que han quedado libres sin medidas cautelares. Otra imputada, María Rosa S.M., gerente de la empresa de gestión de residuos que ya no trabaja para ella, será citada más adelante dado que su abogado ha recurrido su imputación ante la Audiencia de Sevilla, han informado las citadas fuentes.
Las declaraciones se han prolongado desde primera hora de la mañana de este lunes y hasta las 17:00 horas, y los imputados han reconocido que en el reciclaje de los botes de plaguicida "se rompió la cadena de custodia y fallaron los mecanismos de control", informa Efe.
Alansu debía haber enviado los envases tóxicos a un gestor final autorizado o haberlos desintoxicado, pero en lugar de ello se los vendió al peso a la chatarrería, que pagó 308 euros por mil kilos de material. El chatarrero, a su vez, entregó los tapones de los envases al padre de la familia Caño Bautista, que los almacenó en su cuarto de baño para, a su vez, venderlos al peso.
Un gas muy letal
Al contacto de los tapones con la humedad, su contenido en fosfuro de aluminio se transformó en fosfina, un gas muy letal por inhalación que el pasado 14 de diciembre causó la muerte a los padres y a su hija de 14 años en su vivienda de Alcalá de Guadaíra.
Según las declaraciones realizadas este lunes, Alansu y Reciclados Nivel no mantenían una relación comercial habitual, pues Alansu trabajaba habitualmente con otro gestor de residuos y solo en una ocasión anterior la chatarrería le había comprado productos. En la causa se han personado, ejerciendo la acusación particular, la hija de 13 años que subrevivió al fallecimiento de su familia y sus tíos.
DH DIARIO DIGITAL / REDACCIÓN
