Tragedias como la de la playa de El Tarajal nos devuelven la cruda realidad de la inmigración y su tratamiento, tanto en Europa como en nuestro país, al tiempo que interpelan a la conciencia europea que se suma ahora 15 nuevas muertes de inmigrantes en aguas del Estrecho.
Este episodio que se repite con demasiada frecuencia y nefastos o trágicos resultados en los contornos fronterizos de la Unión Europea es sin duda responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros, donde se comienza a criminalizar la inmigración e ignorar su situación, así como los efectos de no intervenir en la ordenación de flujos.
No podemos cerrar los ojos ante un hecho incontrovertible de hondo carácter humanitario. Por ello, parece más que razonable no degradar la posición de las políticas de inmigración y su seguimiento en la agenda europea, y no incidir en “la globalización de la indiferencia”.
La Comisión Internacional de Juristas llama la atención sobre la suficiencia de normas para proteger y regular las migraciones, aunque tanto la comunidad internacional como la UE las incumplen o, sencillamente, las respetan parcialmente o en función de intereses.
Las lecturas parciales de las normas no deben perder de vista que la legislación europea establece que los extranjeros que accedan a la UE tienen el derecho a la solicitud de asilo. El Tratado de Schengen recoge las condiciones en las que un Estado miembro puede denegarla y, por ello, se debe anteponer la obligación de rescate y protección de las personas que se encuentran en peligro en las fronteras de la UE y no abandonarlas a su suerte.
Así se recoge en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, donde la UE se comprometió a desarrollar una política de migración exhaustiva y flexible, centrada en la solidaridad y la responsabilidad.
El Programa de Estocolmo, por una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, culmina este año y su revisión debe recoger toda la experiencia del cuatrienio y las perspectivas demográficas de la UE para fortalecer sus objetivos de construir una Europa de los derechos y de la justicia, protectora y solidaria.
Las avalanchas de inmigración irregular no se detienen con violencia u hostigamiento, sino con políticas integrales que establezcan mecanismos de coordinación efectiva entre países emisores, de tránsito y destino, con medidas orientadas a la integración, con políticas de cooperación al desarrollo y con instrumentos adecuados y bien financiados.
Así lo entendimos los gobiernos español y marroquí en 2006, fecha en la que propiciamos la convocatoria de la Conferencia Euroafricana de Migración y Desarrollo de Rabat, que tuvo su continuación a finales de ese año en la Conferencia de Inmigración y Desarrollo de Trípoli.
Ambas citas sentaron las bases de una política integral y coordinada en materia de inmigración y desarrollo que, como en el caso español, eran seguidas por el Gobierno los viernes antes de los Consejos de Ministros. Igualmente se desarrollaron instituciones, como la Casa Árabe y la Casa África, e instrumentos estratégicos de planificación como el Plan África.
Los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los países emisores de inmigración agilizaron mucho los procesos de devolución y sus garantías legales, lo que propició una estrecha colaboración con Marruecos que, como es sabido, cuenta en su territorio con más de un millón de inmigrantes no legalizados.
La presión migratoria sobre Ceuta y Melilla no puede ser utilizada por el Gobierno para incumplir la legislación internacional y europea, y tampoco puede convertirse en una coartada para hacer modificaciones en el reglamento de la Ley de Extranjería y dar carta de naturaleza a las “devoluciones en caliente”.
Al margen de recuperar la relevancia de la inmigración en la agenda europea, es posible adoptar medidas como la creación de una sede de Frontex en Andalucía, al tiempo que se refuerzan los medios materiales y humanos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues la UE destina sólo 527 millones de euros a la protección de las fronteras españolas, cuya partida más importante se dirige al mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
Creo conveniente que la Comisión Europea se ocupe de la regularización y las normas de búsqueda y rescate de inmigrantes en las aguas territoriales y que refuerce el enfoque de la inmigración como un asunto de seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos europeos. Pero esto no basta.
Todavía se está a la espera de observar una visita de un alto dirigente europeo a países de origen o de tránsito. La inmigración ilegal no se puede encauzar sólo con medidas de justicia e interior, sino con una política exterior europea y de los Estados miembros.
Estamos a tiempo de abandonar las tentaciones de criminalización de la inmigración y su confusión con la delincuencia, así como de frenar el proceso de abandono a la suerte de la frontera de los más desfavorecidos del mundo.
Este episodio que se repite con demasiada frecuencia y nefastos o trágicos resultados en los contornos fronterizos de la Unión Europea es sin duda responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros, donde se comienza a criminalizar la inmigración e ignorar su situación, así como los efectos de no intervenir en la ordenación de flujos.
No podemos cerrar los ojos ante un hecho incontrovertible de hondo carácter humanitario. Por ello, parece más que razonable no degradar la posición de las políticas de inmigración y su seguimiento en la agenda europea, y no incidir en “la globalización de la indiferencia”.
La Comisión Internacional de Juristas llama la atención sobre la suficiencia de normas para proteger y regular las migraciones, aunque tanto la comunidad internacional como la UE las incumplen o, sencillamente, las respetan parcialmente o en función de intereses.
Las lecturas parciales de las normas no deben perder de vista que la legislación europea establece que los extranjeros que accedan a la UE tienen el derecho a la solicitud de asilo. El Tratado de Schengen recoge las condiciones en las que un Estado miembro puede denegarla y, por ello, se debe anteponer la obligación de rescate y protección de las personas que se encuentran en peligro en las fronteras de la UE y no abandonarlas a su suerte.
Así se recoge en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, donde la UE se comprometió a desarrollar una política de migración exhaustiva y flexible, centrada en la solidaridad y la responsabilidad.
El Programa de Estocolmo, por una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, culmina este año y su revisión debe recoger toda la experiencia del cuatrienio y las perspectivas demográficas de la UE para fortalecer sus objetivos de construir una Europa de los derechos y de la justicia, protectora y solidaria.
Las avalanchas de inmigración irregular no se detienen con violencia u hostigamiento, sino con políticas integrales que establezcan mecanismos de coordinación efectiva entre países emisores, de tránsito y destino, con medidas orientadas a la integración, con políticas de cooperación al desarrollo y con instrumentos adecuados y bien financiados.
Así lo entendimos los gobiernos español y marroquí en 2006, fecha en la que propiciamos la convocatoria de la Conferencia Euroafricana de Migración y Desarrollo de Rabat, que tuvo su continuación a finales de ese año en la Conferencia de Inmigración y Desarrollo de Trípoli.
Ambas citas sentaron las bases de una política integral y coordinada en materia de inmigración y desarrollo que, como en el caso español, eran seguidas por el Gobierno los viernes antes de los Consejos de Ministros. Igualmente se desarrollaron instituciones, como la Casa Árabe y la Casa África, e instrumentos estratégicos de planificación como el Plan África.
Los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los países emisores de inmigración agilizaron mucho los procesos de devolución y sus garantías legales, lo que propició una estrecha colaboración con Marruecos que, como es sabido, cuenta en su territorio con más de un millón de inmigrantes no legalizados.
La presión migratoria sobre Ceuta y Melilla no puede ser utilizada por el Gobierno para incumplir la legislación internacional y europea, y tampoco puede convertirse en una coartada para hacer modificaciones en el reglamento de la Ley de Extranjería y dar carta de naturaleza a las “devoluciones en caliente”.
Al margen de recuperar la relevancia de la inmigración en la agenda europea, es posible adoptar medidas como la creación de una sede de Frontex en Andalucía, al tiempo que se refuerzan los medios materiales y humanos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues la UE destina sólo 527 millones de euros a la protección de las fronteras españolas, cuya partida más importante se dirige al mantenimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
Creo conveniente que la Comisión Europea se ocupe de la regularización y las normas de búsqueda y rescate de inmigrantes en las aguas territoriales y que refuerce el enfoque de la inmigración como un asunto de seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos europeos. Pero esto no basta.
Todavía se está a la espera de observar una visita de un alto dirigente europeo a países de origen o de tránsito. La inmigración ilegal no se puede encauzar sólo con medidas de justicia e interior, sino con una política exterior europea y de los Estados miembros.
Estamos a tiempo de abandonar las tentaciones de criminalización de la inmigración y su confusión con la delincuencia, así como de frenar el proceso de abandono a la suerte de la frontera de los más desfavorecidos del mundo.
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
