Lo único nuevo en el viejo sindicato UGT-Andalucía y de sus prácticas –cuestionadas en estos meses y que cierran explosivamente con la era de la concertación social- es su secretaria general, Carmen Castilla. Y ni es nueva, ni tiene los 100 días de rigor para demostrar el cambio.
El Gobierno de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, algún responsable del Ejecutivo de Susana Díaz, la patronal andaluza y hasta los sindicatos –los pilares que sostuvieron la concertación social- han saltado por los aires con las instrucciones judiciales que hacen, aunque a años vista, una labor fiscalizadora que en su momento, por hache o por be, tampoco tuvo la capacidad de hacer la oposición en nuestra tierra. La paz social de discursos pasados suena ahora a la compra de las voluntades de personas y de organizaciones a golpe de pesetas o de euros –muchas y muchos-.
Entre auto judicial y exclusiva periodística, salta al ruedo otra cara nueva, la de Carmen Castilla. Recibe de sus últimos compañeros cuestionados en el estamento superior del sindicato el mando de la organización UGT. Su nombramiento no ha estado exento de polémica en el seno de la propia institución sindical: muchos no entienden que en medio del escándalo sea una persona de la misma Ejecutiva bajo sospecha la que siga, a la desesperada, capoteando el chaparrón ante la opinión pública.
Los críticos, y buena parte de la base, llamaban a conformar una gestora para erradicar las malas prácticas de su élite, y erradicar cualquier atisbo de connivencia con las personas deshonestas que hubieran podido manchar en algún momento al sindicato con sus erradas decisiones.
Las comparaciones de Carmen Castilla con la secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se han hecho esperar. Y es que ambas vienen del mismo poder interno cuestionado en sus organizaciones. Ambas, también, han subido al estrado presentadas como una novedad, con la sorna ambiciosa de "un nuevo tiempo", al tiempo que se muestran "implacables" ante una corrupción que nos avergüenza. Y a ellas, dicen, también.
Pero en el sindicato, como en el seno del renovado PSOE o del Gobierno de PSOE y de IU, no están para paños calientes, y la flamante responsable Castilla tendrá complicado un respiro o querer gozar de los 100 días de rigor para demostrar cuánto de implacable va a ser ante las situaciones de abuso que hayan podido derivarse de años de presunto descontrol del dinero público recibido para formación.
Si desde la Junta se demandaba con la apertura de un procedimiento administrativo formal la devolución de 1,8 millones de euros que recibió UGT y que no quedaron justificados, desde la Secretaría General de UGT-Andalucía empiezan a matizar.
"Subsanar presuntos errores de documentación", cita Carmen Castilla, con la esperanza de abrir un periodo de alegaciones en el que tengan opción de aportar la documentación necesaria para justificar lo hasta ahora injustificado.
En todas partes cuecen habas, y hasta desde el PP andaluz se han hecho fuertes con la organización sindical y demandan una ejemplaridad poco vista hasta ahora en las filas conservadoras.
Con una pata en la instrucción judicial y otra en los medios de comunicación –donde se airea la etapa dorada del estamento superior de UGT-, los trabajadores asisten confusos al cambio y al nuevo tiempo que no marca el sindicato sino la "extremadamente agresiva" –en palabras del ministro Luis de Guindos- reforma laboral española, que liquida derechos laborales mientras otros ministerios elevan dogmas al ordenamiento jurídico o pretenden, a golpe de decretazo y publicación en el BOE, castellanizar a ciudadanos o amordazar y limpiar las calles de una indignada mayoría social en proceso severo de empobrecimiento.
El ritmo vertiginoso de los cambios resta honores a Carmen Castilla y a la capacidad de movilización de su sindicato, y la sitúa ante un desafío sin igual para ganarse el favor y la confianza no de las mismas organizaciones cuestionadas, sino de la ciudadanía que espera defensas también desde los sindicatos de clase para sumar fuerzas y librar la batalla que cada viernes se escribe en el BOE.
Castilla debe despojar la estructura sindical de lo accesorio, depurar responsabilidades sin concesiones, y bajar UGT de los despachos de abogados a las calles de Andalucía, de donde no debieron distanciarse en ningún caso.
El Gobierno de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, algún responsable del Ejecutivo de Susana Díaz, la patronal andaluza y hasta los sindicatos –los pilares que sostuvieron la concertación social- han saltado por los aires con las instrucciones judiciales que hacen, aunque a años vista, una labor fiscalizadora que en su momento, por hache o por be, tampoco tuvo la capacidad de hacer la oposición en nuestra tierra. La paz social de discursos pasados suena ahora a la compra de las voluntades de personas y de organizaciones a golpe de pesetas o de euros –muchas y muchos-.
Entre auto judicial y exclusiva periodística, salta al ruedo otra cara nueva, la de Carmen Castilla. Recibe de sus últimos compañeros cuestionados en el estamento superior del sindicato el mando de la organización UGT. Su nombramiento no ha estado exento de polémica en el seno de la propia institución sindical: muchos no entienden que en medio del escándalo sea una persona de la misma Ejecutiva bajo sospecha la que siga, a la desesperada, capoteando el chaparrón ante la opinión pública.
Los críticos, y buena parte de la base, llamaban a conformar una gestora para erradicar las malas prácticas de su élite, y erradicar cualquier atisbo de connivencia con las personas deshonestas que hubieran podido manchar en algún momento al sindicato con sus erradas decisiones.
Las comparaciones de Carmen Castilla con la secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se han hecho esperar. Y es que ambas vienen del mismo poder interno cuestionado en sus organizaciones. Ambas, también, han subido al estrado presentadas como una novedad, con la sorna ambiciosa de "un nuevo tiempo", al tiempo que se muestran "implacables" ante una corrupción que nos avergüenza. Y a ellas, dicen, también.
Pero en el sindicato, como en el seno del renovado PSOE o del Gobierno de PSOE y de IU, no están para paños calientes, y la flamante responsable Castilla tendrá complicado un respiro o querer gozar de los 100 días de rigor para demostrar cuánto de implacable va a ser ante las situaciones de abuso que hayan podido derivarse de años de presunto descontrol del dinero público recibido para formación.
Si desde la Junta se demandaba con la apertura de un procedimiento administrativo formal la devolución de 1,8 millones de euros que recibió UGT y que no quedaron justificados, desde la Secretaría General de UGT-Andalucía empiezan a matizar.
"Subsanar presuntos errores de documentación", cita Carmen Castilla, con la esperanza de abrir un periodo de alegaciones en el que tengan opción de aportar la documentación necesaria para justificar lo hasta ahora injustificado.
En todas partes cuecen habas, y hasta desde el PP andaluz se han hecho fuertes con la organización sindical y demandan una ejemplaridad poco vista hasta ahora en las filas conservadoras.
Con una pata en la instrucción judicial y otra en los medios de comunicación –donde se airea la etapa dorada del estamento superior de UGT-, los trabajadores asisten confusos al cambio y al nuevo tiempo que no marca el sindicato sino la "extremadamente agresiva" –en palabras del ministro Luis de Guindos- reforma laboral española, que liquida derechos laborales mientras otros ministerios elevan dogmas al ordenamiento jurídico o pretenden, a golpe de decretazo y publicación en el BOE, castellanizar a ciudadanos o amordazar y limpiar las calles de una indignada mayoría social en proceso severo de empobrecimiento.
El ritmo vertiginoso de los cambios resta honores a Carmen Castilla y a la capacidad de movilización de su sindicato, y la sitúa ante un desafío sin igual para ganarse el favor y la confianza no de las mismas organizaciones cuestionadas, sino de la ciudadanía que espera defensas también desde los sindicatos de clase para sumar fuerzas y librar la batalla que cada viernes se escribe en el BOE.
Castilla debe despojar la estructura sindical de lo accesorio, depurar responsabilidades sin concesiones, y bajar UGT de los despachos de abogados a las calles de Andalucía, de donde no debieron distanciarse en ningún caso.
JUAN C. ROMERO
