Debió ser por el mes de mayo del 2000 cuando, en una reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular celebrado en Cádiz, solicité recusar a la recién nombrada ministra de Sanidad, Celia Villalobos, por las declaraciones vertidas en una de sus primeras entrevistas tras acceder al cargo.
En aquella Legislatura me correspondió presidir la Comisión de Sanidad del Senado y a la entonces ministra no se le ocurrió afirmar otra cosa, al ser preguntada por cuál era su modelo de sanidad pública, que el que venía aplicando Manuel Chaves en Andalucía.
No, no tuvo la prudencia la cuestionada ministra de hacer referencia al modelo que el Partido Popular venía aplicando en Madrid, Castilla-León, Valencia, Galicia o Murcia, por citar algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares, que poco diferían del andaluz, sino que tuvo que poner su sentencia en Andalucía para así, como argumenté en aquel Comité Ejecutivo, dejarnos sin discurso sanitario en nuestra Comunidad.
Ni que decir tiene que mi propuesta fue rechazada y trasladada, por alguna vía que desconozco, a la entonces ministra malagueña, lo que provocó que nuestra relación no fuese en exceso cordial. Y es que la “naturalidad” y “espontaneidad” –junto al “progresismo sui géneris” de Villalobos- nos han ofrecido multitud de secuencias mediáticas que, en muchas ocasiones, generaban estupor.
Recordemos el vídeo en el que increpaba a su chófer; aquella frase dirigida a Esperanza Aguirre: “Esa es una hija de puta y a ver si tiene ahora cojones de presentarse”, en referencia a la posible candidatura de esta a la presidencia del PP en 2008; o su intervención en la Junta de Portavoces del Congreso denominando como “el tema de los tontitos” a la contratación de personal discapacitado que exige la ley, al margen de otros rifirrafes protagonizados en el Congreso o salidas de escaño para evitar tener que votar ciertos temas que afectaban a su “feminismo” declarado.
Pues bien, ahora, con motivo de la presentación del anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que modificará la actual ley del aborto, Celia Villalobos, sumándose a otras voces críticas de dirigentes autonómicos, ha solicitado del partido que conceda libertad de voto a los parlamentarios en este asunto.
Y es en ello en lo que quiero incidir, no tanto en la posición de la vicepresidenta de la Cámara Baja que, por otra parte, se veía venir. Porque hablar de “libertad de voto” supone entrar en un territorio marcado por la controversia, a la vez que sumamente manipulable según los intereses o las convicciones de cada representante popular, al margen del “supuesto” mandato del pueblo.
La Constitución lo deja bien claro en su artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que, en principio, establece con rotundidad el derecho a la libertad de voto.
De ahí que pedir permiso al partido para que pueda ejercerse dicho derecho no implica sino reconocer una sumisión de los representantes del pueblo hacia los partidos, algo que es real y que todos aquellos que hemos ostentado un cargo de representación institucional hemos puesto en práctica.
Y es que cuando no es el parlamentario quien presenta su propio programa de actuaciones o defiende sus principios ante una circunscripción electoral determinada, sino que lo que presenta es un programa de partido, con unos principios ideológicos comunes y enmarcado en unas listas cerradas que no dan opción al elector a elegir personalmente a sus representantes, resulta muy difícil compatibilizar la libertad de voto con el mandato imperativo que desde las propias formaciones políticas se establece hacia sus parlamentarios con penas de multa o incluso de exclusión de las listas en próximos comicios electorales.
Conceder en este asunto del aborto libertad de voto supondría ampliar necesariamente esa medida hacia muchos otros, de muy distinta índole, que podrían ir desde posicionamientos muy concretos en materias locales o autonómicas, que pudieran mejorar la imagen electoral de quienes los defiendan, a asuntos mucho más amplios, con componentes éticos o morales difíciles de hacer extensibles a toda la población representada en una determinada demarcación.
Consecuencia de ello, la pérdida de unidad de acción que inexorablemente llevaría a tener que reformar la ley electoral y nuestro sistema de partidos, lo que veo con buenos ojos.
Lo más fácil es hacer como en alguna ocasión ha hecho Villalobos, ausentarse de la Cámara para no tener que acatar la disciplina de partido y soportar –ella que sí puede- la sanción que se le imponga y quedar ante la opinión pública como progresista y libre frente al resto de sus compañeros de escaño y grupo parlamentario.
Lo difícil, encabezar corrientes de opinión críticas y activas en el seno de los partidos que promuevan las listas abiertas, la elección directa de representantes y, con ello, la abolición de la actual dictadura de los partidos frente a la voluntad del pueblo, algo que no veo que haga Celia Villalobos, instalada por el propio partido en la cómoda posición de vicepresidenta del Congreso.
Por eso, que desde sectores socialistas se demande del Partido Popular que conceda dicha libertad de voto, suena, permitánme que haga uso de la expresión, “a cachondeo”, conocedores, como lo somos, de la célebre frase de Alfonso Guerra, todavía vigente en el seno del PSOE, de que “quien se mueva, no sale en la foto”, en alusión a la disciplina que ha de imperar e impera en el partido de izquierdas.
Mucho me temo que lejos de criterios morales o éticos, en este debate partidario estén aflorando intereses electorales de unos y otros lejanos a la cualidad y a la calidad de la ley.
En aquella Legislatura me correspondió presidir la Comisión de Sanidad del Senado y a la entonces ministra no se le ocurrió afirmar otra cosa, al ser preguntada por cuál era su modelo de sanidad pública, que el que venía aplicando Manuel Chaves en Andalucía.
No, no tuvo la prudencia la cuestionada ministra de hacer referencia al modelo que el Partido Popular venía aplicando en Madrid, Castilla-León, Valencia, Galicia o Murcia, por citar algunas comunidades autónomas gobernadas por los populares, que poco diferían del andaluz, sino que tuvo que poner su sentencia en Andalucía para así, como argumenté en aquel Comité Ejecutivo, dejarnos sin discurso sanitario en nuestra Comunidad.
Ni que decir tiene que mi propuesta fue rechazada y trasladada, por alguna vía que desconozco, a la entonces ministra malagueña, lo que provocó que nuestra relación no fuese en exceso cordial. Y es que la “naturalidad” y “espontaneidad” –junto al “progresismo sui géneris” de Villalobos- nos han ofrecido multitud de secuencias mediáticas que, en muchas ocasiones, generaban estupor.
Recordemos el vídeo en el que increpaba a su chófer; aquella frase dirigida a Esperanza Aguirre: “Esa es una hija de puta y a ver si tiene ahora cojones de presentarse”, en referencia a la posible candidatura de esta a la presidencia del PP en 2008; o su intervención en la Junta de Portavoces del Congreso denominando como “el tema de los tontitos” a la contratación de personal discapacitado que exige la ley, al margen de otros rifirrafes protagonizados en el Congreso o salidas de escaño para evitar tener que votar ciertos temas que afectaban a su “feminismo” declarado.
Pues bien, ahora, con motivo de la presentación del anteproyecto de la ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que modificará la actual ley del aborto, Celia Villalobos, sumándose a otras voces críticas de dirigentes autonómicos, ha solicitado del partido que conceda libertad de voto a los parlamentarios en este asunto.
Y es en ello en lo que quiero incidir, no tanto en la posición de la vicepresidenta de la Cámara Baja que, por otra parte, se veía venir. Porque hablar de “libertad de voto” supone entrar en un territorio marcado por la controversia, a la vez que sumamente manipulable según los intereses o las convicciones de cada representante popular, al margen del “supuesto” mandato del pueblo.
La Constitución lo deja bien claro en su artículo 67.2: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”, lo que, en principio, establece con rotundidad el derecho a la libertad de voto.
De ahí que pedir permiso al partido para que pueda ejercerse dicho derecho no implica sino reconocer una sumisión de los representantes del pueblo hacia los partidos, algo que es real y que todos aquellos que hemos ostentado un cargo de representación institucional hemos puesto en práctica.
Y es que cuando no es el parlamentario quien presenta su propio programa de actuaciones o defiende sus principios ante una circunscripción electoral determinada, sino que lo que presenta es un programa de partido, con unos principios ideológicos comunes y enmarcado en unas listas cerradas que no dan opción al elector a elegir personalmente a sus representantes, resulta muy difícil compatibilizar la libertad de voto con el mandato imperativo que desde las propias formaciones políticas se establece hacia sus parlamentarios con penas de multa o incluso de exclusión de las listas en próximos comicios electorales.
Conceder en este asunto del aborto libertad de voto supondría ampliar necesariamente esa medida hacia muchos otros, de muy distinta índole, que podrían ir desde posicionamientos muy concretos en materias locales o autonómicas, que pudieran mejorar la imagen electoral de quienes los defiendan, a asuntos mucho más amplios, con componentes éticos o morales difíciles de hacer extensibles a toda la población representada en una determinada demarcación.
Consecuencia de ello, la pérdida de unidad de acción que inexorablemente llevaría a tener que reformar la ley electoral y nuestro sistema de partidos, lo que veo con buenos ojos.
Lo más fácil es hacer como en alguna ocasión ha hecho Villalobos, ausentarse de la Cámara para no tener que acatar la disciplina de partido y soportar –ella que sí puede- la sanción que se le imponga y quedar ante la opinión pública como progresista y libre frente al resto de sus compañeros de escaño y grupo parlamentario.
Lo difícil, encabezar corrientes de opinión críticas y activas en el seno de los partidos que promuevan las listas abiertas, la elección directa de representantes y, con ello, la abolición de la actual dictadura de los partidos frente a la voluntad del pueblo, algo que no veo que haga Celia Villalobos, instalada por el propio partido en la cómoda posición de vicepresidenta del Congreso.
Por eso, que desde sectores socialistas se demande del Partido Popular que conceda dicha libertad de voto, suena, permitánme que haga uso de la expresión, “a cachondeo”, conocedores, como lo somos, de la célebre frase de Alfonso Guerra, todavía vigente en el seno del PSOE, de que “quien se mueva, no sale en la foto”, en alusión a la disciplina que ha de imperar e impera en el partido de izquierdas.
Mucho me temo que lejos de criterios morales o éticos, en este debate partidario estén aflorando intereses electorales de unos y otros lejanos a la cualidad y a la calidad de la ley.
ENRIQUE BELLIDO
