¿Qué quieren que les diga? No me deja nada tranquilo que el secretario de organización de UGT-A, Manuel Ferrer, haya anunciado el borrado de más de 1.700 archivos de los ordenadores que la central sindical tiene en su sede regional. Él mismo, poniéndose la venda antes de hacerse la herida, ha manifestado su temor a que la opinión pública considere este hecho como una forma de tapar los desmanes económicos que desde la formación sindical se hubiesen podido cometer y que ya investiga la Justicia.
No sé si en plan de coña, Ferrer, al intentar explicar lo ocurrido, comparó el suceso con lo acontecido en relación a “los discos duros del PP”, en alusión al caso Bárcenas. Y lo cierto es que cada vez tiene uno más la sensación de estar moviéndose entre truhanes de todo pelaje y clase, que a cambio de un puñado de monedas –en ocasiones llevándoselas a sacos llenos- son capaces de violentar todo tipo de principios en un claro desprecio a las normas y leyes que la convivencia social ha ido imponiendo.
Lo del borrado de discos en la UGT, como el que se llevó a cabo en el Partido Popular, no huele sino a coartada con la que eludir la acción de la Justicia, por mucho que se nos quiera vestir la mona de seda.
Y ante ello, ante el poder de partidos políticos, organizaciones sindicales y otras instituciones del Estado, el individuo, que es quien en último término las sostiene y quien debería tener el control pleno sobre ellas, se muestra impotente, desconfiando a su vez de la acción de la Justicia, dominada, como hemos visto en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por los propios partidos políticos que en este caso sí son capaces de ponerse de acuerdo.
Dice Ferrer que se han abierto tres expedientes dentro del sindicato y dos de los encausados han sido amonestados por falta de pruebas. En el tercero de los casos, la investigación sigue abierta. Sin embargo, dado que ya tienen tan claro el borrado de esos 1.756 archivos y la copia de 22.400 más, me pregunto cómo es que no se dirigieron inmediatamente ante el juez a denunciar los hechos, a fin de que sea la Policía Judicial quien investigue lo sucedido.
Mucho me temo que, como apuntó el secretario de organización de UGT-A, todo se trate de una mera estrategia con la que tapar las posibles irregularidades cometidas. Por cierto, respondiendo a los periodistas, Manuel Ferrer insistió en que si se detectan irregularidades, devolverán el dinero defraudado, desconociendo si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones. O sea, para mear y no echar gota. ¿Y dónde están las responsabilidades civiles y penales de los supuestos defraudadores? ¿Y el dinero? ¿A qué paraíso caribeño habrá ido a parar?
Está claro que o la sociedad le para los pies a este tipo de personajes y a las instituciones que les dan cobijo o mucho me temo que sea el imperio del mal –ojalá que no el del crimen- el que terminará apoderándose de ella, si es que no lo ha hecho ya.
No sé si en plan de coña, Ferrer, al intentar explicar lo ocurrido, comparó el suceso con lo acontecido en relación a “los discos duros del PP”, en alusión al caso Bárcenas. Y lo cierto es que cada vez tiene uno más la sensación de estar moviéndose entre truhanes de todo pelaje y clase, que a cambio de un puñado de monedas –en ocasiones llevándoselas a sacos llenos- son capaces de violentar todo tipo de principios en un claro desprecio a las normas y leyes que la convivencia social ha ido imponiendo.
Lo del borrado de discos en la UGT, como el que se llevó a cabo en el Partido Popular, no huele sino a coartada con la que eludir la acción de la Justicia, por mucho que se nos quiera vestir la mona de seda.
Y ante ello, ante el poder de partidos políticos, organizaciones sindicales y otras instituciones del Estado, el individuo, que es quien en último término las sostiene y quien debería tener el control pleno sobre ellas, se muestra impotente, desconfiando a su vez de la acción de la Justicia, dominada, como hemos visto en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por los propios partidos políticos que en este caso sí son capaces de ponerse de acuerdo.
Dice Ferrer que se han abierto tres expedientes dentro del sindicato y dos de los encausados han sido amonestados por falta de pruebas. En el tercero de los casos, la investigación sigue abierta. Sin embargo, dado que ya tienen tan claro el borrado de esos 1.756 archivos y la copia de 22.400 más, me pregunto cómo es que no se dirigieron inmediatamente ante el juez a denunciar los hechos, a fin de que sea la Policía Judicial quien investigue lo sucedido.
Mucho me temo que, como apuntó el secretario de organización de UGT-A, todo se trate de una mera estrategia con la que tapar las posibles irregularidades cometidas. Por cierto, respondiendo a los periodistas, Manuel Ferrer insistió en que si se detectan irregularidades, devolverán el dinero defraudado, desconociendo si UGT tendrá capacidad económica para afrontar esas supuestas devoluciones. O sea, para mear y no echar gota. ¿Y dónde están las responsabilidades civiles y penales de los supuestos defraudadores? ¿Y el dinero? ¿A qué paraíso caribeño habrá ido a parar?
Está claro que o la sociedad le para los pies a este tipo de personajes y a las instituciones que les dan cobijo o mucho me temo que sea el imperio del mal –ojalá que no el del crimen- el que terminará apoderándose de ella, si es que no lo ha hecho ya.
ENRIQUE BELLIDO
