Josep Maria Vila d’Abadal i Serra o, para que lo entiendan mejor, José María Vila de Abadal y Serra, alcalde de Vic, un demócrata-cristiano reconvertido a independentista radical, se ha dejado caer solicitando al Ministerio del Interior 180.000 euros del dinero que aquel municipio adelantó a las víctimas del atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil en 1991 para hacer frente, entre otras cosas, al pago de los ataúdes de las víctimas: cinco adultos y cinco niños.
Han transcurrido veintidós años de aquel luctuoso atentado terrorista y cuando está a punto de salir a la calle uno de sus autores, Juan José Zubieta, no tiene mejor ocurrencia el regidor del conocido municipio vicense, famoso por su fuet, que hacer patente su rechazo al Estado español solicitando de éste lo que allá por 1991 –gobernaba entonces Felipe González y el PSOE-, sabe Dios si realmente se estableció como una deuda real con el Ayuntamiento que es cabecera de la comarca de Osona en Barcelona.
El antiguo militante de la Unión Democrática de Cataluña de Duran i Lleida da con ello muestras, una vez más, del talante del nacionalismo independentista que se ha visto renacer con las torpes alianzas de gobierno que en Cataluña se han establecido con ERC a fin de, unos y otros, CiU y PSC-PSOE, alcanzar sendos gobiernos que han tenido y están teniendo tintes dramáticos si nos atenemos al despilfarro y al fraude económico que se vive en aquella comunidad y a la fractura social que viene representando el plan soberanista de ese tremendo incompetente en que se ha convertido –de seguro lo era con anterioridad- Artur Mas.
Casi al mismo tiempo, José María Aznar defendía en Onda Cero castigar con cárcel a quienes convocasen un referendum ilegal, como ya quedaba explicitado en una ley aprobada durante su mandato y posteriormente derogada por un acomplejado Rodríguez Zapatero, incapaz de afrontar con decisión la unidad territorial de España.
Afortunadamente, el PSC, aunque con fractura interna, ha abandonado la senda que venían marcando los independentistas y con ellos CiU a su rebufo, haciendo cada vez más difícil que triunfe en la calle lo que sería ilegal que lo hiciese en las urnas.
Así, al recaudador de Vic, también parlamentario autonómico, no le quedará sino aceptar la realidad, trabajar por su pueblo sin hurgar en las sangrientas cuentas del pasado y disfrutar de las buenos embutidos que allí se fabrican y que tan excelente acogida tienen en el resto de España.
Han transcurrido veintidós años de aquel luctuoso atentado terrorista y cuando está a punto de salir a la calle uno de sus autores, Juan José Zubieta, no tiene mejor ocurrencia el regidor del conocido municipio vicense, famoso por su fuet, que hacer patente su rechazo al Estado español solicitando de éste lo que allá por 1991 –gobernaba entonces Felipe González y el PSOE-, sabe Dios si realmente se estableció como una deuda real con el Ayuntamiento que es cabecera de la comarca de Osona en Barcelona.
El antiguo militante de la Unión Democrática de Cataluña de Duran i Lleida da con ello muestras, una vez más, del talante del nacionalismo independentista que se ha visto renacer con las torpes alianzas de gobierno que en Cataluña se han establecido con ERC a fin de, unos y otros, CiU y PSC-PSOE, alcanzar sendos gobiernos que han tenido y están teniendo tintes dramáticos si nos atenemos al despilfarro y al fraude económico que se vive en aquella comunidad y a la fractura social que viene representando el plan soberanista de ese tremendo incompetente en que se ha convertido –de seguro lo era con anterioridad- Artur Mas.
Casi al mismo tiempo, José María Aznar defendía en Onda Cero castigar con cárcel a quienes convocasen un referendum ilegal, como ya quedaba explicitado en una ley aprobada durante su mandato y posteriormente derogada por un acomplejado Rodríguez Zapatero, incapaz de afrontar con decisión la unidad territorial de España.
Afortunadamente, el PSC, aunque con fractura interna, ha abandonado la senda que venían marcando los independentistas y con ellos CiU a su rebufo, haciendo cada vez más difícil que triunfe en la calle lo que sería ilegal que lo hiciese en las urnas.
Así, al recaudador de Vic, también parlamentario autonómico, no le quedará sino aceptar la realidad, trabajar por su pueblo sin hurgar en las sangrientas cuentas del pasado y disfrutar de las buenos embutidos que allí se fabrican y que tan excelente acogida tienen en el resto de España.
ENRIQUE BELLIDO
