La actualidad está trufada de malas noticias que afectan a los encargados precisamente de transmitir noticias. Los mensajeros protagonizan, hoy día, unos hechos que conforman la agenda mediática que ellos mismos elaboran, al padecer no sólo los efectos de una crisis que los zarandea como a cualquier empresa o sector productivo de la actividad económica, sino fundamentalmente por caer presos de una crisis moral que los puede conducir al desprestigio y la insignificancia, si no directamente a la desaparición.
Y los síntomas de lo que puede calificarse de enfermedad que corroe al periodismo son abrumadores con sólo ojear las portadas de los medios. Empresas de comunicación ocupan los titulares para poner nombre a un mal que parece no tener remedio: El Correo de Andalucía y la Radio Televisión de Valencia (RTVV), un medio privado y otro público, son ejemplos de ello y ambos parecen abocados al cierre si una “terapia” milagrosa no los “cura”.
El problema no es nuevo. Sin embargo, el mal más grave que sufre el periodismo es una crisis moral que se incuba en su médula y afecta al concepto mismo del periodismo, porque lo doblega a transigir o compatibilizar con objetivos que no le son propios.
Tanto el decano de la prensa sevillana como el ente público valenciano están pagando con su propia viabilidad empresarial el haber claudicado a intereses espurios que imponen unos propietarios, tanto si son privados como públicos, ajenos al negocio exclusivamente periodístico.
El Correo de Andalucía ha sido abandonado por su último propietario, el grupo siderúrgico Gallardo, al verse necesitado de liquidez para su actividad principal y poder prescindir, en momentos de penuria, del vocero que se procuró para “instalar” en la opinión pública informaciones favorables al proyecto de gaseoducto que pensaba construir desde la costa de Huelva hasta la refinería de Extremadura, atravesando el Coto de Doñana.
Y lo que en principio se “vendió” como una diversificación empresarial, creando una cadena periodística, ahora es percibido claramente como la apuesta especulativa de un propietario que desinvierte en lo que considera “superfluo” para concentrarse en su actividad básica, la siderurgia.
La información para Gallardo no era un fin, sino un medio con el que conseguir otros objetivos, tal vez legítimos para el germen de su actividad empresarial, pero extraños y a la larga contraproducentes, como se está comprobando, con la finalidad informativa a la que se debe el periodismo de rigor.
En la Radio Televisión de Valencia sucede exactamente lo mismo: el cierre de un medio público por parte de un Gobierno autonómico que, acorralado por deudas y escándalos, decide “hacer caja” librándose de lo que estima no es un servicio público, como la educación o la sanidad, sino un “lujo” que ya no puede permitirse.
Así de claro lo expresó el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al alegar que prefiere cerrar el medio de comunicación a una escuela, pero cuidándose de exigir responsabilidades a los verdaderos culpables de la ruina que asfixia a su Gobierno y silenciando el despilfarro y la corrupción con la que se saquearon las arcas públicas, durante la “belle époque” de Zaplana y Camps, gracias a la excusa de proyectos “estrella” tan megalómanos como ruinosos: Terra Mítica, la organización de carreras de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz cinematográfica de Alicante, el aeropuerto sin aviones de Castellón, el “negocio” montado con la visita del Papa, la regata de la Copa del América, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de las tramas de corrupción que investigan los tribunales en Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la rama “bigotuda” de la Gürtel, los casos Brugal, Emarsa, Nóos, Fabra y un largo etcétera. Según el periodista Sergi Castillo, una “gestión” que ocasionó una “factura” de más de 12.500 millones de euros y que ahora deben contribuir a pagar los periodistas de Canal 9.
Peca la Generalitat de Valencia de idéntico maniqueísmo manipulador que el grupo Gallardo, al dotarse de medios de comunicación con los que propagar informaciones propagandísticas que favorezcan su imagen y que, a la mínima contrariedad –como es ese rechazo judicial al ERE en la RTVV-, no tiene reparos en ordenar su cierre total y sin contemplaciones.
Una actitud que evidencia que la atención al derecho a la información de los ciudadanos no era lo que les movía, sino otros fines que ahora les obligan a recortes y despidos por causa de una gestión gubernamental nefasta y fraudulenta. Es decir, tampoco en este caso el medio estaba dirigido por objetivos escrupulosamente periodísticos, sino políticos e ideológicos del propietario.
Ambos casos reflejan el más grande peligro que se cierne sobre el periodismo, su apartamiento de los fines que le son consustanciales y de los que no debería hacer renuncia jamás. Me refiero, naturalmente, a empresas y a la profesión, no a personas ni a los profesionales, los cuales se ven obligados a ejercer su trabajo en condiciones que coartan su libertad –como han denunciado recientemente desde la propia RTVV- y que obstaculizan la debida diligencia profesional de una labor sutilmente mediatizada por el “comisario” de la propiedad (pública o privada), que define la línea editorial y los asuntos a tratar.
Volvemos, así, a los argumentos ya expuestos en otras ocasiones, en los que concluíamos que más que una crisis tecnológica o económica, lo que está matando a la prensa es una crisis moral que corroe al periodismo de tal forma que lo hace depender del poder económico o político, en vez de mantenerse alejado de él para ganar una independencia que lo faculte para controlarlo y exigirle transparencia y equidad.
Un periodismo no supeditado a ninguna propiedad (pública o privada) sin apenas interés por la información como servicio a la sociedad, sino por utilizarla como instrumento propagandístico y para hacer clientelismo político o partidista.
Los poderes públicos son tan extraños y peligrosos al periodismo como los intereses privados de empresas ajenas al negocio mediático. Y, desgraciadamente, eso es lo que se deduce de las situaciones que angustian, y con razón, a los compañeros de El Correo de Andalucía y Radio Televisión de Valencia, a los que deseo una solución que satisfaga sus expectativas personales y profesionales: que hallen “cura” a la enfermedad que corroe sus empresas.
Si lo desea, puede compartir este contenido: Y los síntomas de lo que puede calificarse de enfermedad que corroe al periodismo son abrumadores con sólo ojear las portadas de los medios. Empresas de comunicación ocupan los titulares para poner nombre a un mal que parece no tener remedio: El Correo de Andalucía y la Radio Televisión de Valencia (RTVV), un medio privado y otro público, son ejemplos de ello y ambos parecen abocados al cierre si una “terapia” milagrosa no los “cura”.
El problema no es nuevo. Sin embargo, el mal más grave que sufre el periodismo es una crisis moral que se incuba en su médula y afecta al concepto mismo del periodismo, porque lo doblega a transigir o compatibilizar con objetivos que no le son propios.
Tanto el decano de la prensa sevillana como el ente público valenciano están pagando con su propia viabilidad empresarial el haber claudicado a intereses espurios que imponen unos propietarios, tanto si son privados como públicos, ajenos al negocio exclusivamente periodístico.
El Correo de Andalucía ha sido abandonado por su último propietario, el grupo siderúrgico Gallardo, al verse necesitado de liquidez para su actividad principal y poder prescindir, en momentos de penuria, del vocero que se procuró para “instalar” en la opinión pública informaciones favorables al proyecto de gaseoducto que pensaba construir desde la costa de Huelva hasta la refinería de Extremadura, atravesando el Coto de Doñana.
Y lo que en principio se “vendió” como una diversificación empresarial, creando una cadena periodística, ahora es percibido claramente como la apuesta especulativa de un propietario que desinvierte en lo que considera “superfluo” para concentrarse en su actividad básica, la siderurgia.
La información para Gallardo no era un fin, sino un medio con el que conseguir otros objetivos, tal vez legítimos para el germen de su actividad empresarial, pero extraños y a la larga contraproducentes, como se está comprobando, con la finalidad informativa a la que se debe el periodismo de rigor.
En la Radio Televisión de Valencia sucede exactamente lo mismo: el cierre de un medio público por parte de un Gobierno autonómico que, acorralado por deudas y escándalos, decide “hacer caja” librándose de lo que estima no es un servicio público, como la educación o la sanidad, sino un “lujo” que ya no puede permitirse.
Así de claro lo expresó el propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al alegar que prefiere cerrar el medio de comunicación a una escuela, pero cuidándose de exigir responsabilidades a los verdaderos culpables de la ruina que asfixia a su Gobierno y silenciando el despilfarro y la corrupción con la que se saquearon las arcas públicas, durante la “belle époque” de Zaplana y Camps, gracias a la excusa de proyectos “estrella” tan megalómanos como ruinosos: Terra Mítica, la organización de carreras de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz cinematográfica de Alicante, el aeropuerto sin aviones de Castellón, el “negocio” montado con la visita del Papa, la regata de la Copa del América, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, además de las tramas de corrupción que investigan los tribunales en Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), la rama “bigotuda” de la Gürtel, los casos Brugal, Emarsa, Nóos, Fabra y un largo etcétera. Según el periodista Sergi Castillo, una “gestión” que ocasionó una “factura” de más de 12.500 millones de euros y que ahora deben contribuir a pagar los periodistas de Canal 9.
Peca la Generalitat de Valencia de idéntico maniqueísmo manipulador que el grupo Gallardo, al dotarse de medios de comunicación con los que propagar informaciones propagandísticas que favorezcan su imagen y que, a la mínima contrariedad –como es ese rechazo judicial al ERE en la RTVV-, no tiene reparos en ordenar su cierre total y sin contemplaciones.
Una actitud que evidencia que la atención al derecho a la información de los ciudadanos no era lo que les movía, sino otros fines que ahora les obligan a recortes y despidos por causa de una gestión gubernamental nefasta y fraudulenta. Es decir, tampoco en este caso el medio estaba dirigido por objetivos escrupulosamente periodísticos, sino políticos e ideológicos del propietario.
Ambos casos reflejan el más grande peligro que se cierne sobre el periodismo, su apartamiento de los fines que le son consustanciales y de los que no debería hacer renuncia jamás. Me refiero, naturalmente, a empresas y a la profesión, no a personas ni a los profesionales, los cuales se ven obligados a ejercer su trabajo en condiciones que coartan su libertad –como han denunciado recientemente desde la propia RTVV- y que obstaculizan la debida diligencia profesional de una labor sutilmente mediatizada por el “comisario” de la propiedad (pública o privada), que define la línea editorial y los asuntos a tratar.
Volvemos, así, a los argumentos ya expuestos en otras ocasiones, en los que concluíamos que más que una crisis tecnológica o económica, lo que está matando a la prensa es una crisis moral que corroe al periodismo de tal forma que lo hace depender del poder económico o político, en vez de mantenerse alejado de él para ganar una independencia que lo faculte para controlarlo y exigirle transparencia y equidad.
Un periodismo no supeditado a ninguna propiedad (pública o privada) sin apenas interés por la información como servicio a la sociedad, sino por utilizarla como instrumento propagandístico y para hacer clientelismo político o partidista.
Los poderes públicos son tan extraños y peligrosos al periodismo como los intereses privados de empresas ajenas al negocio mediático. Y, desgraciadamente, eso es lo que se deduce de las situaciones que angustian, y con razón, a los compañeros de El Correo de Andalucía y Radio Televisión de Valencia, a los que deseo una solución que satisfaga sus expectativas personales y profesionales: que hallen “cura” a la enfermedad que corroe sus empresas.
DANIEL GUERRERO
