No hay presupuestos ni “de izquierdas” ni “de derechas”, ni siquiera hechos con “sentido común”, esa expresión tan usada por los que han reducido la política al moralismo. La dirección económica de un país, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado, es ideológica en el más noble y puro sentido de “ideología”: conjunto de acciones destinadas a la construcción de un modelo de sociedad determinado.
Los que hablan de “sentido común” o de la inexistencia de las ideologías tienen intereses, en el más sucio y peligroso sentido de su significado. En democracia, el diálogo entre diferentes ideologías es sano. Es en las dictaduras donde funciona el “sentido común”, por no tener cabida otros sentidos comunes que el del caudillo.
Por eso, porque la economía es el ámbito de la acción política más ideológica que existe, la derecha europea ha buscado nombres neutros o recursos literarios tan hermosos como el oxímoron para ocultar su ideología de vencedores y perdedores de su modelo económico.
Sus fundaciones de estudios invierten grandes cantidades de recursos económicos y humanos en investigar cómo ganar la hegemonía cultural y política a través del lenguaje. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, no ha tenido ningún empacho en afirmar que las cuentas públicas tienen un “marcado carácter social” cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.
Todos entendemos por “social” la protección de las personas más débiles y el fortalecimiento de las estructuras estatales que favorecen la igualdad: pensiones, sanidad, educación, atención a la dependencia, prestaciones por desempleo o políticas de discriminación positiva para derribar los obstáculos de la desigualdad.
A Montoro no le falta razón. Los Presupuestos Generales del Estado están hechos para proteger socialmente a la troika, a los bancos y a los delincuentes fiscales. Cada ideología tiene una prioridad. Y lo suyos, los de Montoro, no somos nosotros, sino ellos: los bancos, la troika y las multinacionales que tributan en paraísos fiscales. De ahí que a perdonar los delitos fiscales del crimen internacional le llamen “amnistía fiscal”.
La “Ley de Indexización” ha sido la culpable de que se trabuque, delante de los periodistas, el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero el esfuerzo verbal tiene su recompensa. A lo que el ministro llama “indexizar” no es más que a la pérdida de poder adquisitivo –empobrecimiento- de los trabajadores y pensionistas.
Ya imagino a los abuelos, en los Hogares del Pensionista, intercambiando impresiones sobre la indexización de sus pagas. “Yo, Aniceto, este año estoy más tieso que el anterior, me han indexizado la pensión”, se dirán entre ellos mientras echan una partidita a la brisca sin su vasito de vino.
De Guindos ha expresado también que la caída de la economía española es “crecimiento económico negativo”. En lugar de llamar “decrecimiento” al ritmo negativo de la economía estatal, neutralizan “negativo” con “crecimiento” y el resultado es un lenguaje al servicio de los “expertos de reconocido prestigio”, que abren la puerta de las pensiones públicas a las mismas empresas que han provocado esta crisis ideológica.
Su lenguaje canallesco tiene que ser desmontado antes de que ellos y los suyos anuncien el fin de su crisis económica, que no se decretará hasta que no nos hayan indexizado del todo. O sea, hasta que no nos hayan empobrecido en el lenguaje que hablan todos los Anicetos y Anicetas del mundo.
Si lo desea, puede compartir este contenido: Los que hablan de “sentido común” o de la inexistencia de las ideologías tienen intereses, en el más sucio y peligroso sentido de su significado. En democracia, el diálogo entre diferentes ideologías es sano. Es en las dictaduras donde funciona el “sentido común”, por no tener cabida otros sentidos comunes que el del caudillo.
Por eso, porque la economía es el ámbito de la acción política más ideológica que existe, la derecha europea ha buscado nombres neutros o recursos literarios tan hermosos como el oxímoron para ocultar su ideología de vencedores y perdedores de su modelo económico.
Sus fundaciones de estudios invierten grandes cantidades de recursos económicos y humanos en investigar cómo ganar la hegemonía cultural y política a través del lenguaje. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, no ha tenido ningún empacho en afirmar que las cuentas públicas tienen un “marcado carácter social” cuando presentó los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.
Todos entendemos por “social” la protección de las personas más débiles y el fortalecimiento de las estructuras estatales que favorecen la igualdad: pensiones, sanidad, educación, atención a la dependencia, prestaciones por desempleo o políticas de discriminación positiva para derribar los obstáculos de la desigualdad.
A Montoro no le falta razón. Los Presupuestos Generales del Estado están hechos para proteger socialmente a la troika, a los bancos y a los delincuentes fiscales. Cada ideología tiene una prioridad. Y lo suyos, los de Montoro, no somos nosotros, sino ellos: los bancos, la troika y las multinacionales que tributan en paraísos fiscales. De ahí que a perdonar los delitos fiscales del crimen internacional le llamen “amnistía fiscal”.
La “Ley de Indexización” ha sido la culpable de que se trabuque, delante de los periodistas, el ministro de Economía, Luis de Guindos. Pero el esfuerzo verbal tiene su recompensa. A lo que el ministro llama “indexizar” no es más que a la pérdida de poder adquisitivo –empobrecimiento- de los trabajadores y pensionistas.
Ya imagino a los abuelos, en los Hogares del Pensionista, intercambiando impresiones sobre la indexización de sus pagas. “Yo, Aniceto, este año estoy más tieso que el anterior, me han indexizado la pensión”, se dirán entre ellos mientras echan una partidita a la brisca sin su vasito de vino.
De Guindos ha expresado también que la caída de la economía española es “crecimiento económico negativo”. En lugar de llamar “decrecimiento” al ritmo negativo de la economía estatal, neutralizan “negativo” con “crecimiento” y el resultado es un lenguaje al servicio de los “expertos de reconocido prestigio”, que abren la puerta de las pensiones públicas a las mismas empresas que han provocado esta crisis ideológica.
Su lenguaje canallesco tiene que ser desmontado antes de que ellos y los suyos anuncien el fin de su crisis económica, que no se decretará hasta que no nos hayan indexizado del todo. O sea, hasta que no nos hayan empobrecido en el lenguaje que hablan todos los Anicetos y Anicetas del mundo.
RAÚL SOLÍS
