La decisión está tomada. Para 2014, los trabajadores del sector público verán congelados nuevamente sus salarios, incrementándose con ello la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos, ya de por sí en muchos casos bajos, si tenemos en cuenta, entre otras cosas, los nuevos tipos de contratación a tiempo parcial.
No dudo que con la medida se seguirá aligerando la carga salarial del sector público, consiguiéndose con ello reducir el déficit de las diferentes administraciones. Sin embargo, mucho me temo que a tan continuadas congelaciones les sigan, por simple lógica, congelaciones también de la actividad laboral, con lo que ello represente en detrimento de la calidad de los servicios públicos que se brinden.
Ya lo han reconocido administraciones autonómicas y la central, en el sentido de que todo este tipo de recortes han de afectar, como de hecho están afectando, a los servicios que se prestan a la población. No son, por tanto, y quede bien claro, los funcionarios públicos responsables de las deficiencias en los servicios que pudieran observarse, sino que son las administraciones, los partidos políticos que las gobiernan, quienes deben asumir tal responsabilidad por la nefasta gestión que hasta el momento actual –y mucho me temo que en el futuro- se viene haciendo de los recursos humanos y materiales de los que han dispuesto.
¿Que hay trabajadores públicos que no han hecho honor al salario que percibían? Por supuesto que sí, pero correspondía a las administraciones la responsabilidad de detectarlos y prescindir de ellos.
Lo que resulta de todo punto inadmisible es que por generar una administración mastodóntica, ineficiente y sobre dimensionada territorialmente por la nefasta distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, se aplique ahora la fórmula del café para todos, sometiendo a quienes desempeñan su función con ejemplaridad y han accedido a ella después de una larga formación académica o profesional –ligándose con exclusividad a la misma en muchos casos- a un trato injusto, sustentado desde distintos sectores sobre el demagógico argumento de que hay cinco millones de parados.
Cinco millones de parados que no pueden colgarse sobre las espaldas del funcionariado, sino que deben ser las mochilas de tanto y tanto irresponsable político quienes los deben acoger, encontrando solución laboral a todos y cada uno de ellos.
Resulta evidente que el Estado del bienestar peligra, como ya lo afirmaba el nuevo Rey de Holanda hace unos días, y lo hace porque demasiado sinvergüenza, en la empresa privada y en la Administración, le ha chupado hasta la última gota de sangre dejándolo exhausto.
Es a otros a quienes les corresponde realizar el esfuerzo que se le pide a los funcionarios. A quienes esconden sus beneficios en paraísos fiscales después de declarar en suspensión de pagos a sus empresas; a quienes desviaron los fondos de los ERE a bolsillos de los amiguetes o incluso a centrales sindicales; a quienes, como Bárcenas, se enriquecieron ilícitamente, quién sabe si con la connivencia de miembros de su partido; a aquellos que hicieron del urbanismo público un nido de carroñeros; a quienes colocaban a dedo a sus próximos familiar o ideológicamente. Y así, hasta un larguísimo etcétera.
Esos son quienes deben soportar la carga civil y penal del expolio cometido en España y no un eficiente funcionario que enseña, dicta justicia, cura o barre a diario nuestras calles. Se congelará, de seguro, la calidad de los servicios públicos y, sumado a otros recortes, mucho me temo que seguirá bajando. Mientras, los políticos, se ufanarán de que se reduce el déficit público.
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Ya lo han reconocido administraciones autonómicas y la central, en el sentido de que todo este tipo de recortes han de afectar, como de hecho están afectando, a los servicios que se prestan a la población. No son, por tanto, y quede bien claro, los funcionarios públicos responsables de las deficiencias en los servicios que pudieran observarse, sino que son las administraciones, los partidos políticos que las gobiernan, quienes deben asumir tal responsabilidad por la nefasta gestión que hasta el momento actual –y mucho me temo que en el futuro- se viene haciendo de los recursos humanos y materiales de los que han dispuesto.
¿Que hay trabajadores públicos que no han hecho honor al salario que percibían? Por supuesto que sí, pero correspondía a las administraciones la responsabilidad de detectarlos y prescindir de ellos.
Lo que resulta de todo punto inadmisible es que por generar una administración mastodóntica, ineficiente y sobre dimensionada territorialmente por la nefasta distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, se aplique ahora la fórmula del café para todos, sometiendo a quienes desempeñan su función con ejemplaridad y han accedido a ella después de una larga formación académica o profesional –ligándose con exclusividad a la misma en muchos casos- a un trato injusto, sustentado desde distintos sectores sobre el demagógico argumento de que hay cinco millones de parados.
Cinco millones de parados que no pueden colgarse sobre las espaldas del funcionariado, sino que deben ser las mochilas de tanto y tanto irresponsable político quienes los deben acoger, encontrando solución laboral a todos y cada uno de ellos.
Resulta evidente que el Estado del bienestar peligra, como ya lo afirmaba el nuevo Rey de Holanda hace unos días, y lo hace porque demasiado sinvergüenza, en la empresa privada y en la Administración, le ha chupado hasta la última gota de sangre dejándolo exhausto.
Es a otros a quienes les corresponde realizar el esfuerzo que se le pide a los funcionarios. A quienes esconden sus beneficios en paraísos fiscales después de declarar en suspensión de pagos a sus empresas; a quienes desviaron los fondos de los ERE a bolsillos de los amiguetes o incluso a centrales sindicales; a quienes, como Bárcenas, se enriquecieron ilícitamente, quién sabe si con la connivencia de miembros de su partido; a aquellos que hicieron del urbanismo público un nido de carroñeros; a quienes colocaban a dedo a sus próximos familiar o ideológicamente. Y así, hasta un larguísimo etcétera.
Esos son quienes deben soportar la carga civil y penal del expolio cometido en España y no un eficiente funcionario que enseña, dicta justicia, cura o barre a diario nuestras calles. Se congelará, de seguro, la calidad de los servicios públicos y, sumado a otros recortes, mucho me temo que seguirá bajando. Mientras, los políticos, se ufanarán de que se reduce el déficit público.
ENRIQUE BELLIDO
