En las últimas semanas se han adoptado importantes decisiones que afectan al sector de la energía eléctrica, tanto convencional como renovable, que inciden invariablemente en el bolsillo del consumidor. Y todas ellas apuntan a una sola dirección: satisfacer las pretensiones de un nunca reconocido lobby eléctrico nacional, formado por las grandes compañías generadoras de electricidad.
Así, por un lado, mientras el Gobierno decide dejar de primar la producción de electricidad generada a través de tecnologías renovables –como la fotovoltaica y la termosolar-, aplicando "peajes" (tasas) por el autoconsumo y uso de la red de distribución, además de suprimir las ayudas que incentivaban la instalación y explotación de este tipo de energía limpia, por otro lado pretende liquidar el "déficit de tarifa" (la diferencia entre el coste de producción y el precio que abonan los consumidores), cuyo importe lastra desde hace años a las eléctricas y causa una deuda millonaria al Estado, que es quien abona, con cargo a los Presupuestos, esa diferencia.
Parece incongruente que, en una situación de crisis como la que atravesamos, el Gobierno esté volcado en recaudar y recortar donde pueda y como pueda, también en el sector eléctrico, para lo cual ha ultimado otra “reforma” –esta vez energética- con la cual espera conseguir unos 4.000 millones de euros adicionales, que se destinarían a paliar parte de esa deuda tarifaria.
Se trata del Real Decreto-Ley que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha elaborado para modificar la retribución de las renovables y dejar de regular la distribución y el transporte de energía eléctrica.
Cuando se publique la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se habrá conseguido una mayor liberalización del sector que favorece a las grandes productoras en detrimento de las renovables y, en última instancia, perjudica al consumidor, a quien trasladan vía tarifas esta poco diáfana “reforma” energética.
Son, en cualquier caso, cambios importantes en el sistema energético nacional, si se considera que la energía es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del país, de cualquier país. Procurar garantizar las fuentes de producción constituye una prioridad estratégica, pues la generación o suministro de energía –vital para el latido de las naciones- está condicionado por los recursos, yacimientos o centros de transformación existentes en el territorio.
En España, la producción de energía eléctrica está en manos de muy pocos grupos, que actúan en régimen casi de monopolio. Son empresas que se reparten el territorio y las dos más importantes cuentan con cuantiosas inversiones de capital extranjero en su accionariado.
Todas, sin embargo, muestran un gran interés por conservar la posición de privilegio que disfrutan y aspiran a una "liberalización" (que, en teoría, favorece la libre competencia) pues, al no depender de un Estado que fije las tarifas y tener repartido el mercado, aumentarían enormemente sus beneficios, gracias al incremento automático del recibo de la luz.
La supuesta liberalización exigía la separación de las actividades de generación, transporte y distribución, pero éstas están integradas en sociedades que son filiales de la matriz productora. Es decir, se sigue manteniendo un monopolio de facto que no se erradica con estos planes liberalizadores. Antes al contrario, refuerzan su existencia en virtud de leyes y normas dictadas a su favor, como ésta que comentamos.
Porque estas empresas, en realidad, nunca han tenido pérdidas a la hora de generar electricidad, como ellas aducen y el Estado reconoce. El llamado “déficit de tarifa” es una deuda artificial (regulatoria, no económica) que nada tiene que ver con el coste real de producir energía, ya que este es inferior al que la regulación estima como tal.
Tanto es así que, hasta el pasado junio (antes incluso de que se aplique la reforma), los beneficios de las compañías Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP sumaron 4.225 millones de euros. Y ello en un contexto de crisis económica que arrincona a los consumidores contra la pared de la pobreza.
Resulta incongruente, por tanto, que sean los ciudadanos, los más afectados por la crisis, los que paguen unas supuestas deudas y desequilibrios del mercado energético, del que nada tienen que ver, como ya hicieron con la crisis de los bancos. Se repite la jugada y se vuelve a meter mano en el bolsillo de la ciudadanía para enjugar trapicheos de sectores muy poderosos y que cuentan con la connivencia del Gobierno de turno.
España es ya uno de los países europeos donde más caro es el recibo de la luz. Desde el inicio de la crisis (¿será casual esta relación temporal?), la luz ha acumulado una subida del 70 por ciento. Y en este mes de agosto se encarecerá otro 3,2 por ciento para amortizar esa supuesta deuda tarifaria con las empresas. Unas empresas que, durante 2012, doblaron prácticamente sus beneficios en comparación con sus equivalentes europeas: un 6,8 por ciento de media frente al 2,6 de las europeas.
Pero, siendo grave este afán recaudatorio del Gobierno, que favorece a poderosos intereses empresariales del sector de la energía convencional en detrimento de los ciudadanos, no es lo peor. Lo peor es que se obstaculiza, e incluso se penaliza, la inversión y el uso de energías alternativas que podrían, no sólo ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, sino también de situar a nuestro país exento de una dependencia energética a fuentes o recursos ajenos, e incluso posicionarlo como líder al frente de un modelo innovador de enorme capacidad en el inmediato futuro.
Sólo así se entiende que, a finales de enero, el ministro Soria suprimiera por decreto-ley las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables, aquellas a las que las empresas tradicionales acusan de competencia desleal. ¿Miedo a perder el monopolio?
La tecnología más perjudicada, y de la que España es líder mundial, es la termosolar, por su excelente ubicación geográfica para la exposición de la radiación del sol y por el fuerte impulso que la ingeniería nacional (Abengoa) está dedicando a esta tecnología, capaz de exportarla a terceros países donde valoran su “limpieza” e importancia.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las centrales solares acumulan el 41 por ciento de las primas al régimen especial y aportan el 10 por ciento de la energía vendida. En su conjunto, las renovables representan la primera alternativa a la energía convencional, delante de la nuclear. ¿No sería más lógico potenciarla?
Otras fuentes perjudicadas son la fotovoltaica, a la que se le impondrá un “peaje” de acceso a la red, y la eólica, que tendrá que hacerse cargo de pagar por el respaldo que recibe de los ciclos combinados cuando desciende su capacidad de producción.
Es verdad que hay que integrar a todas en el sistema energético nacional, pero sin favorecer unas sobre otras por intereses ajenos a su eficacia y rentabilidad. Y sin hacer cargar el peso de cualquier reforma sobre el contribuyente.
Toda la reforma actual se fundamenta en un afán meramente recaudatorio, que posibilita continuos incrementos para los consumidores, y en liquidar el déficit de tarifa mediante ingresos adicionales procedentes de la supresión de subvenciones y ayudas a las energías renovables, únicas con posibilidades de futuro.
Para su elaboración, el Gobierno sólo ha dialogado con las grandes compañías eléctricas, sin recabar la opinión de los consumidores, que serán una vez más los verdaderamente perjudicados. Se consumará así, si se aplica esta ley, otro timo en un sector que debería ser claro como la luz. ¿Cuántos van?
Si lo desea, puede compartir este contenido: Así, por un lado, mientras el Gobierno decide dejar de primar la producción de electricidad generada a través de tecnologías renovables –como la fotovoltaica y la termosolar-, aplicando "peajes" (tasas) por el autoconsumo y uso de la red de distribución, además de suprimir las ayudas que incentivaban la instalación y explotación de este tipo de energía limpia, por otro lado pretende liquidar el "déficit de tarifa" (la diferencia entre el coste de producción y el precio que abonan los consumidores), cuyo importe lastra desde hace años a las eléctricas y causa una deuda millonaria al Estado, que es quien abona, con cargo a los Presupuestos, esa diferencia.
Parece incongruente que, en una situación de crisis como la que atravesamos, el Gobierno esté volcado en recaudar y recortar donde pueda y como pueda, también en el sector eléctrico, para lo cual ha ultimado otra “reforma” –esta vez energética- con la cual espera conseguir unos 4.000 millones de euros adicionales, que se destinarían a paliar parte de esa deuda tarifaria.
Se trata del Real Decreto-Ley que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha elaborado para modificar la retribución de las renovables y dejar de regular la distribución y el transporte de energía eléctrica.
Cuando se publique la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se habrá conseguido una mayor liberalización del sector que favorece a las grandes productoras en detrimento de las renovables y, en última instancia, perjudica al consumidor, a quien trasladan vía tarifas esta poco diáfana “reforma” energética.
Son, en cualquier caso, cambios importantes en el sistema energético nacional, si se considera que la energía es fundamental para el desarrollo económico, social y cultural del país, de cualquier país. Procurar garantizar las fuentes de producción constituye una prioridad estratégica, pues la generación o suministro de energía –vital para el latido de las naciones- está condicionado por los recursos, yacimientos o centros de transformación existentes en el territorio.
En España, la producción de energía eléctrica está en manos de muy pocos grupos, que actúan en régimen casi de monopolio. Son empresas que se reparten el territorio y las dos más importantes cuentan con cuantiosas inversiones de capital extranjero en su accionariado.
Todas, sin embargo, muestran un gran interés por conservar la posición de privilegio que disfrutan y aspiran a una "liberalización" (que, en teoría, favorece la libre competencia) pues, al no depender de un Estado que fije las tarifas y tener repartido el mercado, aumentarían enormemente sus beneficios, gracias al incremento automático del recibo de la luz.
La supuesta liberalización exigía la separación de las actividades de generación, transporte y distribución, pero éstas están integradas en sociedades que son filiales de la matriz productora. Es decir, se sigue manteniendo un monopolio de facto que no se erradica con estos planes liberalizadores. Antes al contrario, refuerzan su existencia en virtud de leyes y normas dictadas a su favor, como ésta que comentamos.
Porque estas empresas, en realidad, nunca han tenido pérdidas a la hora de generar electricidad, como ellas aducen y el Estado reconoce. El llamado “déficit de tarifa” es una deuda artificial (regulatoria, no económica) que nada tiene que ver con el coste real de producir energía, ya que este es inferior al que la regulación estima como tal.
Tanto es así que, hasta el pasado junio (antes incluso de que se aplique la reforma), los beneficios de las compañías Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP sumaron 4.225 millones de euros. Y ello en un contexto de crisis económica que arrincona a los consumidores contra la pared de la pobreza.
Resulta incongruente, por tanto, que sean los ciudadanos, los más afectados por la crisis, los que paguen unas supuestas deudas y desequilibrios del mercado energético, del que nada tienen que ver, como ya hicieron con la crisis de los bancos. Se repite la jugada y se vuelve a meter mano en el bolsillo de la ciudadanía para enjugar trapicheos de sectores muy poderosos y que cuentan con la connivencia del Gobierno de turno.
España es ya uno de los países europeos donde más caro es el recibo de la luz. Desde el inicio de la crisis (¿será casual esta relación temporal?), la luz ha acumulado una subida del 70 por ciento. Y en este mes de agosto se encarecerá otro 3,2 por ciento para amortizar esa supuesta deuda tarifaria con las empresas. Unas empresas que, durante 2012, doblaron prácticamente sus beneficios en comparación con sus equivalentes europeas: un 6,8 por ciento de media frente al 2,6 de las europeas.
Pero, siendo grave este afán recaudatorio del Gobierno, que favorece a poderosos intereses empresariales del sector de la energía convencional en detrimento de los ciudadanos, no es lo peor. Lo peor es que se obstaculiza, e incluso se penaliza, la inversión y el uso de energías alternativas que podrían, no sólo ser sostenibles desde el punto de vista medioambiental, sino también de situar a nuestro país exento de una dependencia energética a fuentes o recursos ajenos, e incluso posicionarlo como líder al frente de un modelo innovador de enorme capacidad en el inmediato futuro.
Sólo así se entiende que, a finales de enero, el ministro Soria suprimiera por decreto-ley las primas a las nuevas instalaciones de energías renovables, aquellas a las que las empresas tradicionales acusan de competencia desleal. ¿Miedo a perder el monopolio?
La tecnología más perjudicada, y de la que España es líder mundial, es la termosolar, por su excelente ubicación geográfica para la exposición de la radiación del sol y por el fuerte impulso que la ingeniería nacional (Abengoa) está dedicando a esta tecnología, capaz de exportarla a terceros países donde valoran su “limpieza” e importancia.
Según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), las centrales solares acumulan el 41 por ciento de las primas al régimen especial y aportan el 10 por ciento de la energía vendida. En su conjunto, las renovables representan la primera alternativa a la energía convencional, delante de la nuclear. ¿No sería más lógico potenciarla?
Otras fuentes perjudicadas son la fotovoltaica, a la que se le impondrá un “peaje” de acceso a la red, y la eólica, que tendrá que hacerse cargo de pagar por el respaldo que recibe de los ciclos combinados cuando desciende su capacidad de producción.
Es verdad que hay que integrar a todas en el sistema energético nacional, pero sin favorecer unas sobre otras por intereses ajenos a su eficacia y rentabilidad. Y sin hacer cargar el peso de cualquier reforma sobre el contribuyente.
Toda la reforma actual se fundamenta en un afán meramente recaudatorio, que posibilita continuos incrementos para los consumidores, y en liquidar el déficit de tarifa mediante ingresos adicionales procedentes de la supresión de subvenciones y ayudas a las energías renovables, únicas con posibilidades de futuro.
Para su elaboración, el Gobierno sólo ha dialogado con las grandes compañías eléctricas, sin recabar la opinión de los consumidores, que serán una vez más los verdaderamente perjudicados. Se consumará así, si se aplica esta ley, otro timo en un sector que debería ser claro como la luz. ¿Cuántos van?
DANIEL GUERRERO
