El tiempo pasa sin que se asuman responsabilidades por la serie de negligencias que determinaron la suerte de los 62 militares españoles que perdieron la vida en el accidente del avión ucraniano Yakolev 42, estrellado contra las colinas de Trebisonda, el 26 de mayo de 2003, en Turquía. Se trataba de un vuelo contratado por el Ministerio de Defensa para trasladar a los soldados que regresaban de Afganistán tras servir en la misión que tenían encomendada por el Gobierno de España en aquel país asiático.
Una serie de circunstancias explica –que no justifica- el nefasto curso de los acontecimientos por los cuales una institución militar subordinada a directrices gubernamentales, como es el Estado Mayor de la Defensa, fleta un avión que no reunía las condiciones necesarias para el traslado de los soldados, es pilotado por una tripulación que tampoco, por lo que se ha conocido de la investigación, ofrecía mucha seguridad, al no respetar los descansos reglamentarios para realizar el vuelo en óptimas condiciones físicas, y al parecer no estaban instruidos para un aterrizaje, en condiciones de escasa visibilidad, en aquel aeropuerto turco.
Fatiga, inexperiencia y negligencia son las causas inmediatas que explican el despiste de los pilotos en la aproximación a pista, errar el rumbo y acabar estrellándose contra las montañas. Fue la mayor tragedia sufrida en misiones de paz por el ejército español.
Esa cadena lamentable de errores, que lleva a un organismo oficial a confiar en empresas que subcontratan los servicios solicitados sin las debidas garantías de seguridad, puede ser explicada –que no justificada- por rutinas burocráticas y la inexistencia de contratiempos (?) previos en el traslado de tropas efectuados por medios ajenos al propio ejército, sin duda mucho más económicos y prácticos, aunque según José Bono, sucesor de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, existían, al menos, 18 quejas sobre la seguridad de los vuelos contratados en este tipo de traslados.
En cualquier caso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que juzgó a la cúpula militar de entonces, sentenció que no había “responsabilidad penalmente relevante” y achacó el accidente a la “fatiga y la falta de preparación” de la tripulación.
Todavía hoy, unos días después de cumplirse el décimo aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas del Yak-42 han tenido que apelar a la Justicia de Alemania para conseguir las indemnizaciones a las que debe hacer frente, por un importe total de 6,2 millones de euros, la empresa Chapman Freeborn, intermediaria en la contratación del avión.
Pero lo más lamentable y vergonzoso de este accidente fue la chapuza llevada a cabo en la identificación de los cadáveres y las prisas por celebrar un funeral de Estado, con los féretros repatriados a España, para dar carpetazo al asunto.
Es lo más vergonzoso e infame, pues, tras las denuncias de los familiares de las víctimas, se comprueba la existencia de identificaciones falsas. Hay que esperar más de un año para que el Instituto Nacional de Toxicología certificase errores en 30 identificaciones, lo que daría lugar a un segundo proceso judicial que, en 2009, condena al general de Sanidad, Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico, Miguel Sáez, por las irregularidades forenses cometidas en esas identificaciones. Eso obligó a exhumar los cadáveres para que los familiares pudieran enterrar los restos verdaderos de sus seres queridos. Mayor infamia no cabe.
Sin embargo, a pesar de las irregularidades, negligencias y falsedades que concurren en este caso, ninguna autoridad civil ni militar ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido, ya que el general Navarro falleció sin cumplir condena y sus subordinados fueron indultados por el Gobierno, al considerar que obraron de buena fe, aunque hubieran sido condenados por complicidad en el falseamiento de identidades y ocultación de pruebas.
El pasado domingo, al cumplirse el décimo aniversario del fatídico accidente, los familiares celebraron un homenaje de recuerdo en Zaragoza, sin cejar en el empeño de exigir la asunción de responsabilidades y una justicia que creen que España les niega.
Ninguna autoridad acudió al acto en demostración de que, para los políticos que nos gobiernan, morir por tu país no es motivo suficiente para honrarte, sobre todo si la causa no es una bala enemiga, sino la mediocridad y la negligencia de los que te obligan a subirte a un féretro volante.
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Fatiga, inexperiencia y negligencia son las causas inmediatas que explican el despiste de los pilotos en la aproximación a pista, errar el rumbo y acabar estrellándose contra las montañas. Fue la mayor tragedia sufrida en misiones de paz por el ejército español.
Esa cadena lamentable de errores, que lleva a un organismo oficial a confiar en empresas que subcontratan los servicios solicitados sin las debidas garantías de seguridad, puede ser explicada –que no justificada- por rutinas burocráticas y la inexistencia de contratiempos (?) previos en el traslado de tropas efectuados por medios ajenos al propio ejército, sin duda mucho más económicos y prácticos, aunque según José Bono, sucesor de Federico Trillo en el Ministerio de Defensa, existían, al menos, 18 quejas sobre la seguridad de los vuelos contratados en este tipo de traslados.
En cualquier caso, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que juzgó a la cúpula militar de entonces, sentenció que no había “responsabilidad penalmente relevante” y achacó el accidente a la “fatiga y la falta de preparación” de la tripulación.
Todavía hoy, unos días después de cumplirse el décimo aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas del Yak-42 han tenido que apelar a la Justicia de Alemania para conseguir las indemnizaciones a las que debe hacer frente, por un importe total de 6,2 millones de euros, la empresa Chapman Freeborn, intermediaria en la contratación del avión.
Pero lo más lamentable y vergonzoso de este accidente fue la chapuza llevada a cabo en la identificación de los cadáveres y las prisas por celebrar un funeral de Estado, con los féretros repatriados a España, para dar carpetazo al asunto.
Es lo más vergonzoso e infame, pues, tras las denuncias de los familiares de las víctimas, se comprueba la existencia de identificaciones falsas. Hay que esperar más de un año para que el Instituto Nacional de Toxicología certificase errores en 30 identificaciones, lo que daría lugar a un segundo proceso judicial que, en 2009, condena al general de Sanidad, Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico, Miguel Sáez, por las irregularidades forenses cometidas en esas identificaciones. Eso obligó a exhumar los cadáveres para que los familiares pudieran enterrar los restos verdaderos de sus seres queridos. Mayor infamia no cabe.
Sin embargo, a pesar de las irregularidades, negligencias y falsedades que concurren en este caso, ninguna autoridad civil ni militar ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido, ya que el general Navarro falleció sin cumplir condena y sus subordinados fueron indultados por el Gobierno, al considerar que obraron de buena fe, aunque hubieran sido condenados por complicidad en el falseamiento de identidades y ocultación de pruebas.
El pasado domingo, al cumplirse el décimo aniversario del fatídico accidente, los familiares celebraron un homenaje de recuerdo en Zaragoza, sin cejar en el empeño de exigir la asunción de responsabilidades y una justicia que creen que España les niega.
Ninguna autoridad acudió al acto en demostración de que, para los políticos que nos gobiernan, morir por tu país no es motivo suficiente para honrarte, sobre todo si la causa no es una bala enemiga, sino la mediocridad y la negligencia de los que te obligan a subirte a un féretro volante.
DANIEL GUERRERO
