Dos Hermanas Diario Digital se hace eco en su Buzón del Lector de un artículo remitido por María del Carmen Espada, vicesecretaría local y secretaria provincial de vivienda y ordenación del territorio del Partido Popular en Dos Hermanas, en el que analiza el sentido y repercursiones del nuevo decreto ley de la Junta de Andalucía para frenar los desahucios. Si desea participar en esta sección, puede enviar un e-mail a doshermanasdiariodigital@gmail.com exponiendo su queja, comentario o sugerencia. Si lo desea, puede acompañarla también de alguna fotografía.
El Decreto aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios dice ampararse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, es decir, se fundamenta en garantizar el derecho a la vivienda.
Jurídicamente es absurdo ampararse en una Ley de casi 60 años: Ley de expropiación forzosa. Una ley que establece que la expropiación temporal o permanente de un bien como es la vivienda, es constitucional solo cuando se hace a través de indemnización. ¿Quiere eso decir que se va a indemnizar a las entidades a las que se expropie?
No es entendible la razón de ser de este nuevo Decreto cuando el Gobierno Central ya fue el primero en frenar los desahucios a través de un Real Decreto-Ley.
Son 200 familias andaluzas las que hoy se encuentran en situación de desahucio. Un desahucio que ha sobrevenido de tiempo atrás: del gobierno del señor Zapatero. Los desahucios no se inician en dos días, sino que lleva detrás un largo procedimiento. Importante en este sentido es hablar de la celeridad que haya podido darse en ciertos casos, celeridad que también provocó el anterior gobierno con la figura del desahucio exprés. 370.000 familias desahuciadas en ese período de tiempo.
¿Acaso entonces no les ocupaba esa función social de la vivienda de que tanto hablan? ¿Por qué ahora reiteran “si se quiere, se puede”? ¿Por qué entonces cuando podían, no lo hicieron? ¿Acaso hay que entender que no querían? No vale la demagogia, no le sirve al ciudadano.
Dos legislaturas en el poder y no han cambiado nada. ¿Dónde han estado mientras su gobierno desahuciaba? No deben olvidar que el ciudadano no quiere una vivienda en préstamo por un tiempo, quiere un trabajo que le permita conseguirla con su esfuerzo. Un trabajo que en Andalucía demandan casi 1.500.000 de personas a cierre de 2012.
Lo más significativo es que la propia Junta habla de expropiar a entidades bancarias e inmobiliarias. ¿Y las viviendas que tiene la propia Junta? ¿No es cierto que la Junta de Andalucía tiene el mayor parque urbanístico? Suena a “Justicia señor, pero en mi casa no”
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El Decreto aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios dice ampararse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, es decir, se fundamenta en garantizar el derecho a la vivienda.
Jurídicamente es absurdo ampararse en una Ley de casi 60 años: Ley de expropiación forzosa. Una ley que establece que la expropiación temporal o permanente de un bien como es la vivienda, es constitucional solo cuando se hace a través de indemnización. ¿Quiere eso decir que se va a indemnizar a las entidades a las que se expropie?
No es entendible la razón de ser de este nuevo Decreto cuando el Gobierno Central ya fue el primero en frenar los desahucios a través de un Real Decreto-Ley.
Son 200 familias andaluzas las que hoy se encuentran en situación de desahucio. Un desahucio que ha sobrevenido de tiempo atrás: del gobierno del señor Zapatero. Los desahucios no se inician en dos días, sino que lleva detrás un largo procedimiento. Importante en este sentido es hablar de la celeridad que haya podido darse en ciertos casos, celeridad que también provocó el anterior gobierno con la figura del desahucio exprés. 370.000 familias desahuciadas en ese período de tiempo.
¿Acaso entonces no les ocupaba esa función social de la vivienda de que tanto hablan? ¿Por qué ahora reiteran “si se quiere, se puede”? ¿Por qué entonces cuando podían, no lo hicieron? ¿Acaso hay que entender que no querían? No vale la demagogia, no le sirve al ciudadano.
Dos legislaturas en el poder y no han cambiado nada. ¿Dónde han estado mientras su gobierno desahuciaba? No deben olvidar que el ciudadano no quiere una vivienda en préstamo por un tiempo, quiere un trabajo que le permita conseguirla con su esfuerzo. Un trabajo que en Andalucía demandan casi 1.500.000 de personas a cierre de 2012.
Lo más significativo es que la propia Junta habla de expropiar a entidades bancarias e inmobiliarias. ¿Y las viviendas que tiene la propia Junta? ¿No es cierto que la Junta de Andalucía tiene el mayor parque urbanístico? Suena a “Justicia señor, pero en mi casa no”
MARÍA DEL CARMEN ESPADA
